Categoría: Andalucía
10 Septiembre 2006
congreso Los grupos parlamentarios presentan 285 enmiendas a la reforma del Estatuto andaluz
06/09/2006 - 13:32
Redacción GD
http://www.granadadigital.com/pages/amplia.php?id=34746&parte=Andalucía
Los grupos políticos han presentado en el Congreso de los Diputados un total de 285 enmiendas a la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, registrado por la presidenta del Parlamento andaluz ante las Cortes Generales el pasado mes de mayo. Así el PSOE registró 10 escritos de enmienda, el PP planteó 116 e Izquierda Unida 40. Por su parte, el Partido Andalucista, que no tiene representación en el Congreso, ha presentado a través del grupo del PNV, otras 119 propuestas de modificación.
El grupo socialista propone mantener en el Estatuto andaluz durante la tramitación parlamentaria el reconocimiento de "la realidad nacional de Andalucía como una nacionalidad", pero agregando una alusión al marco de la "unidad de la nación española", para adecuarlo mejor al artículo 2 de la Constitución.
Las enmiendas del PSOE introducen cambios en otros dos asuntos claves al circunscribir la competencia andaluza sobre el Guadalquivir a "las aguas que transcurran por su territorio y no afecten a otra comunidad autónoma" y al establecer un periodo de siete años en el que las inversiones del Estado en Andalucía deben equivaler al peso de su población sobre el total de la española. También modifica en el texto original la referencia temporal de seis meses para fijar la cuantía de la denominada 'deuda histórica', recogida en la Disposición Adicional segunda del actual Estatuto, y renuncia a que la Comunidad asuma competencias por la vía del artículo 150.2.
En sus enmiendas, el PP aboga por la denominación de Andalucía como "nacionalidad histórica" y solicita una inversión de 4.500 millones de euros por el Estado en los próximos siete años "para compensar el incremento de la población y el todavía existente déficit de infraestructuras".
Además, los populares plantean identificar Andalucía, en el preámbulo del nuevo Estatuto, como "una nacionalidad histórica en el marco de la unidad indisoluble de la nación española, patria común indivisible de todos los españoles". Sobre la gestión de la Cuenca del Guadalquivir, el PP pide que la asunción de la competencia por la Junta de Andalucía se efectúe con arreglo a la legislación del Estado.
El grupo parlamentario de IU-ICV, por su parte, abogará en el debate sobre el nuevo Estatuto andaluz por reforzar la identidad de Andalucía mediante su reconocimiento como "nación" y por la implantación del laicismo en la educación pública. IU pide, además, la inclusión de una disposición transitoria que prohíba la renovación del Convenio de Amistad y Cooperación entre España y Estados Unidos, sobre todo "en lo que hace referencia a la utilización del territorio andaluz para uso militar", como es el caso de las bases de Rota y Morón.
Por último, el Partido Andalucista (PA) pide una aportación extraordinaria de 4.000 millones para cubrir el déficit en infraestructuras en la comunidad autónoma.
Confianza en alcanzar el consenso
Por su parte, el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, expresó su confianza en poder ampliar el consenso político con el PP y el PA sobre la reforma del Estatuto de Autonomía durante el trámite parlamentario que seguirá el texto. Zarrías indicó que ve "más cercano y posible el consenso" con estas fuerzas políticas, aunque admitió que "existen dificultades".
"La financiación, el autogobierno y las competencias están en el texto al máximo de lo que permite la Constitución Española. En ese lenguaje vamos a coincidir sin inconvenientes", añadió.
Zarrías subrayó que desde el Gobierno andaluz se va a hacer todo lo posible por llegar a un acuerdo. "Es el momento de la generosidad, del rigor político y de la ambición autonómica. Tendemos la mano de nuevo -a popular y andalucistas-, porque queremos un Estatuto con el máximo consenso", apuntó.
El trámite
Una vez concluido el plazo de presentación de enmiendas a la reforma del Estatuto por parte de los grupos parlamentarios, el martes 5 de septiembre, se reunirán -previsiblemente entre el 11 y el 15 de septiembre- la Comisión Constitucional y la Ponencia mixta para su debate y posterior aprobación. La proposición de reforma, que ya aprobó el Parlamento autonómico en el mes de mayo, seguirá en las Cortes Generales el mismo trámite que el Estatut de Cataluña. Así, el número de diputados de cada Cámara que participen en la Comisión Constitucional y en la Ponencia será de 39 y 11, respectivamente.
Al ser Andalucía una comunidad de las consideradas 'históricas', que se rigen por el artículo 151.2 de la Constitución, todo el proceso de discusión de enmiendas ha de hacerse conjuntamente entre diputados del Congreso y la Asamblea proponente, en este caso el Parlamento andaluz.
Las enmiendas registradas por los grupos se debatirán en la Comisión Constitucional, presidida por el socialista Alfonso Guerra, y la Ponencia creada en su seno hasta cerrar un dictamen, donde, en el plazo de dos meses, serán votadas por cada una de las dos delegaciones.
La Comisión Constitucional del Congreso tendrá que dar participación a una delegación del Parlamento autonómico de igual número de diputados. Sin embargo, se da la circunstancia de que este órgano de la Cámara Baja cuenta con 39 diputados, mientras que su equivalente en el Parlamento autonómico, la Comisión de Desarrollo Estatutario, dispone sólo de 20, por lo que habrá que decidir el número de la delegación de cada legislativo.
La solución previsible es que, para evitar recortes en la representación de algunos grupos, se opte por una comisión 'paritaria' de 39 integrantes de cada Cámara. Este órgano tendrá la misión de constituir la Ponencia, que también estará compuesta por diputados de ambas instituciones en la misma proporción. La cifra que se baraja es la de 11 diputados por Cámara.
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31 Mayo 2006
El nuevo Estatuto de Andalucía pretende imponer la ideología de género a todos los andaluces
Lunes 29 de mayo | Participación ciudadana
El nuevo texto pretende imponer a todos los andaluces y promover con dinero público las tesis de la "ideología de género" que sostiene la izquierda radical y que ha asumido plenamente la actual cúpula del PSOE. El nuevo texto excede además sus competencias, al proclamar derechos inexistentes, cuando la función de un Estatuto es regular derechos, no proclamar derechos nuevos. Muestra tu rechazo a esta imposición antidemocrática.
http://www.hazteoir.org/modules.php?name=Noticias&file=article&sid=2400
El artículo 35 del proyecto de reforma del Estatuto de Andalucía afirma que "toda persona tiene derecho a que se respete su orientación sexual y su identidad de género. Los poderes públicos promoverán políticas para garantizar el ejercicio de ese derecho". Por una parte, el nuevo texto roza la inconstitucionalidad al modificar las normas establecidas en nuestra Carta Magna, que en su artículo 14 dice que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
No contento con esto, el art. 35 del nuevo Estatuto no se limita a imponer a los poderes públicos el deber de garantizar el ejercicio de este derecho recién inventado, sino que les obliga a promoverlo activamente. Esto da lugar a una clara intromisión en la intimidad de las personas y quiebra el principio de neutralidad política de las administraciones públicas, imponiendo a todos los ciudadanos unas tesis ideológicas que no compartimos ni asumimos millones de españoles, vulnerando también de esta forma el artículo 16 de la Constitución, que garantiza el derecho a la libertad ideológica y de conciencia.
La ideología de género propugna que el género es una construcción cultural, que los hombres y las mujeres no sienten atracción por personas del sexo opuesto por naturaleza, sino más bien por un condicionamiento de la sociedad. Así, el deseo sexual puede dirigirse a cualquiera.
Esta teoría se basa en una interpretación neo-marxista de la historia, que plantea la lucha de clases entre el sexo masculino y femenino y la "deconstrucción" de la familia, el matrimonio, la maternidad, y la feminidad para que el mundo pueda ser libre. La "nueva perspectiva" tiene como objeto propulsar la agenda homosexual/lesbiana/bisexual/transexual, y no los intereses de las mujeres y hombres comunes y corrientes.
La pretendida creación de este "derecho” resulta extremadamente perturbadora para el Bien común en general y para los matrimonios, las familias y las personas en particular, y deja, por su mismo carácter de construcción cultural, la puerta abierta a fenómenos y situaciones que podrían llegar a ser devastadores, como la poligamia, la bestialidad, el incesto o la pederastia. Escribe a los miembros de la Comisión Constitucional en el Congreso, encargados de elaborar las enmiendas al proyecto de Ley del Estatuto de Andalucía, para pedirles que reconsideren el contenido del artículo 35 del proyecto de reforma del Estatuto andaluz.
Envía tú carta a:
Miembros de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados
Portavoces de los Grupos Parlamentarios Andaluces
en
http://www.hazteoir.org/modules.php?name=Noticias&file=article&sid=2400
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31 Mayo 2006
El programa social-laicista contra la enseñanza de la Religión
Diego Quiñones Estévez
Profesor de Religión y Moral Católica
http://www.analisisdigital.com/Noticias/Noticia.asp?id=12196&idNodo=-5
Nuestra escasa y ahora debilitada democracia constitucional se ha caracterizado por una constante política socialista de menosprecio a la mayoría sociológica y religiosa que representan los cristianos católicos. Y ello, en todos los ámbitos de nuestra vida política, pero de forma prioritaria en el de la educación, donde el único objetivo político ha sido aplicar el programa del partido, el programa de una partitocracia laicista contra la libertad de educación. Ningún programa político puede estar en contra de los derechos y deberes de la Constitución Española (1978) ni de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948).
El programa socialista se ha aplicado contra la libertad de educación de los cristianos católicos, ya que la enseñanza de la Religión ha sido devaluada a medida que han ido ocupando las instituciones democráticas los diversos gobiernos socialistas en el poder.
Por más que las sentencias de los máximos tribunales de justicia del Estado siempre han reconocido que la enseñanza de la Religión es una asignatura fundamental y por tanto ha de estar en igualdad de condiciones académicas y pedagógicas que las demás materias, el programa del partido de los gobiernos socialistas nunca las ha respetado, jamás las ha cumplido. Al parecer, el programa social-laicista está por encima de la justicia democrática y constitucional, está por encima de los Derechos Humanos fundamentales, como es el de la libertad de educación religiosa y moral de las familias, sean cuales sean sus convicciones y creencias. Esto se ha convertido como en una tara neomarxista más de los mal contados 100 años de presencia de la ideología socialista en España, durante los cuales nunca las izquierdas han reconocido la labor multisecular de la Religión Católica en la Historia de España y Universal. De ahí, que no cumplan el Acuerdo Internacional con la Santa Sede y el Estado Español sobre Enseñanza y Asuntos Culturales, que se hicieron en 1979 según la Constitución Española (1978).
El programa social-laicista ha ido asfixiando lentamente a la asignatura de Religión y a la labor docente de sus profesores, a los que, de forma oculta y maquiavélica, se les ha ido despojando de sus derechos y deberes como trabajadores de la enseñanza, hasta tal punto de que no han podido ejercer su trabajo con la misma dignidad y consideración social que los demás profesores. Junto a la asignatura, se les ha arrinconado en los centros públicos, negándoles el pan y la sal, impidiéndoles formar parte de los órganos de coordinación didáctica y pedagógica, ser tutores y desempeñar la jefatura de departamento tan necesaria para programar e impartir en condiciones la asignatura. En fin, se les ha acusado falsamente diciendo que dan catequesis, cuando en nuestro Estado aconfesional, que no laico, los profesores de Religión no imparten ningún catecismo. La catequesis se da en las parroquias. La Iglesia y los profesores de Religión, desde siempre, han tenido muy claro que en las aulas se evalúa el proceso de aprendizaje de los alumnos, teniendo en cuenta los conceptos, los procedimientos y las actitudes de la Teología, que es un conocimiento científico más que contribuye a la educación integral de los educandos. La fe no se evalúa, esto corresponde a la catequesis que se imparte en las parroquias a las personas que se inician o quieren madurar en la fe y la vida cristiana. De ello deberían haber tomado buena nota los ideócratas que han programado la LOE sin consenso, porque quieren que los alumnos sean evaluados en la ideología en el poder por medio del área obligatoria de Educación para la Ciudadanía; es decir, no evaluarlos en los valores democráticos y constitucionales que ya están de modo transversal en todas las áreas educativas, sino examinarlos de los contravalores totalitarios del laicismo y del pansexualismo de la ideología de género.
Y ahora con la LOE quieren imponer otro recorte más, que se añade a los muchos que durante años y años se han venido haciendo contra la asignatura de Religión, para que se hunda todavía más, sin que se note. Y ese nuevo recorte consiste en que seguirá siendo evaluable, pero sin el peso académico, científico y pedagógico que requiere toda asignatura, ya que no será computable para la promoción de curso ni para la nota media para el acceso a la Universidad. Es decir, quieren dejarla en la nada, como eran las actividades alternativas sin rigor no evaluables en la LOGSE.
Con la LOE, aumenta el desprecio hacia la mayoría de los alumnos y padres que eligen voluntariamente la Religión Católica, y también hacia la minoría de alumnos y padres que eligen las religiones judía e islámica y la confesión evangélica.
Y no será porque no tengan la solución al alcance de la mano: se les ha ofrecido quitar la obligatoria, estatalista e intervencionista área de Educación para la Ciudadanía y crear un área común de valores básicos constitucionales y democráticos, que tendría tres opciones a elegir por los alumnos y padres: la opción voluntaria de Religión confesional (católica, judía, islámica, la confesión evangélica y otras futuras religiones y confesiones) y la opción aconfesional voluntaria de Cultura Religiosa en sus diversas manifestaciones; y para los alumnos y padres que no opten por las anteriores, tendrían una educación en los valores básicos de convivencia constitucional y democrática. Todas estas opciones pluralistas serían evaluables y computables; es decir, tendrían el valor académico que requiere toda asignatura que se quiera dar con rigor y seriedad para beneficio de todos los alumnos. De este modo también saldrían dignificados y reconocidos en su quehacer docente los profesores de Religión, que, si son católicos, deberían moverse en el marco, al igual que la situación de la asignatura, del Acuerdo Internacional entre la Santa Sede y el Estado Español, de la Constitución Española y del Estatuto de los Trabajadores.
El partido socialista en el gobierno tiene otra oportunidad histórica para no volver a cometer los mismos errores con la enseñanza religiosa. Los Reales Decretos de Desarrollo de la LOE y las negociaciones entre la Iglesia Católica y el gobierno actual deberían resolver esta cuestión, porque las generaciones actuales y las futuras han de ser educadas en la pluralidad y la libertad, en la convivencia democrática y constitucional entre creyentes y no creyentes.
Mientras en Europa se incentiva y protege el hecho religioso en la enseñanza, porque forma parte de la educación integral de las personas, aquí se nos quiere imponer un programa social-laicista de partido que sigue anclado en la misma mentalidad trasnochada del laicismo antirreligioso, que en las democracias constitucionales del siglo XXI ya es un cadáver enterrado para siempre porque hiede a totalitarismo y despotismo.
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31 Mayo 2006
Chusca venganza de la Junta de Andalucía
J. Cabeza de Vaca
http://www.analisisdigital.com/Noticias/Noticia.asp?id=12278&idNodo=-5
La Junta de Andalucía ha ordenado a un colegio de Baeza, Jaén, la retirada de todos los crucifijos de un colegio. La circular que hizo pública el centro explica que se contempla una excepción: “la clase de Religión”, y añade con sorna: “mientras ésta todavía exista”.
La cosa no acaba ahí, sino que la Junta prohíbe la celebración de cualquier tipo de actividad extraescolar relacionada con la Religión. Adiós belenes. Y ya veremos si la cosa sigue adelante y empezamos con la Semana Santa...
No parece casual que esta decisión llegue inmediatamente después de la Nota de los obispos andaluces en la que se critican ciertos aspectos del proyecto de reforma del Estatuto andaluz. Pero esta actitud de la Junta, que merece los peores calificativos, no puede hacernos perder de vista que éste no es en absoluto un hecho aislado, y no sólo –ni hasta ahora principalmente- en España.
Un progenitor A o B se siente ofendido en su sensibilidad porque sus hijos van a una escuela pública ¡donde hay crucifijos! Este señor/a A o señor/a B critica que se expongan en el espacio público, que es de todos, símbolos de una fe que, en su opinión y la de muchos, deben quedar relegados al ámbito de lo privado. Las ideas anticatólicas de esta persona, por el contrario, sí deben merecer todo el amparo de la Administración Pública, aunque sea a cambio de recortar derechos a los católicos.
El meollo del debate está en el artículo 16.3 de la Constitución: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal”, que es en lo que se ampara la corriente de opinión laicista. Se olvida, sin embargo, que este artículo añade de inmediato: “Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española”. En este caso, lo que se ha tenido en cuenta son los prejuicios anticatólicos de un progenitor, que tendrá sin duda a otros padres de su lado, pero también a muchos otros en contra.
La aconfesionalidad del Estado, que tuvo en España su principal valedor en la Iglesia, se refiere a la no imposición de un credo –o una ideología, ojo- a los ciudadanos. Pero una lectura torticera pretende transmutar su significado en belicosidad hacia cualquier manifestación religiosa, o mejor dicho católica.
Es inevitable que la educación esté impregnada de una visión del mundo. La católica, además, proclama su universalidad. Y refútelo quien pueda, pero sepa que su pretensión de que todas las culturas y religiones son relativas será también universal. ¿Aceptamos entonces una cosmovisión sí y otra no en la escuela pública?
La educación es un terreno muy sensible en el que se reflejan los ataques contra la libertad religiosa de una ideología con pretensiones totalitarias. Varios altos cargos del Gobierno y del Partido Socialista encabezaron la última manifestación del Orgullo Gay junto a pancartas y manifestaciones absolutamente ofensivas hacia Cristo y hacia la Iglesia. No pasó nada. La libertad se antepuso al derecho al honor y a la propia imagen. ¿Pero qué hubiera sucedido si los millones de personas que salieron a las calles en defensa del matrimonio hubieran actuado recíprocamente?
La pregunta no es retórica. Estados Unidos, que suele marcar las tendencias de futuro del mundo entero, ha iniciado una peligrosa senda de recortes en la libertad religiosa, tal como expone un reciente artículo en The Weekly Standard. Un bibliotecario ha sido denunciado por recomendar un libro pro familia escrito por un senador, que, por lo visto, hirió la sensibilidad de algunos profesores. Y, como publicó en su día Análisis Digital, varias personas han sido despedidas de sus empresas por oponerse al llamado “matrimonio homosexual”. Varios expertos prevén que el tratamiento que merecerá la oposición a esas uniones será similar al que deparan hoy la sociedad y las leyes norteamericanas a las manifestaciones de racismo.
El panorama parece sombrío. Pero no debemos ser tremendistas. Tiempos ha habido mucho más difíciles. La Junta de Andalucía, que gustosamente daría por muerta la Religión (“…mientras ésta todavía exista”), debería recordar que eso dijeron otros no hace 10 ni 15 ni 50 años, sino –así, a ojo- 1.970 años.
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25 Mayo 2006
Estatuto contra Andalucía
24-V-2006
Un Estatuto contra Andalucía
EDITORIAL
http://www.libertaddigital.com/./opiniones/opi_desa_31642.html
Aunque el texto sea una chusca imitación del Estatuto catalán, a los andaluces no se les va a dejar decidir. (...) Serán una "realidad nacional" a la fuerza y por aclamación unánime de la izquierda toda.
El presuntamente reformado Estatuto de Andalucía comenzó ayer su trámite parlamentario con el debate de toma de consideración del mismo en la cámara baja. Decimos presuntamente reformado porque lo que el PSOE y su socio comunista llevaron ayer a la carrera de San Jerónimo no fue una reforma sino un Estatuto de nuevo cuño. Un texto que, consensuado primero con todos los grupos políticos, fue modificado deprisa y corriendo para adaptarlo al peculiar momento nacionalista que vive el partido de Zapatero.
En sólo 24 horas más de 100 enmiendas fueron añadidas o, mejor dicho, calcadas del Estatuto catalán para ponerlo al gusto del presidente. No se olvidaron de ninguno de los clásicos del tristemente célebre Estatut. En el mismo preámbulo se especifican los derechos y deberes, como si éstos fuesen o pudiesen ser distintos de los que consagra la Constitución. Se arrebata al Gobierno central un buen ramillete de competencias que le son propias al tiempo que otras, las autonómicas, se blindan al modo y manera catalanas. En lo relativo a legislación, el Estatuto se autoarroga la potestad de limitar la capacidad legislativa del Estado.
El remate final es la definición de Andalucía como "realidad nacional", abstrusa invención socialista que, a día de hoy, nadie ha conseguido definir, pero que viene a ser lo mismo que la nación catalana de Maragall y Carod Rovira consagrada en el Estatuto de la discordia. Como es obvio, nadie en Andalucía ha reclamado la condición de nación, pero eso a socialistas y comunistas les trae al fresco. Ninguno de los dos pretende convencer sino, muy en la línea de la izquierda eterna, imponer su criterio demonizando, ya de paso, al que se opone a ellos.
El Estatuto de Andalucía no es más que un parche de última hora para tapar el fiasco catalán, y lo hace con otro fiasco. El documento que ayer debutó en el Congreso sólo trae el apoyo del 60% de la cámara autonómica, es decir, una mayoría ciertamente escasa para una reforma de esta envergadura. El PSOE se opone, como no podría ser de otra manera, a someterlo a referéndum en Andalucía, sabedor de que tal delirio se llevaría un serio varapalo en las urnas. Aunque el texto sea una chusca imitación del Estatuto catalán, a los andaluces no se les va a dejar decidir. El binomio PSOE-IU, debidamente auxiliado por la galaxia de formaciones nacionalistas que menudean por el Parlamento, decidirán por ellos. Serán una "realidad nacional" a la fuerza y por aclamación unánime de la izquierda toda.
Dejando a un lado la absurda entelequia contenida en sus páginas y el pulso liberticida que lo inspira, el hecho es que el Estatuto andaluz es el primero de una ristra que se promete generosa. Todas las autonomías gobernadas por el PSOE –y que hasta hoy mismo llevaban una plácida vida constitucional–, van a ser sacudidas por un arrebato de social-nacionalismo trufado de comunismo antisistema con el sello inconfundible de Zapatero. Es la segunda edición del café para todos, esta vez más cerca que nunca del abismo.
Zapatero no cree en el consenso, al menos en el que se practica en las democracias liberales. Su plan es redibujar el mapa de España y buscar acomodo a los que quiere como aliados para perpetuarse en el poder. Lo está llevando a cabo de manera integral, haciendo gala de una proverbial ignorancia y cubriéndolo de mentiras y eslóganes vacíos. A decir verdad, esto último –la propaganda– es lo único en lo que realmente destacan, lo único en lo que el PSOE puede dar lecciones.
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25 Mayo 2006
Dura crítica de los obispos al Estatuto de Andalucía
José Luis Restán
www.paginasdigital.com 25.05.06
Hace una semana, Benedicto XVI recordaba ante los obispos italianos que la distinción entre la Iglesia y el Estado forma parte de la estructura fundamental del cristianismo. La Iglesia no sólo reconoce y respeta esa distinción y autonomía, sino que la considera “un gran progreso de la humanidad” y una condición fundamental para el cumplimiento de su propia misión. A continuación, el Papa subrayaba que cuando la Iglesia recuerda algunos valores éticos fundamentales, no viola la laicidad del Estado, sino que contribuye a promover la dignidad de las personas y el bien común de la sociedad. Entre esos valores esenciales, que hoy se desdibujan en el debate político, destacan la defensa de la vida humana desde su concepción hasta su fin natural, el valor de la familia fundada sobre el matrimonio entre hombre y mujer, y la libertad de educación. Se trata de tres grandes asuntos sobre los que la Iglesia ni puede ni debe callar.
Los obispos de las diócesis andaluzas han emitido una nota amplia y bien articulada sobre el nuevo Estatuto de Autonomía que acaba de ser admitido a trámite por el Congreso, en la que alertan sobre los riesgos que amenazan a esos valores de la convivencia civil. En primer lugar denuncian el carácter fuertemente intervencionista del nuevo Estatuto, que tenderá a ahogar las iniciativas de los cuerpos intermedios de la sociedad civil. Esta denuncia tiene un significado especial en una región como Andalucía, donde el asistencialismo y la ocupación del espacio público por el poder político marcan claramente la vida cotidiana. La siguiente preocupación se refiere a la declaración de derechos y deberes, en tanto que puede amparar atentados muy graves contra la vida humana y porque no reconoce el valor único e insustituible de la familia de fundación matrimonial, que es equiparada con otras formas de convivencia.
Los obispos prestan una atención especial al capítulo educativo, denunciando el predominio absoluto que el Estatuto concede a la Administración y a la escuela de titularidad estatal. No es ningún secreto que la Junta de Andalucía practica una política de mano de hierro en la educación, impidiendo la ampliación de aulas concertadas a pesar de la demanda social. El temor es que el nuevo Estatuto consagre esta política nefasta para la libertad de de los padres. Por si fuera poco, el texto define a la enseñanza pública como “laica”, lo que puede conducir en la práctica a bloquear el ejercicio de la libertad religiosa en la escuela. En cuanto al patrimonio histórico y artístico de la Iglesia, los obispos temen que el Estatuto no respete adecuadamente la libertad de la propia Iglesia para gestionarlo conforme a su finalidad específicamente religiosa.
Hay un último punto que ha concentrado la atención de los medios, quizás porque es la primera ocasión en que un texto episcopal colectivo señala el riesgo que entraña una norma legal para la unidad de España. Los obispos andaluces consideran que la definición de Andalucía como “realidad nacional” relativiza ese “bien moral indudable” que es la unidad históricamente lograda de España como nación, y, en continuidad con lo afirmado por el capítulo V de la Instrucción Pastoral sobre el Terrorismo, sus causas y consecuencias, declaran que debilitar o quebrar esa unidad puede conducir a un daño de consecuencias imprevisibles.
Con este texto valiente y sistemático, los obispos han prestado un servicio a la convivencia civil partiendo de la Doctrina Social de la Iglesia. Sus argumentaciones son asequibles tanto para creyentes como para no creyentes, y los bienes que defienden constituyen un patrimonio de todos. Por eso, lejos de ser una injerencia, contribuye a la clarificación de un debate necesario. Como afirmaba Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas Est, la Iglesia no tiene la tarea de realizar un orden justo (eso corresponde al ámbito de la política) pero sí le corresponde la tarea de purificar la razón mediante la propuesta de su Doctrina Social y despertar las fuerzas morales y espirituales necesarias para la tarea política. Esta última es precisamente la invitación que lanzan los obispos a los católicos andaluces, para que no se ausenten de un debate que necesita su voz y su compromiso.
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25 Mayo 2006
Llega desde Andalucía pero viene de Cataluña
F.H.
www.paginasdigital.com
24.05.06
El Congreso de los Diputados ha celebrado este martes el primer debate sobre la reforma del Estatuto de Andalucía. Una reforma que, en contra de lo pactado inicialmente, define a Andalucía como realidad nacional, que destila estatalismo, que no protege adecuadamente el derecho a la vida y a la familia, que no garantiza la libertad de enseñanza.
Zapatero ha defendido la admisión a trámite de la reforma del Estatuto de Andalucía poniéndola como ejemplo de la España unida y plural. El presidente del Gobierno ha asegurado que contó con el respaldo suficiente en el Parlamento andaluz. Afirmación especialmente polémica porque la reforma se aprobó con un solo voto más de los requeridos.
Zapatero ha cargado contra el PP y ha defendido que si los populares no lo votan caerán dos veces con la misma piedra. En su intervención, Mariano Rajoy ha sostenido que se trata de una aberración jurídica y constitucional que sale adelante para disimular los errores del Estatuto de Cataluña. Lo cierto es que la reforma del Estatuto de Andalucía seguía el modelo de consenso utilizado en Valencia hasta que se cruzó por medio el pacto entre Artur Mas y Zapatero.
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22 Mayo 2006
