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EL PROCESO de reforma de los Estatutos de autonomía se está desarrollando en una dinámica imparable. Habrá cola por entrar en pista en las Cortes Generales. Ha sido alentado desde el Gobierno como consecuencia de un compromiso electoral, que no figuraba en el programa del PP, reclamado por los socialistas catalanes. También era un compromiso la reforma de la Constitución en cuatro puntos. Uno de ellos relativo a incluir la denominación de las comunidades autónomas, para lo que se solicitó un informe del Consejo de Estado. Lo congruente, desde una visión general del Estado, hubiera sido esperar al informe antes de promover la reforma de ningún Estatuto. No ha sido así.

La petición de constitucionalizar a las comunidades autónomas podía atenderse con facilidad. Bastaba con incorporar a la Constitución una disposición adicional, dejando intacto el texto. No era una fórmula inocua. Quedaría fijada la organización territorial del Estado, con la inclusión de Ceuta y Melilla. El Gobierno preguntó, además, sobre las consecuencias jurídicas que produciría la constitucionalización de las autonomías, lo que proporcionó al Consejo la ocasión de realizar amplias reflexiones sobre el Estado autonómico. El informe no es vinculante para el Gobierno y, por supuesto, es discutible. Aunque va a ser objeto de estudio por quién lo pidió, se han adelantado opiniones de signo opuesto por los dos partidos mayoritarios.

Se ha propuesto reintroducir el recurso previo de inconstitucionalidad, que habría de interponerse contra el texto de reforma de Estatuto aprobado por las Cortes Generales y antes del referéndum, cuando se requiera, como sucede con el Estatuto catalán. El PP se ha apuntado a la sugerencia. El Gobierno la ha rechazado. No resulta exagerado presumir la dificultad de prosperar que tiene un recurso de inconstitucionalidad contra un Estatuto aprobado por el pueblo catalán. Su estimación provocaría un conflicto de profundo calado. Al no admitir aquella propuesta, se juega a la práctica de los hechos consumados.

La hoja de ruta que se sigue tiene un fin no visualizable, pero no indeterminado. De momento, por un efecto de simpatía, también estimulado por el partido en el Gobierno de la Nación, la realidad nacional se acoge en Andalucía, y es previsible que se extienda a Canarias, Aragón, ¿Galicia?¿ No parece que sea asumida por todas las comunidades, con lo que se tranquiliza sobre la ruptura de España. La conquista catalana se devalúa, como ha manifestado ERC, y con ello, de paso, se procura contrarrestar el sentimiento que afloró en la sociedad por la solución singular dada a Cataluña. Domina el cálculo electoral.

El informe del Consejo de Estado contiene también la posible derogación de la disposición cuarta de la Constitución relativa a Navarra. Su mantenimiento hace posible la hipótesis de que socialistas, aberzales y aliados, si tienen mayoría en las elecciones autonómicas, pongan en marcha el mecanismo de incorporación de Navarra a la Comunidad Autónoma vasca, con su voto en el Parlamento y en el correspondiente referéndum. Operación arriesgada, que puede utilizarse, al menos, como señuelo de negociación, envuelta en la ambigüedad.

Las consecuencias no serán virtuales
Juan Carlos Girauta

Está en el origen de esta involución el apego insensato de la izquierda y los nacionalismos a un error que la nación había pagado ya muy caro: el sometimiento moral y simbólico de la derecha, su premeditada expulsión del sistema. La revolución en marcha es de nuevo cuño, posmoderna y, en gran medida, virtual. Pero no lo serán sus consecuencias. Presenciaremos efectos bastante tradicionales: degradación política, creciente abuso de poder, violación flagrante e impune de las leyes, derrumbe de legitimidad, desprestigio institucional y un período de general incertidumbre (mortífero en lo económico, en el menor de los casos) donde la defensa de derechos y libertades en peligro de desaparecer por el desagüe de la fractura territorial se convertirá en cuestión urgente y capital. Esto no es extraño; la cuestión capital siempre es la libertad, las libertades individuales, aunque las sociedades acomodaticias no reparen en ello mientras no las vean muy seriamente amenazadas. Y algunas, ni siquiera con las amenazas consumadas.

Está en el origen de esta involución el apego insensato de la izquierda y los nacionalismos a un error que la nación había pagado ya muy caro: el sometimiento moral y simbólico de la derecha, su premeditada expulsión del sistema, amortiguada con prebendas a algunos de sus actores políticos, medios de referencia y eventuales financiadores. Lo sabido: la habitual administración de amenazas y promesas para consolidar una desigualdad estructural.

El presidente del Grupo del PP en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja, ha alertado de que la reforma del Estatuto de Andalucía, con la inclusión del término "realidad nacional", será un añadido al proceso de "debilitamiento de la nación española". Mayor Oreja ha asegurado que en Andalucía no hay pretensiones separatistas pero ha afirmado que sí hay un "fenómeno islamista" que resulta "inquietante".

"El debilitamiento de la nación española significa no sólo movimientos separatistas e independentistas sino también maneras de atraer determinadas corrientes, culturas que poco o nada tienen que ver con lo que ha sido siempre la historia España", ha dicho Mayor Oreja, en declaraciones a la Cope.

Para Mayor Oreja la reforma del Estatuto de Andalucía o la actuación de los partidos nacionalistas catalanes en la política española no son más que algo "instrumental", ya que, según su opinión, en el fonde de todo está el "proyecto de negociación entre ETA y el Gobierno" con tres pilares: "Navarra, la autodeterminación y la previa legalización de Batasuna".

Anexión de Navarra al País Vasco

En cuanto a Navarra, ha explicado que tras las próximas elecciones, la suma del PSOE y Batasuna servirá para "crear un órgano vasco-navarro, que significa el proceso de anexión de Navarra en el País Vasco".

En este sentido, Mayor Oreja ha advertido de que el denominado "proceso de paz" es, en realidad, el cauce para "legitimar a ETA y que tenga su presencia en las instituciones vascas".

La responsable es la "izquierda radical" que pretende "reescribir la historia de España, de retrotraernos a lo previo a la Guerra Civil española, de tratar de modificar cualquier obra del centro derecha español, bien en la versión del PP, bien en la versión UCD, que en el fondo para algunos seguía siendo una continuación del régimen anterior".