Los estatutos secesionistas y anti constitucionales
La “paz” de los corruptos y los asesinos
La falsificación de la historia, identificando República y Frente Popular
La campaña para silenciar a la COPE
El control de la enseñanza mediante comisarios políticos.
El ataque a la familia
La alianza con las dictaduras (“civilizaciones”) del tercer mundo.
El objetivo clave es destruir la Constitución, la soberanía nacional y las libertades cívicas. Por ello el gobierno que promueve tales maniobras se sitúa por completo fuera de la ley. Así debe ser entendido y declarado por los ciudadanos que amen una convivencia civilizada, en paz y en libertad.

Algunos se plantean antes de tiempo: “Y después de declarar tal cosa, ¿qué?”. Después habrá que articular la protesta y una estrategia para volver al imperio de la ley, con la Constitución debidamente reformada y reforzada.

Pero antes, y sobre todo, es preciso establecer claramente el principio de que el gobierno actual es ilegítimo, anticonstitucional; que, con las diferencias de rigor, está haciendo lo mismo que Hitler: utilizar fraudulentamente un poder en principio legal, para abolir la ley mediante hechos consumados.

La clave está en dejar bien sentado este principio, pues él orientará la actividad posterior. Si no lo dejáramos bien sentado, sólo podríamos actuar como apéndices de los liberticidas, incapacitándonos de entrada para denunciar y para hacer frente a sus manejos.

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EL PROCESO de reforma de los Estatutos de autonomía se está desarrollando en una dinámica imparable. Habrá cola por entrar en pista en las Cortes Generales. Ha sido alentado desde el Gobierno como consecuencia de un compromiso electoral, que no figuraba en el programa del PP, reclamado por los socialistas catalanes. También era un compromiso la reforma de la Constitución en cuatro puntos. Uno de ellos relativo a incluir la denominación de las comunidades autónomas, para lo que se solicitó un informe del Consejo de Estado. Lo congruente, desde una visión general del Estado, hubiera sido esperar al informe antes de promover la reforma de ningún Estatuto. No ha sido así.

La petición de constitucionalizar a las comunidades autónomas podía atenderse con facilidad. Bastaba con incorporar a la Constitución una disposición adicional, dejando intacto el texto. No era una fórmula inocua. Quedaría fijada la organización territorial del Estado, con la inclusión de Ceuta y Melilla. El Gobierno preguntó, además, sobre las consecuencias jurídicas que produciría la constitucionalización de las autonomías, lo que proporcionó al Consejo la ocasión de realizar amplias reflexiones sobre el Estado autonómico. El informe no es vinculante para el Gobierno y, por supuesto, es discutible. Aunque va a ser objeto de estudio por quién lo pidió, se han adelantado opiniones de signo opuesto por los dos partidos mayoritarios.

Se ha propuesto reintroducir el recurso previo de inconstitucionalidad, que habría de interponerse contra el texto de reforma de Estatuto aprobado por las Cortes Generales y antes del referéndum, cuando se requiera, como sucede con el Estatuto catalán. El PP se ha apuntado a la sugerencia. El Gobierno la ha rechazado. No resulta exagerado presumir la dificultad de prosperar que tiene un recurso de inconstitucionalidad contra un Estatuto aprobado por el pueblo catalán. Su estimación provocaría un conflicto de profundo calado. Al no admitir aquella propuesta, se juega a la práctica de los hechos consumados.

La hoja de ruta que se sigue tiene un fin no visualizable, pero no indeterminado. De momento, por un efecto de simpatía, también estimulado por el partido en el Gobierno de la Nación, la realidad nacional se acoge en Andalucía, y es previsible que se extienda a Canarias, Aragón, ¿Galicia?¿ No parece que sea asumida por todas las comunidades, con lo que se tranquiliza sobre la ruptura de España. La conquista catalana se devalúa, como ha manifestado ERC, y con ello, de paso, se procura contrarrestar el sentimiento que afloró en la sociedad por la solución singular dada a Cataluña. Domina el cálculo electoral.

El informe del Consejo de Estado contiene también la posible derogación de la disposición cuarta de la Constitución relativa a Navarra. Su mantenimiento hace posible la hipótesis de que socialistas, aberzales y aliados, si tienen mayoría en las elecciones autonómicas, pongan en marcha el mecanismo de incorporación de Navarra a la Comunidad Autónoma vasca, con su voto en el Parlamento y en el correspondiente referéndum. Operación arriesgada, que puede utilizarse, al menos, como señuelo de negociación, envuelta en la ambigüedad.

Las consecuencias no serán virtuales
Juan Carlos Girauta

Está en el origen de esta involución el apego insensato de la izquierda y los nacionalismos a un error que la nación había pagado ya muy caro: el sometimiento moral y simbólico de la derecha, su premeditada expulsión del sistema. La revolución en marcha es de nuevo cuño, posmoderna y, en gran medida, virtual. Pero no lo serán sus consecuencias. Presenciaremos efectos bastante tradicionales: degradación política, creciente abuso de poder, violación flagrante e impune de las leyes, derrumbe de legitimidad, desprestigio institucional y un período de general incertidumbre (mortífero en lo económico, en el menor de los casos) donde la defensa de derechos y libertades en peligro de desaparecer por el desagüe de la fractura territorial se convertirá en cuestión urgente y capital. Esto no es extraño; la cuestión capital siempre es la libertad, las libertades individuales, aunque las sociedades acomodaticias no reparen en ello mientras no las vean muy seriamente amenazadas. Y algunas, ni siquiera con las amenazas consumadas.

Está en el origen de esta involución el apego insensato de la izquierda y los nacionalismos a un error que la nación había pagado ya muy caro: el sometimiento moral y simbólico de la derecha, su premeditada expulsión del sistema, amortiguada con prebendas a algunos de sus actores políticos, medios de referencia y eventuales financiadores. Lo sabido: la habitual administración de amenazas y promesas para consolidar una desigualdad estructural.