Categoría: Estatuto Andaluz
10 Septiembre 2006
congreso Los grupos parlamentarios presentan 285 enmiendas a la reforma del Estatuto andaluz
06/09/2006 - 13:32
Redacción GD
http://www.granadadigital.com/pages/amplia.php?id=34746&parte=Andalucía
Los grupos políticos han presentado en el Congreso de los Diputados un total de 285 enmiendas a la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía, registrado por la presidenta del Parlamento andaluz ante las Cortes Generales el pasado mes de mayo. Así el PSOE registró 10 escritos de enmienda, el PP planteó 116 e Izquierda Unida 40. Por su parte, el Partido Andalucista, que no tiene representación en el Congreso, ha presentado a través del grupo del PNV, otras 119 propuestas de modificación.
El grupo socialista propone mantener en el Estatuto andaluz durante la tramitación parlamentaria el reconocimiento de "la realidad nacional de Andalucía como una nacionalidad", pero agregando una alusión al marco de la "unidad de la nación española", para adecuarlo mejor al artículo 2 de la Constitución.
Las enmiendas del PSOE introducen cambios en otros dos asuntos claves al circunscribir la competencia andaluza sobre el Guadalquivir a "las aguas que transcurran por su territorio y no afecten a otra comunidad autónoma" y al establecer un periodo de siete años en el que las inversiones del Estado en Andalucía deben equivaler al peso de su población sobre el total de la española. También modifica en el texto original la referencia temporal de seis meses para fijar la cuantía de la denominada 'deuda histórica', recogida en la Disposición Adicional segunda del actual Estatuto, y renuncia a que la Comunidad asuma competencias por la vía del artículo 150.2.
En sus enmiendas, el PP aboga por la denominación de Andalucía como "nacionalidad histórica" y solicita una inversión de 4.500 millones de euros por el Estado en los próximos siete años "para compensar el incremento de la población y el todavía existente déficit de infraestructuras".
Además, los populares plantean identificar Andalucía, en el preámbulo del nuevo Estatuto, como "una nacionalidad histórica en el marco de la unidad indisoluble de la nación española, patria común indivisible de todos los españoles". Sobre la gestión de la Cuenca del Guadalquivir, el PP pide que la asunción de la competencia por la Junta de Andalucía se efectúe con arreglo a la legislación del Estado.
El grupo parlamentario de IU-ICV, por su parte, abogará en el debate sobre el nuevo Estatuto andaluz por reforzar la identidad de Andalucía mediante su reconocimiento como "nación" y por la implantación del laicismo en la educación pública. IU pide, además, la inclusión de una disposición transitoria que prohíba la renovación del Convenio de Amistad y Cooperación entre España y Estados Unidos, sobre todo "en lo que hace referencia a la utilización del territorio andaluz para uso militar", como es el caso de las bases de Rota y Morón.
Por último, el Partido Andalucista (PA) pide una aportación extraordinaria de 4.000 millones para cubrir el déficit en infraestructuras en la comunidad autónoma.
Confianza en alcanzar el consenso
Por su parte, el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, expresó su confianza en poder ampliar el consenso político con el PP y el PA sobre la reforma del Estatuto de Autonomía durante el trámite parlamentario que seguirá el texto. Zarrías indicó que ve "más cercano y posible el consenso" con estas fuerzas políticas, aunque admitió que "existen dificultades".
"La financiación, el autogobierno y las competencias están en el texto al máximo de lo que permite la Constitución Española. En ese lenguaje vamos a coincidir sin inconvenientes", añadió.
Zarrías subrayó que desde el Gobierno andaluz se va a hacer todo lo posible por llegar a un acuerdo. "Es el momento de la generosidad, del rigor político y de la ambición autonómica. Tendemos la mano de nuevo -a popular y andalucistas-, porque queremos un Estatuto con el máximo consenso", apuntó.
El trámite
Una vez concluido el plazo de presentación de enmiendas a la reforma del Estatuto por parte de los grupos parlamentarios, el martes 5 de septiembre, se reunirán -previsiblemente entre el 11 y el 15 de septiembre- la Comisión Constitucional y la Ponencia mixta para su debate y posterior aprobación. La proposición de reforma, que ya aprobó el Parlamento autonómico en el mes de mayo, seguirá en las Cortes Generales el mismo trámite que el Estatut de Cataluña. Así, el número de diputados de cada Cámara que participen en la Comisión Constitucional y en la Ponencia será de 39 y 11, respectivamente.
Al ser Andalucía una comunidad de las consideradas 'históricas', que se rigen por el artículo 151.2 de la Constitución, todo el proceso de discusión de enmiendas ha de hacerse conjuntamente entre diputados del Congreso y la Asamblea proponente, en este caso el Parlamento andaluz.
Las enmiendas registradas por los grupos se debatirán en la Comisión Constitucional, presidida por el socialista Alfonso Guerra, y la Ponencia creada en su seno hasta cerrar un dictamen, donde, en el plazo de dos meses, serán votadas por cada una de las dos delegaciones.
La Comisión Constitucional del Congreso tendrá que dar participación a una delegación del Parlamento autonómico de igual número de diputados. Sin embargo, se da la circunstancia de que este órgano de la Cámara Baja cuenta con 39 diputados, mientras que su equivalente en el Parlamento autonómico, la Comisión de Desarrollo Estatutario, dispone sólo de 20, por lo que habrá que decidir el número de la delegación de cada legislativo.
La solución previsible es que, para evitar recortes en la representación de algunos grupos, se opte por una comisión 'paritaria' de 39 integrantes de cada Cámara. Este órgano tendrá la misión de constituir la Ponencia, que también estará compuesta por diputados de ambas instituciones en la misma proporción. La cifra que se baraja es la de 11 diputados por Cámara.
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31 Mayo 2006
El nuevo Estatuto de Andalucía pretende imponer la ideología de género a todos los andaluces
Lunes 29 de mayo | Participación ciudadana
El nuevo texto pretende imponer a todos los andaluces y promover con dinero público las tesis de la "ideología de género" que sostiene la izquierda radical y que ha asumido plenamente la actual cúpula del PSOE. El nuevo texto excede además sus competencias, al proclamar derechos inexistentes, cuando la función de un Estatuto es regular derechos, no proclamar derechos nuevos. Muestra tu rechazo a esta imposición antidemocrática.
http://www.hazteoir.org/modules.php?name=Noticias&file=article&sid=2400
El artículo 35 del proyecto de reforma del Estatuto de Andalucía afirma que "toda persona tiene derecho a que se respete su orientación sexual y su identidad de género. Los poderes públicos promoverán políticas para garantizar el ejercicio de ese derecho". Por una parte, el nuevo texto roza la inconstitucionalidad al modificar las normas establecidas en nuestra Carta Magna, que en su artículo 14 dice que “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.
No contento con esto, el art. 35 del nuevo Estatuto no se limita a imponer a los poderes públicos el deber de garantizar el ejercicio de este derecho recién inventado, sino que les obliga a promoverlo activamente. Esto da lugar a una clara intromisión en la intimidad de las personas y quiebra el principio de neutralidad política de las administraciones públicas, imponiendo a todos los ciudadanos unas tesis ideológicas que no compartimos ni asumimos millones de españoles, vulnerando también de esta forma el artículo 16 de la Constitución, que garantiza el derecho a la libertad ideológica y de conciencia.
La ideología de género propugna que el género es una construcción cultural, que los hombres y las mujeres no sienten atracción por personas del sexo opuesto por naturaleza, sino más bien por un condicionamiento de la sociedad. Así, el deseo sexual puede dirigirse a cualquiera.
Esta teoría se basa en una interpretación neo-marxista de la historia, que plantea la lucha de clases entre el sexo masculino y femenino y la "deconstrucción" de la familia, el matrimonio, la maternidad, y la feminidad para que el mundo pueda ser libre. La "nueva perspectiva" tiene como objeto propulsar la agenda homosexual/lesbiana/bisexual/transexual, y no los intereses de las mujeres y hombres comunes y corrientes.
La pretendida creación de este "derecho” resulta extremadamente perturbadora para el Bien común en general y para los matrimonios, las familias y las personas en particular, y deja, por su mismo carácter de construcción cultural, la puerta abierta a fenómenos y situaciones que podrían llegar a ser devastadores, como la poligamia, la bestialidad, el incesto o la pederastia. Escribe a los miembros de la Comisión Constitucional en el Congreso, encargados de elaborar las enmiendas al proyecto de Ley del Estatuto de Andalucía, para pedirles que reconsideren el contenido del artículo 35 del proyecto de reforma del Estatuto andaluz.
Envía tú carta a:
Miembros de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados
Portavoces de los Grupos Parlamentarios Andaluces
en
http://www.hazteoir.org/modules.php?name=Noticias&file=article&sid=2400
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25 Mayo 2006
Estatuto contra Andalucía
24-V-2006
Un Estatuto contra Andalucía
EDITORIAL
http://www.libertaddigital.com/./opiniones/opi_desa_31642.html
Aunque el texto sea una chusca imitación del Estatuto catalán, a los andaluces no se les va a dejar decidir. (...) Serán una "realidad nacional" a la fuerza y por aclamación unánime de la izquierda toda.
El presuntamente reformado Estatuto de Andalucía comenzó ayer su trámite parlamentario con el debate de toma de consideración del mismo en la cámara baja. Decimos presuntamente reformado porque lo que el PSOE y su socio comunista llevaron ayer a la carrera de San Jerónimo no fue una reforma sino un Estatuto de nuevo cuño. Un texto que, consensuado primero con todos los grupos políticos, fue modificado deprisa y corriendo para adaptarlo al peculiar momento nacionalista que vive el partido de Zapatero.
En sólo 24 horas más de 100 enmiendas fueron añadidas o, mejor dicho, calcadas del Estatuto catalán para ponerlo al gusto del presidente. No se olvidaron de ninguno de los clásicos del tristemente célebre Estatut. En el mismo preámbulo se especifican los derechos y deberes, como si éstos fuesen o pudiesen ser distintos de los que consagra la Constitución. Se arrebata al Gobierno central un buen ramillete de competencias que le son propias al tiempo que otras, las autonómicas, se blindan al modo y manera catalanas. En lo relativo a legislación, el Estatuto se autoarroga la potestad de limitar la capacidad legislativa del Estado.
El remate final es la definición de Andalucía como "realidad nacional", abstrusa invención socialista que, a día de hoy, nadie ha conseguido definir, pero que viene a ser lo mismo que la nación catalana de Maragall y Carod Rovira consagrada en el Estatuto de la discordia. Como es obvio, nadie en Andalucía ha reclamado la condición de nación, pero eso a socialistas y comunistas les trae al fresco. Ninguno de los dos pretende convencer sino, muy en la línea de la izquierda eterna, imponer su criterio demonizando, ya de paso, al que se opone a ellos.
El Estatuto de Andalucía no es más que un parche de última hora para tapar el fiasco catalán, y lo hace con otro fiasco. El documento que ayer debutó en el Congreso sólo trae el apoyo del 60% de la cámara autonómica, es decir, una mayoría ciertamente escasa para una reforma de esta envergadura. El PSOE se opone, como no podría ser de otra manera, a someterlo a referéndum en Andalucía, sabedor de que tal delirio se llevaría un serio varapalo en las urnas. Aunque el texto sea una chusca imitación del Estatuto catalán, a los andaluces no se les va a dejar decidir. El binomio PSOE-IU, debidamente auxiliado por la galaxia de formaciones nacionalistas que menudean por el Parlamento, decidirán por ellos. Serán una "realidad nacional" a la fuerza y por aclamación unánime de la izquierda toda.
Dejando a un lado la absurda entelequia contenida en sus páginas y el pulso liberticida que lo inspira, el hecho es que el Estatuto andaluz es el primero de una ristra que se promete generosa. Todas las autonomías gobernadas por el PSOE –y que hasta hoy mismo llevaban una plácida vida constitucional–, van a ser sacudidas por un arrebato de social-nacionalismo trufado de comunismo antisistema con el sello inconfundible de Zapatero. Es la segunda edición del café para todos, esta vez más cerca que nunca del abismo.
Zapatero no cree en el consenso, al menos en el que se practica en las democracias liberales. Su plan es redibujar el mapa de España y buscar acomodo a los que quiere como aliados para perpetuarse en el poder. Lo está llevando a cabo de manera integral, haciendo gala de una proverbial ignorancia y cubriéndolo de mentiras y eslóganes vacíos. A decir verdad, esto último –la propaganda– es lo único en lo que realmente destacan, lo único en lo que el PSOE puede dar lecciones.
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25 Mayo 2006
Dura crítica de los obispos al Estatuto de Andalucía
José Luis Restán
www.paginasdigital.com 25.05.06
Hace una semana, Benedicto XVI recordaba ante los obispos italianos que la distinción entre la Iglesia y el Estado forma parte de la estructura fundamental del cristianismo. La Iglesia no sólo reconoce y respeta esa distinción y autonomía, sino que la considera “un gran progreso de la humanidad” y una condición fundamental para el cumplimiento de su propia misión. A continuación, el Papa subrayaba que cuando la Iglesia recuerda algunos valores éticos fundamentales, no viola la laicidad del Estado, sino que contribuye a promover la dignidad de las personas y el bien común de la sociedad. Entre esos valores esenciales, que hoy se desdibujan en el debate político, destacan la defensa de la vida humana desde su concepción hasta su fin natural, el valor de la familia fundada sobre el matrimonio entre hombre y mujer, y la libertad de educación. Se trata de tres grandes asuntos sobre los que la Iglesia ni puede ni debe callar.
Los obispos de las diócesis andaluzas han emitido una nota amplia y bien articulada sobre el nuevo Estatuto de Autonomía que acaba de ser admitido a trámite por el Congreso, en la que alertan sobre los riesgos que amenazan a esos valores de la convivencia civil. En primer lugar denuncian el carácter fuertemente intervencionista del nuevo Estatuto, que tenderá a ahogar las iniciativas de los cuerpos intermedios de la sociedad civil. Esta denuncia tiene un significado especial en una región como Andalucía, donde el asistencialismo y la ocupación del espacio público por el poder político marcan claramente la vida cotidiana. La siguiente preocupación se refiere a la declaración de derechos y deberes, en tanto que puede amparar atentados muy graves contra la vida humana y porque no reconoce el valor único e insustituible de la familia de fundación matrimonial, que es equiparada con otras formas de convivencia.
Los obispos prestan una atención especial al capítulo educativo, denunciando el predominio absoluto que el Estatuto concede a la Administración y a la escuela de titularidad estatal. No es ningún secreto que la Junta de Andalucía practica una política de mano de hierro en la educación, impidiendo la ampliación de aulas concertadas a pesar de la demanda social. El temor es que el nuevo Estatuto consagre esta política nefasta para la libertad de de los padres. Por si fuera poco, el texto define a la enseñanza pública como “laica”, lo que puede conducir en la práctica a bloquear el ejercicio de la libertad religiosa en la escuela. En cuanto al patrimonio histórico y artístico de la Iglesia, los obispos temen que el Estatuto no respete adecuadamente la libertad de la propia Iglesia para gestionarlo conforme a su finalidad específicamente religiosa.
Hay un último punto que ha concentrado la atención de los medios, quizás porque es la primera ocasión en que un texto episcopal colectivo señala el riesgo que entraña una norma legal para la unidad de España. Los obispos andaluces consideran que la definición de Andalucía como “realidad nacional” relativiza ese “bien moral indudable” que es la unidad históricamente lograda de España como nación, y, en continuidad con lo afirmado por el capítulo V de la Instrucción Pastoral sobre el Terrorismo, sus causas y consecuencias, declaran que debilitar o quebrar esa unidad puede conducir a un daño de consecuencias imprevisibles.
Con este texto valiente y sistemático, los obispos han prestado un servicio a la convivencia civil partiendo de la Doctrina Social de la Iglesia. Sus argumentaciones son asequibles tanto para creyentes como para no creyentes, y los bienes que defienden constituyen un patrimonio de todos. Por eso, lejos de ser una injerencia, contribuye a la clarificación de un debate necesario. Como afirmaba Benedicto XVI en su encíclica Deus Caritas Est, la Iglesia no tiene la tarea de realizar un orden justo (eso corresponde al ámbito de la política) pero sí le corresponde la tarea de purificar la razón mediante la propuesta de su Doctrina Social y despertar las fuerzas morales y espirituales necesarias para la tarea política. Esta última es precisamente la invitación que lanzan los obispos a los católicos andaluces, para que no se ausenten de un debate que necesita su voz y su compromiso.
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22 Mayo 2006
7 Mayo 2006
El municipalismo, el gran olvidado del Estatuto
JOSÉ TORRES HURTADO/ALCALDE DE GRANADA '
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EL municipalismo se ha convertido nuevamente en el gran olvidado, en el hermano pobre de la reforma del Estatuto de Autonomía andaluz, un texto grandilocuente, sesgado, alejado de la realidad, que da la espalda a los problemas reales de los más de 770 municipios de Andalucía y que sólo es una coartada partidista del Partido Socialista en sus alianzas con formaciones independentistas y radicales.
El nuevo Estatuto, tan intervencionista, olvida la delegación y transferencia de competencias concretas y su correspondiente financiación a los Ayuntamientos, perjudicando así la prestación de servicios a más de siete millones y medio de andaluces para los que la principal exigencia a los poderes públicos es una mayor eficacia en la solución de sus problemas cotidianos.
En esta reforma del Estatuto se debería haber apostado firmemente por el municipalismo en Andalucía, reforzando la autonomía municipal, garantizada en el artículo 140 de la Constitución, y recogiendo el derecho constitucional y estatutario de todos los entes locales a intervenir en todos los asuntos que les afecten.
Asimismo, en esta reforma se debería haber garantizado la suficiente financiación de nuestros Ayuntamientos, una cuestión que, en la redacción actual, no está garantizada, contraviniendo con ello lo dispuesto en el artículo 142 de la Constitución, al excluir la participación de los Ayuntamientos en una buena parte de los ingresos de la Comunidad Autónoma.
Para el Partido Popular de Andalucía dichas cuestiones han sido siempre prioritarias a la hora de abordar la reforma de nuestro Estatuto. Y así lo materializó mediante la presentación de sus enmiendas en esta materia.
Unas enmiendas que pretendían fundamentalmente garantizar el proceso de Segunda Descentralización, de forma que supusiera un avance en la autonomía municipal recogiendo de manera clara el mandato de transferencia o delegación competencial con la financiación correspondiente, a fin de que los municipios andaluces ejercieran, en virtud y con pleno respeto del principio constitucional de autonomía local, además de las competencias que les vinieran atribuidas por la legislación del Estado, aquellas otras que les fueran transferidas o delegadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Dentro del marco competencial de la Comunidad Autónoma, se establecía la transferencia o delegación a los Municipios andaluces de competencias en materias tales como consumo, deportes, educación, empleo, juventud, medio ambiente, políticas de género, ordenación del territorio y urbanismo, patrimonio histórico, protección civil, sanidad, servicios sociales, transporte, turismo, vivienda, voluntariado, participación ciudadana, protección de la familia, medios de comunicación, espectáculos públicos, actividades recreativas y ocio.
Se disponía, además, que toda transferencia o delegación de competencias debería llevar consigo la de los medios financieros, personales y materiales para el correcto ejercicio de las mismas y se garantizaba la suficiente financiación de nuestros Ayuntamientos, a través de la participación de los mismos en los ingresos de la Comunidad Autónoma.
Junto a ello, se establecía la creación, por Ley, del Fondo de Cooperación Municipal, sobre la base del principio de subsidiariedad y el consenso con los Ayuntamientos. Dicho instrumento incluiría a su vez un Fondo de Nivelación Municipal de carácter no finalista, un Plan de Actuaciones Sectorial, así como un Plan de Inversiones en Infraestructuras.
Finalmente, se fijaba la necesidad de que en todo proceso legislativo y administrativo se tuviese en cuenta el impacto municipal y se incluía un órgano mixto, con representación de la Junta de Andalucía y de los Ayuntamientos andaluces, para informar preceptivamente las disposiciones normativas que afectasen de forma específica a las Corporaciones Locales, con un funcionamiento de carácter permanente como foro de diálogo, colaboración institucional y como órgano de cooperación.
Frente a ello, el Estatuto que ha sido recientemente aprobado en el Parlamento de Andalucía, dejando a un lado al 40% de los andaluces, se ha limitado a reproducir la relación de competencias reconocidas por el Estado 20 años atrás sin avanzar prácticamente nada en el tema de la financiación de los Ayuntamientos.
En definitiva, en esta reforma del Estatuto de Autonomía se ha perdido una oportunidad histórica para asegurar la Segunda Descentralización, para aplicar el Principio de Subsidiariedad y para acercar la gestión a los ciudadanos, una cuestión con la que todas las fuerzas políticas deberían estar comprometidas.
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7 Mayo 2006
¿REALIDAD NACIONAL ANDALUZA?
20 de Abril, 2006
Sr. director:La clase política que nos ha tocado en suerte en Andalucía ha decidido que necesitamos un nuevo estatuto. Desde luego, menos mal que les tenemos a ellos que se preocupan por nosotros, porque yo no sé cómo íbamos a poder vivir si no fuera por tan necesaria reforma. No, señora, usted no necesita un sueldo que le alcance para adquirir una vivienda digna. Usted, caballero, no precisa de una Sanidad Pública que le dé servicio a ser posible antes de su muerte. Tú, joven andaluz que terminas tus estudios y te enfrentas a la realidad de la vida adulta, no te debes preocupar porque la actividad empresarial en Andalucía esté bajo mínimos y viva a la sombra de la ubre de la Administración. Vosotras, familias andaluzas, dejad de sufrir porque la política de protección familiar en Andalucía esté a la cola, y a mucha distancia, del resto de España. Pequeños escolares andaluces, olvidad los problemas del peor nivel educativo de España.
No, andaluces, no os equivoquéis. Andaluces, levantáos y admirar la solución de vuestros males, de vuestras preocupaciones y de vuestras expectativas de futuro: Vamos a tener un nuevo estatuto. Andaluces, levantáos, insisto, pedid estatuto y realidad nacional.
Menos mal que tenemos a nuestros políticos, que han sabido escuchar la voz de la calle, que no habla de otra cosa más que de la necesidad imperiosa de que quede bien clarito en el nuevo estatuto que somos una nación, una realidad nacional, una nacionalidad histórica, o algún apaño de esos. Vamos, yo en la cola de la carnicería llevo años que no oigo hablar de otra cosa.
¿De qué se trata aquí, Sr. Chaves? ¿Es un intento de disimular la bellaquería de los ¡treinta y ocho! diputados andaluces de su partido que vendieron Andalucía con la aprobación del estatuto catalán, o acaso es la plasmación definitiva de que la clase política en general y usted en particular vive en otro mundo paralelo al que sufrimos el resto de los andaluces?
Sólo se me ocurre una cosa que pedirle a nuestro hasta ahora presidente autonómico y en adelante nuevo caudillo nacional, y ya no se trata de ironía, sino de la más absoluta sinceridad: Por favor, ponga al alcance de los ciudadanos a los que nos quede un mínimo de vergüenza la posibilidad de huir de tanta miseria intelectual. Si Andalucía es catalogada por su capricho como realidad nacional, nacionalidad, nación, o cualquier otra estupidez semejante, permítanos a los que mantengamos la cordura solicitar ser excluidos de tal cosa. Si para ser andaluces debemos formar parte de tal entelequia absurda, quizá los que hemos nacido y crecido en una Andalucía que jamás quiso ser más de lo que es, una gran región de España, debamos renunciar, ahora mismo, a nuestra condición de andaluces para no formar parte de su invento.
Atentamente,
Gonzalo García Yangüela
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7 Mayo 2006
javier arenas bocanegra presidente del partido popular de andalucía
Una Andalucía de primera
EN Andalucía no hemos percibido como propio "el problema autonómico". Los andaluces en ningún momento hemos demandado la reforma de nuestro Estatuto. Nos sentimos orgullosos de ser andaluces y españoles y nuestra mejor apuesta ha sido el autogobierno constitucional. El proceso de reforma en el que estamos inmersos deriva de la obsesión asimétrica de los nacionalismos catalán y vasco.
Nuestro principal fracaso era y es el escaso cumplimiento de los fines del Estatuto de Carmona de 1981. La única responsabilidad es del PSOE, que lleva gobernando Andalucía desde 1982. Seguimos siendo Región Objetivo 1 en la Unión Europea. Somos, tras 24 años de gobiernos socialistas, los últimos de España y Europa en renta, oportunidades y niveles de bienestar. Por eso he dicho que para Andalucía era y es más urgente un cambio de gobierno, un cambio de políticas, que una reforma del Estatuto.
El Partido Popular ha votado en contra de la reforma del Estatuto que ha salido adelante sin consenso. Nosotros lo hemos intentado hasta el final. Ante las pretensiones insolidarias, rupturistas y asimétricas del nacionalismo –hoy el catalán, mañana el vasco–, el Partido Popular ha querido conseguir un Estatuto de todos los andaluces para que Andalucía siga siendo una Comunidad de primera en la España constitucional. Un Estatuto sin consenso nunca será un Estatuto de primera.
Defendemos un Estatuto de máximos para una Andalucía de primera, como lo fue el de Carmona. Es imprescindible un Estatuto de todos, no el Estatuto de dos partidos de izquierda, por importantes que sean. No creo que el señor Chaves considere un éxito haber logrado dividir en dos a los andaluces. Pasamos del consenso del Estatuto de Carmona a una reforma que deja fuera, al menos, a los partidos que representan más del 40% de los andaluces.
Pensamos que un Estatuto de máximos no es aquel que denomina a Andalucía "realidad nacional", expresión que confunde a la mayoría de los andaluces que creen que la única realidad nacional es España, sino en hacer de Andalucía una "realidad política, económica y social" de primera, que influya en la España de todos. El señor Chaves, incumpliendo la palabra que dio a los andaluces, y a mí personalmente, ha optado por amparar las estrategias de Maragall, Carod-Rovira, Ibarretxe y de Zapatero, que cede ante ellos.
Un Estatuto de máximos debe incluir garantías democráticas que hagan que, al menos, las elecciones autonómicas se celebren separadamente de cualesquiera otras, para que el debate político andaluz sea profundo y ocupe el protagonismo que merece. Es inimaginable que las elecciones vascas y catalanas coincidan con otras. 28 años de autonomías avalan esta afirmación.
Un Estatuto de máximos debe reflejar que, si los andaluces ven mermada su igualdad esencial de derechos y oportunidades en cualquier parte del territorio nacional, la Junta de Andalucía debe ampararlos y defenderlos. El PSOE e IU no lo han querido así.
Un Estatuto de máximos debe contemplar que tengamos todas las competencias, siempre dentro del marco constitucional. Los andaluces no debemos ser cómplices, ni por activa ni por pasiva, del objetivo de los nacionalismos insolidarios: menos España, como etapa intermedia hacia ninguna España. Una Andalucía de primera no será posible en una España de segunda donde se imponga la asimetría, la insolidaridad y la desigualdad. PSOE e IU no han aceptado nuestras enmiendas.
Un Estatuto de máximos debe dejar claro que, la financiación del Estado de las Autonomías corresponde al Estado con el conjunto de las autonomías, a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, como se ha hecho hasta ahora, no a relaciones bilaterales y privilegiadas de algunas Comunidades con el Gobierno de la nación. PSOE e IU apuestan por relaciones bilaterales que conducirán a que las regiones más ricas reciban más, y las más pobres menos.
Un Estatuto de máximos debe exigir el desarrollo de la autonomía local. El nuevo Estatuto no recoge la delegación competencial a los Ayuntamientos y su financiación efectiva, para acercar los servicios a los ciudadanos. PSOE e IU han marginado las Corporaciones Locales en la reforma.
Hemos intentado aprovechar una reforma no demandada por la mayoría de los andaluces para mejorar nuestra vida democrática, defendiendo con uñas y dientes la igualdad de derechos y la solidaridad garantizadas por el Estatuto de 1981 y por la Constitución.
Estamos perdiendo una gran oportunidad. Los políticos andaluces deberíamos ser la voz del sentir popular. Lo que ahora toca a Andalucía es ser el contrapeso frente a los que quieren romper, a los que quieren que seamos desiguales, a los que nos niegan el agua de los trasvases y desean recortarnos la financiación. ¡Qué error, señor Chaves!
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