Estatuto de máximos por la mínima
El Pleno del Parlamento aprobará el martes el texto autonómico, que eleva el nivel de autogobierno de la comunidad a través de una serie de novedades que sólo cuentan con el apoyo de 67 de los 109 diputados

a. pizarro
cumbre. Chaves y el resto de líderes políticos, el 6 de marzo.
INMA CARRETERO
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sevilla. El Pleno del Parlamento de Andalucía vivirá el próximo martes una jornada histórica en la que, si no hay inesperados cambios de guión, aprobará la reforma de la norma que sirve de colchón al autogobierno andaluz. El Estatuto –cuyo articulado triplica el del texto que está en vigor (más que reformado, reescrito por los ponentes andaluces)– contiene los que están llamados a ser los fundamentos del autonomía andaluza en las próximas décadas, que serán enviados al Congreso por la mínima: los votos de los parlamentarios autonómicos de PSOE e IU sólo superan en uno los tres quintos del Pleno requeridos para la reforma estatutaria.

A este debate llegan vivas muchas enmiendas, no sólo de PP y PA que votaron contra el texto en la Comisión de Desarrollo Estatutario, sino también de IU, que mantiene reservas pese a su apoyo al contenido global. En la práctica, sin embargo, ya es casi imposible la búsqueda del acuerdo en Andalucía porque cualquier modificación sobre el texto aprobado en la Comisión debe producirse por unanimidad. Los obstáculos que han impedido hasta la fecha el sí de PP y PA a la propuesta de reforma no han variado mucho desde el inicio de las negociaciones: identificación de Andalucía, alcance de los derechos sociales, nivel competencial, descentralización hacia los ayuntamientos y garantías democráticas son algunos de los asuntos que han impedido que el Estatuto ruede por la senda del consenso.

MUno de lo temas que han centrado el debate político y mediático en las últimas semanas ha sido la fórmula planteada para el Preámbulo por el ex ministro de UCD Manuel Clavero, en la que se hace mención a la "realidad nacional" de Andalucía. No es ésa, sin embargo, la manera de identificar a la comunidad: el párrafo de marras maneja tal concepto de forma indirecta y dice que "la Constitución reconoce la realidad nacional de Andalucía como nacionalidad".

El PSOE, que abrazó esta vía como camino para atraer al PA hacia el sí, ha terminado por ver en este Preámbulo un arma defensiva contra eventuales agravios. De solución de compromiso, la "realidad nacional" ha pasado a ser irrenunciable para un PSOE-A dolido con las reacciones en el resto del país a cuenta de las aspiraciones autonomistas de Andalucía.

Esa firmeza socialista aleja, sin embargo, las posibilidades de acuerdo con el PP, que también rechaza el artículo 1 y el hecho de que, aunque ahí se identifique a la comunidad como "nacionalidad histórica", no se haga una reproducción de lo que dice la Constitución sobre la unidad de España en su artículo 2. Las ofertas de última hora del PSOE para incluir coletillas en el Preámbulo una alusión a la "unidad de España" y en el artículo 1 hablar de la "nación española" tampoco fueron aceptadas por el PP. El no del PA, en cambio, se justifica por todo lo contrario: Andalucía, dice, tiene que ser nación.

MDebate político y jurídico han ido de la mano en la redacción de este Estatuto. Ha sido de gran interés el suscitado a cuenta del Título de Derechos Sociales. De fondo, ha habido una pregunta: ¿se generan desigualdades entre españoles si se reconocen a los andaluces unos derechos que no tienen otros ciudadanos? En ese razonamiento se ha basado gran parte de la reserva del PP a apoyar algunos puntos de este título, en los que se ha opuesto a otros artículos por cuestión ideológica (derecho a una muerte digna o laicidad de la educación). En el caso del PA, la crítica a los derechos sociales previstos en el Estatuto viene por defecto: consideran que no son equiparables a los previstos en el texto catalán.

MDonde mayores dudas de constitucionalidad han tenido los populares es en el Título de Competencias. El debate se ha centrado en cuál es el máximo techo de autogobierno que permite la Carta Magna: el PP considera que se ha superado con creces con algunas de las potestades señaladas en el Estatuto –teme que la legislación básica del Estado se quede en una mera enunciación de principios– y el PA, en cambio, cree que queda margen para llegar al techo fijado por el Estatut, que cuenta con los parabienes del Congreso. El PSOE contraataca con un argumento: las enmiendas populares ni siquiera llevan el texto andaluz al nivel del Estatuto valenciano, pactado por populares (con mayoría absoluta) y socialistas.

El texto aprobado con los votos de PSOE e IU está inspirado en el método catalán, buscando un blindaje de las competencias autonómicas a través del detalle de éstas. Cerrado ya el debate del Estatut, ambas formaciones han elevado la reforma andaluza al nivel de autogobierno que consideran que tiene el visto bueno del Congreso. Fruto de esta operación, por ejemplo, surge la apuesta socialista por asumir la gestión de los permisos de trabajo en materia de inmigración.

MTambién ha sido significativo el cambio de posiciones del PSOE respecto al papel de los ayuntamientos en el Estatuto. Sólo IU ha avalado, sin embargo, las cesiones socialistas, que pasan por detallar el núcleo competencial propio de los municipios –aunque sin citar potestades transferibles, como piden PP y PA– y abrir la puerta a la participación de las arcas locales en los tributos de la Junta. Queda pendiente la reclamación de que puedan optar al pastel total de ingresos de la comunidad autónoma. Ayer mismo, alcaldes populares firmaron un manifiesto contra la reforma debido a las carencias de este punto.

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EL PROCESO de reforma de los Estatutos de autonomía se está desarrollando en una dinámica imparable. Habrá cola por entrar en pista en las Cortes Generales. Ha sido alentado desde el Gobierno como consecuencia de un compromiso electoral, que no figuraba en el programa del PP, reclamado por los socialistas catalanes. También era un compromiso la reforma de la Constitución en cuatro puntos. Uno de ellos relativo a incluir la denominación de las comunidades autónomas, para lo que se solicitó un informe del Consejo de Estado. Lo congruente, desde una visión general del Estado, hubiera sido esperar al informe antes de promover la reforma de ningún Estatuto. No ha sido así.

La petición de constitucionalizar a las comunidades autónomas podía atenderse con facilidad. Bastaba con incorporar a la Constitución una disposición adicional, dejando intacto el texto. No era una fórmula inocua. Quedaría fijada la organización territorial del Estado, con la inclusión de Ceuta y Melilla. El Gobierno preguntó, además, sobre las consecuencias jurídicas que produciría la constitucionalización de las autonomías, lo que proporcionó al Consejo la ocasión de realizar amplias reflexiones sobre el Estado autonómico. El informe no es vinculante para el Gobierno y, por supuesto, es discutible. Aunque va a ser objeto de estudio por quién lo pidió, se han adelantado opiniones de signo opuesto por los dos partidos mayoritarios.

Se ha propuesto reintroducir el recurso previo de inconstitucionalidad, que habría de interponerse contra el texto de reforma de Estatuto aprobado por las Cortes Generales y antes del referéndum, cuando se requiera, como sucede con el Estatuto catalán. El PP se ha apuntado a la sugerencia. El Gobierno la ha rechazado. No resulta exagerado presumir la dificultad de prosperar que tiene un recurso de inconstitucionalidad contra un Estatuto aprobado por el pueblo catalán. Su estimación provocaría un conflicto de profundo calado. Al no admitir aquella propuesta, se juega a la práctica de los hechos consumados.

La hoja de ruta que se sigue tiene un fin no visualizable, pero no indeterminado. De momento, por un efecto de simpatía, también estimulado por el partido en el Gobierno de la Nación, la realidad nacional se acoge en Andalucía, y es previsible que se extienda a Canarias, Aragón, ¿Galicia?¿ No parece que sea asumida por todas las comunidades, con lo que se tranquiliza sobre la ruptura de España. La conquista catalana se devalúa, como ha manifestado ERC, y con ello, de paso, se procura contrarrestar el sentimiento que afloró en la sociedad por la solución singular dada a Cataluña. Domina el cálculo electoral.

El informe del Consejo de Estado contiene también la posible derogación de la disposición cuarta de la Constitución relativa a Navarra. Su mantenimiento hace posible la hipótesis de que socialistas, aberzales y aliados, si tienen mayoría en las elecciones autonómicas, pongan en marcha el mecanismo de incorporación de Navarra a la Comunidad Autónoma vasca, con su voto en el Parlamento y en el correspondiente referéndum. Operación arriesgada, que puede utilizarse, al menos, como señuelo de negociación, envuelta en la ambigüedad.

Las consecuencias no serán virtuales
Juan Carlos Girauta

Está en el origen de esta involución el apego insensato de la izquierda y los nacionalismos a un error que la nación había pagado ya muy caro: el sometimiento moral y simbólico de la derecha, su premeditada expulsión del sistema. La revolución en marcha es de nuevo cuño, posmoderna y, en gran medida, virtual. Pero no lo serán sus consecuencias. Presenciaremos efectos bastante tradicionales: degradación política, creciente abuso de poder, violación flagrante e impune de las leyes, derrumbe de legitimidad, desprestigio institucional y un período de general incertidumbre (mortífero en lo económico, en el menor de los casos) donde la defensa de derechos y libertades en peligro de desaparecer por el desagüe de la fractura territorial se convertirá en cuestión urgente y capital. Esto no es extraño; la cuestión capital siempre es la libertad, las libertades individuales, aunque las sociedades acomodaticias no reparen en ello mientras no las vean muy seriamente amenazadas. Y algunas, ni siquiera con las amenazas consumadas.

Está en el origen de esta involución el apego insensato de la izquierda y los nacionalismos a un error que la nación había pagado ya muy caro: el sometimiento moral y simbólico de la derecha, su premeditada expulsión del sistema, amortiguada con prebendas a algunos de sus actores políticos, medios de referencia y eventuales financiadores. Lo sabido: la habitual administración de amenazas y promesas para consolidar una desigualdad estructural.

I) LOS POLÍTICOS DIALOGANTES DEL PP

Si los votantes, los militantes y los directivos del PP tuvieran un cauce para manifestar su opinión, sin desestabilizar a Mariano Rajoy y sin poner en riesgo la unidad del partido al que votan o pertenecen, personas como Piqué y Ruiz Gallardón habrían desaparecido hace mucho tiempo de los órganos de dirección de ese partido.

En un arrebato de confusión, un Ruiz Gallardón, descentrado por las alabanzas de Prisa, creyó, hace tres años, que su personalidad era tal que podía enfrentarse con éxito a Esperanza Aguirre –que sí representa a los militantes del PP– para conseguir el liderazgo del PP de Madrid. Fue laminado. No le apoyaron ni sus hombres de confianza. Pero Mariano Rajoy lo rescató, como representante no se sabe muy bien de qué ni por consejo de quién.

Piqué, por su parte, sabe que no cuenta con ningún apoyo en el PP, ni en el nacional ni, por supuesto, en el catalán pero, con su mayor experiencia política, nunca se enfrentará en una votación abierta a quien sí represente al PP. Sea quien sea. Sabe que perdería siempre.

Ambos, junto con otros menos significados, aunque no menos importantes, son parte de la materia blanda del PP. Su ideología es el diálogo. Diálogo, con todos, menos con los votantes, los militantes y los directivos de su partido. Tienen aliados importantes. Les acompañan –por contraponerlos a los firmes del PP– el PSOE de Rodríguez Zapatero y los nacionalistas autodenominados moderados, tipo Durán i Lleida. Reciben elogios y ánimo de los medios de comunicación de Prisa, de las televisiones públicas y de los asimilados y, ahora, con más intensidad que antes, de Vocento, a través del periódico ABC. Y, naturalmente también les apoyan un grupo de empresarios, siempre cercanos al poder del momento.

II) EL DERROTISMO COMO ESTRATEGIA

Singularmente llamativa es la toma de posición del nuevo ABC de Vocento, que ha pasado de ser un periódico conservador y monárquico a defender posturas de enorme ambigüedad. Ahora atacan el liderazgo de Mariano Rajoy, tanto directamente como mediante la crítica a la supuesta radicalidad de los principales dirigentes del PP, Acebes, Zaplana y la propia Esperanza Aguirre, así como a todos los que defienden posturas de firmeza antes temas como los atentados del 11M. Sus ataques a la COPE y a Federico Jiménez Losantos son una cortina de humo. Por supuesto que saben que si la COPE y Jiménez Losantos desparecieran todo sería mucho más fácil para sus candidatos a dirigir el PP. Pretenden ese cambio de liderazgo no a través de una confrontación de ideas, sino mediante un golpe palaciego, que situaría en puestos de la máxima responsabilidad a personajes como Piqué y Ruiz Gallardón.

La estrategia de la parte blanda del PP y sus aliados pasa por convencer al PP y a sus posibles votantes de que las próximas elecciones generales están perdidas. Pasa por convencer a oyentes y lectores de todo tipo de medios de comunicación de que no debería plantearse la próxima confrontación electoral por parte del PP sobre la defensa de la Constitución del 1978, o sobre la propuesta de un nuevo texto constitucional que, al tiempo que recupere las competencias imprescindibles para que el gobierno central, pueda proponer políticas nacionales, y asegure la libertad y la igualdad entre todos los españoles. La estrategia pasa por mantener que los atentados políticos del 11 de marzo de 2004 ya están esclarecidos. La estrategia pasa por convencer a los votantes moderados de que el engendro confederal en que se está convirtiendo la nación española es constitucional.

La decisión de intentar romper España, de expulsar de la vida pública al PP y a la mitad de la población española, se tomó por Prisa y el PSOE hace mucho tiempo. Y ha tenido éxito en lo que se refiere a la unidad política de España, pues la Constitución de 1978 es papel mojado; pero ha fallado estrepitosamente en su intento de expulsar a todo lo que representa el PP de la vida pública. Los votantes del PP no han dejado de apoyar el partido al que votaron en las elecciones de 2004. Incluso ha aumentado, según las encuestas de estos dos últimos años, su intención de voto, hasta igualar o superar a la del PSOE. Una mayoría de votantes siguen unidos sólidamente –para desesperación del PSOE– en defensa de la libertad y la igualdad entre todos los españoles. El aumento de la intención de voto al PSOE, tras la rendición del gobierno a ETA-Batasuna, vendido como alto el fuego permanente por parte de una banda terrorista que ya había sido derrotada policial y políticamente por los gobiernos del PP, es un fenómeno puntual, que refleja el deseo de paz de los españoles y que desaparecerá una vez que se asimile que esa tregua es sólo un paso más para la ruptura del orden constitucional, tras la aprobación del Estatuto de Cataluña.

III) LAS NUEVAS SEÑAS DE IDENTIDAD MONÁRQUICA

Esa estrategia de romper el PP ha recibido otro apoyo adicional por parte del ABC de Vocento. En su caso, pasaría por convencer a sus lectores de que, por más que la unidad de España se haya roto, no ha ocurrido nada irreparable y que los que presentan la actual situación política española con la gravedad que tiene, son radicales extremistas que alimentan el enfrentamiento entre españoles. Y quieren transmitir la impresión de que la Corona estaría dispuesta a adaptarse a ese magma en el que confluyen aspectos confederales y otros que supone la independencia de parte de las actuales autonomías españolas. En esa nueva confederación de países hispánicos, los Borbones pasarían a ser los Austrias, aunque sin ninguna responsabilidad ni capacidad de representación. Y España, en lugar de ser una nación pasaría a ser un conjunto de diferentes naciones, a las que uniría, en teoría, una monarquía aceptada, básicamente, y ante todo, por la izquierda y los nacionalistas. A cambio, la Corona debería permanecer en silencio mientras se consuma la ruptura del consenso constitucional y de la propia Constitución de 1978.

Una posición de ese tipo acerca al ABC a los medios de Prisa, que no son, por supuesto, monárquicos. Para Prisa y para el PSOE, el de siempre y el de Rodríguez Zapatero, la monarquía es una institución aceptable sólo en la medida en que legitime el supuesto derecho perpetuo de la izquierda a gobernar en España. Si la monarquía acepta ese papel será respetada. Si no lo hace, será atacada sin piedad. Para la izquierda, la monarquía tiene asignado el papel de recordar a los españoles que la única legitimidad, digan lo que digan las urnas, es la que ellos encarnan.

Un triste final para un periódico que quizá está adaptándose ya a la nueva realidad política española, pues podría estar ocurriendo que sea ahora preponderante el papel de los consejeros vascos con inclinaciones nacionalistas sobre los españolistas. Lo que tiene lógica, económica y empresarial pues, para un medio de comunicación con domicilio social en el País Vasco, si España desaparece como unidad política y ese País Vasco consigue que le otorguen la independencia , lo más práctico sería tener las mejores relaciones posibles con cualquier gobierno vasco, que será, a imagen y semejanza de lo que se deriva del Estatuto de Cataluña, un gobierno intervencionista y capaz de una infinita corrupción; un gobierno con el que habría que pactar para sobrevivir.

IV) EL OBJETIVO DE LOS PRÓXIMOS MESES: QUEBRAR LA UNIDAD DEL PP

En cualquier caso, el objetivo básico de los medios de comunicación cercanos al PSOE es convencer al PP de que las próximas elecciones generales ya las ha perdido y de que Mariano Rajoy tiene que rodearse de gente blanda. De que ese nuevo PP tiene que aceptar ser la oposición parlamentaria de forma indefinida, mientras el gobierno se lo reparten socialistas y nacionalistas. El papel del PP sería el que ya tuvo AP, con Fraga a la cabeza, durante los gobiernos de Felipe González.

Esos objetivos, junto con la afirmación de que el Estatuto de Cataluña y otros similares que se aprobarán próximamente, empezando por uno para el País Vasco y siguiendo, si hay tiempo parlamentario, con Galicia, Canarias y Andalucía, son y serían, en su caso, constitucionales, es el centro de la estrategia del gobierno. Y de que no pasa nada. Que España seguirá funcionando igual, con Constitución o sin ella. Y, desgraciadamente, en el corto plazo eso es así. Aunque sea radicalmente falso en otros plazos algo más extensos.

Esa estrategia pasa por la eliminación de personas como Acebes y Zaplana y, si pudieran, por la de Esperanza Aguirre y otros líderes constitucionalistas del PP. La teoría, repetida machaconamente, a todas horas y en todos lo medios, es que Acebes, por ejemplo, no puede seguir, por haber sido el portador de las malas noticias de los atentados y porque como ministro del Interior no controló a los terroristas. Una tremenda tergiversación, porque durante el ministerio de Acebes ETA fue derrotada y un atentado político como el que se produjo, por lo que vamos conociendo, no era prevenible, tal y como están demostrando los artículos, entre otros, de Luis del Pino en Libertad Digital. Y a Zaplana no se le perdona que haya sido el portavoz del PP en la comisión de investigación del 11M. La campaña está destinada a los militantes y directivos del PP más que a los votantes, que nunca decidirán su voto por la personalidad de un dirigente determinado, sino por principios éticos o por intereses personales. Los organizadores de la campaña saben que el PP se mantiene unido por la fidelidad y firmeza de personas como Acebes, Zaplana y Esperanza Aguirre. Y saben, también, que un equipo directivo blando resultaría en la división del partido y el nacimiento de partidos conservadores regionalistas, que se corromperían con facilidad. Los que critican a los supuestamente duros y aparentemente quemados directivos del PP tienen por objetivo último romper el PP. Son enemigos de un partido conservador y liberal unido con ejemplar solidez. Son los enemigos de la Constitución de 1978.

Pero no sería bueno olvidar, en esta tesitura, una realidad política, constatable una y otra vez: las elecciones rara vez se ganan por la oposición. En la mayoría de las ocasiones no tiene la menor importancia incluso quien sea el líder de la oposición. Y quienes sean sus segundos o terceros es absolutamente irrelevante en el momento de decidir a quién votar; o mejor, a quién negar el voto. Las elecciones las suelen perder los gobiernos, como hemos tenido ocasión de comprobar en España en 2004, aunque haya sido necesario asesinar a 192 personas.

SANTANDER, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El historiador Fernando García de Cortázar y el filósofo Gustavo Bueno defendieron hoy la vigencia de la nación española frente al empeño del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por "diluirla" y por actuar de "campana de resonancia" de ideas "minoritarias" que no habrían alcanzado la fuerza que ahora tienen si no fuera por la "vitola" que les han dado el PSOE e Izquierda Unida.

Los dos pensadores, patronos de honor de la Fundación DENAES para la defensa de la nación española, plasmaron estas reflexiones y otras críticas ante el auge de los nacionalismos con motivo de la presentación en Cantabria de DENAES, una fundación cuya constitución se formalizó el mismo día en que ETA anunció su alto el fuego, pero que venía trabajando en favor de la unidad de España a través de la Plataforma para la Unidad y la Libertad, que fue su germen.

En su intervención, García de Cortázar alertó de que la nación se encuentra actualmente ante "la batalla cultural más importante" desde el año 1978, debido al "esfuerzo" que se está haciendo por "someter a desautorización permanente la palabra España".

A su juicio, se trata de un momento de "peligro", después de "mucho tiempo tragando la humillación y vejación política y verbal de silenciar España" para hablar en su lugar del 'estado español' y también tras el proceso iniciado en las reformas de los estatutos para definir a las comunidades como nacionalidades. "Pobre Andalucía" que ahora va a ser una 'realidad nacional', lamentó al respecto.

A ello se unen, según dijo, otras expresiones que se han "colado" en el léxico "sin pagar ningún tipo de aduanas", que llevan a hablar de 'proceso de paz', cuando no ha habido una guerra; así como la "exageración artificial de las diferencias", cuando en España las diferencias no van más allá "del folclore o la gastronomía".

Para García de Cortázar, el "problema" y "la gran tragedia de España" es que los nacionalismos "han atraído a una izquierda torpe". Por ello, abogó por enviar al presidente de la Generalitat, Pascual Maragall, y a otros socialistas "las obras completas de Pablo Iglesias", para que vean cómo se refería él a España.

Por su parte, Gustavo Bueno responsabilizó de la situación actual al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al que se refirió como un "individuo" al que se le ha ocurrido "la empresa de diluir la nación española". También criticó al presidente andaluz, Manuel Chaves, por la propuesta de reforma del estatuto de Andalucía en la que se define a la comunidad como 'realidad nacional'.

Ánxel Vence

Probablemente muchos no lo advirtiesen aún, pero lo cierto es que ya han comenzado los trabajos preparatorios para la reforma del Estatuto de Galicia. El entusiasmo de la población resulta perfectamente descriptible; y tampoco es menor la apatía de quienes participan en la faena. De hecho, varios de los llamados a comparecer ante la comisión han preferido quedarse en casa.

Contrasta esta desgana -tan escépticamente gallega- con el ardor que algunos diputados ponen en debatir la reforma de la carta autonómica. De momento, ya han dejado claro que el nuevo Estatuto debe ser de más enjundia que el andaluz y en ningún caso inferior en competencias al de Cataluña. Parece una competición algo pueril por ver quién tiene la ley más larga y bonita, pero es lo que hay.

Paradójicamente, la apertura del proceso de revisión del Estatuto no responde a demanda alguna nacida de la sociedad gallega, sino al efecto de emulación que han desatado las demandas de otros reinos autónomos. No se trata de una decisión autónoma, sino inducida desde el exterior; y tal vez eso explique el magro interés que suscita.

Aun así, la idea pudiera resultar menos artificial si se hubiese abordado de otro modo y en otro tiempo. Y es que, un cuarto de siglo después de su aprobación, parece razonable que al actual Estatuto se le haga una buena revisión de motor, chapa y pintura. Lo malo es que esa ITV se plantee con el solo objetivo de que el coche autonómico gallego corra tanto o más que el de mayor velocidad de la Península, en lugar de atender -como acaso sería lógico- a las necesidades propias de las carreteras del país.

Las comparaciones no sólo resultan odiosas sino también inútiles en cuestiones políticas como ésta. Cada reino autónomo tiene sus peculiaridades, y en el caso de Galicia son lo bastante llamativas como para hacer imposible cualquier parangón con Andalucía, Cataluña o no importa cuál otro territorio.

A diferencia de lo que ocurre en el resto de la Península, la reforma del Estatuto exige inexcusablemente en Galicia el beneplácito del único partido de la oposición. Los conservadores poseen la mitad de los escaños del Parlamento y, si bien les falta uno para gobernar, su enorme minoría les permite decidir en última instancia sobre los asuntos de cierto calado. Y el cambio del marco autonómico legal lo es, sin duda.

De todo ello se deduce fácilmente que no tiene el menor sentido tomar como referencia a Cataluña -donde el nacionalismo es hegemónico- o a Andalucía, que cuenta con una copiosa mayoría de izquierda suficiente para bautizar de "realidad nacional" o de lo que le pete a su territorio.

El nombre de la cosa va a ser justamente el primero de los acuerdos que se adivinan difíciles -por no decir improbables- en el caso de Galicia. Los nacionalistas, lógicamente, quieren llamar nación a este reino; en tanto que los conservadores tachan de irrelevante ese asunto y los socialdemócratas dicen que por un lado ya usted ve, y por el otro, qué quiere que le diga.

Con semejante planteamiento de entrada, mucho es de temer que la simple aprobación del preámbulo de la nueva ley autonómica ocupe semanas o acaso meses de arduas discusiones. Y después aún habrá que despachar varias decenas de artículos, detallar competencias, acordar matices de redacción y poner, en fin, de acuerdo a los dos partidos minoritarios que gobiernan y al mayoritario de la oposición. Peculiaridades de Galicia, como ya se

dijo.

No habrá de extrañar que tamaño enredo produzca un cierto hastío incluso antes de que comiencen las faenas de aliño del nuevo Estatuto. Difícil será, eso sí, que el desinterés de la ciudadanía llegue a las proporciones siderales alcanzadas durante la aprobación -hace veinticinco años- del que ahora está vigente. Siempre es un consuelo.