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EL PROCESO de reforma de los Estatutos de autonomía se está desarrollando en una dinámica imparable. Habrá cola por entrar en pista en las Cortes Generales. Ha sido alentado desde el Gobierno como consecuencia de un compromiso electoral, que no figuraba en el programa del PP, reclamado por los socialistas catalanes. También era un compromiso la reforma de la Constitución en cuatro puntos. Uno de ellos relativo a incluir la denominación de las comunidades autónomas, para lo que se solicitó un informe del Consejo de Estado. Lo congruente, desde una visión general del Estado, hubiera sido esperar al informe antes de promover la reforma de ningún Estatuto. No ha sido así.

La petición de constitucionalizar a las comunidades autónomas podía atenderse con facilidad. Bastaba con incorporar a la Constitución una disposición adicional, dejando intacto el texto. No era una fórmula inocua. Quedaría fijada la organización territorial del Estado, con la inclusión de Ceuta y Melilla. El Gobierno preguntó, además, sobre las consecuencias jurídicas que produciría la constitucionalización de las autonomías, lo que proporcionó al Consejo la ocasión de realizar amplias reflexiones sobre el Estado autonómico. El informe no es vinculante para el Gobierno y, por supuesto, es discutible. Aunque va a ser objeto de estudio por quién lo pidió, se han adelantado opiniones de signo opuesto por los dos partidos mayoritarios.

Se ha propuesto reintroducir el recurso previo de inconstitucionalidad, que habría de interponerse contra el texto de reforma de Estatuto aprobado por las Cortes Generales y antes del referéndum, cuando se requiera, como sucede con el Estatuto catalán. El PP se ha apuntado a la sugerencia. El Gobierno la ha rechazado. No resulta exagerado presumir la dificultad de prosperar que tiene un recurso de inconstitucionalidad contra un Estatuto aprobado por el pueblo catalán. Su estimación provocaría un conflicto de profundo calado. Al no admitir aquella propuesta, se juega a la práctica de los hechos consumados.

La hoja de ruta que se sigue tiene un fin no visualizable, pero no indeterminado. De momento, por un efecto de simpatía, también estimulado por el partido en el Gobierno de la Nación, la realidad nacional se acoge en Andalucía, y es previsible que se extienda a Canarias, Aragón, ¿Galicia?¿ No parece que sea asumida por todas las comunidades, con lo que se tranquiliza sobre la ruptura de España. La conquista catalana se devalúa, como ha manifestado ERC, y con ello, de paso, se procura contrarrestar el sentimiento que afloró en la sociedad por la solución singular dada a Cataluña. Domina el cálculo electoral.

El informe del Consejo de Estado contiene también la posible derogación de la disposición cuarta de la Constitución relativa a Navarra. Su mantenimiento hace posible la hipótesis de que socialistas, aberzales y aliados, si tienen mayoría en las elecciones autonómicas, pongan en marcha el mecanismo de incorporación de Navarra a la Comunidad Autónoma vasca, con su voto en el Parlamento y en el correspondiente referéndum. Operación arriesgada, que puede utilizarse, al menos, como señuelo de negociación, envuelta en la ambigüedad.

Las consecuencias no serán virtuales
Juan Carlos Girauta

Está en el origen de esta involución el apego insensato de la izquierda y los nacionalismos a un error que la nación había pagado ya muy caro: el sometimiento moral y simbólico de la derecha, su premeditada expulsión del sistema. La revolución en marcha es de nuevo cuño, posmoderna y, en gran medida, virtual. Pero no lo serán sus consecuencias. Presenciaremos efectos bastante tradicionales: degradación política, creciente abuso de poder, violación flagrante e impune de las leyes, derrumbe de legitimidad, desprestigio institucional y un período de general incertidumbre (mortífero en lo económico, en el menor de los casos) donde la defensa de derechos y libertades en peligro de desaparecer por el desagüe de la fractura territorial se convertirá en cuestión urgente y capital. Esto no es extraño; la cuestión capital siempre es la libertad, las libertades individuales, aunque las sociedades acomodaticias no reparen en ello mientras no las vean muy seriamente amenazadas. Y algunas, ni siquiera con las amenazas consumadas.

Está en el origen de esta involución el apego insensato de la izquierda y los nacionalismos a un error que la nación había pagado ya muy caro: el sometimiento moral y simbólico de la derecha, su premeditada expulsión del sistema, amortiguada con prebendas a algunos de sus actores políticos, medios de referencia y eventuales financiadores. Lo sabido: la habitual administración de amenazas y promesas para consolidar una desigualdad estructural.

L D (EFE) El socialista Rafael Simancas que será nombrado oficialmente candidato socialista a la presidencia de la Comunidad el 22 de mayo, defendió que Madrid no debe dar "ni un paso menos" que Cataluña en financiación autonómica y dijo tener en la "cabeza" el Gobierno que nombrará, si gana, que contaría con una "vicepresidenta" y sería "paritario". A su juicio, "la fórmula de Cataluña interesa a Madrid", en tanto que supone una "mayor participación en la cesta de impuestos, mayor capacidad en la regulación de determinados impuestos, como el IVA, y la garantía del Gobierno de un nivel de inversiones a la altura de la participación porcentual en el PIB global durante un tiempo determinado".

"Yo lo haré cuando sea presidente y, si Esperanza Aguirre fuera inteligente y antepusiera los intereses generales a sus intereses políticos y electorales, acordaría con nosotros esa posición para llevarla al Consejo de Política Fiscal y Financiera", aseveró. Simancas, que se ha puesto el "reto" de obtener la "mayoría absoluta" en 2007, dijo que sólo se planteará la posibilidad de gobernar con IU después de las elecciones, aunque reconoció que no rechazaría su apoyo para ser investido presidente.

"Nos hemos planteado el reto de la mayoría absoluta"

"Nos hemos planteado el reto de la mayoría absoluta, porque nuestra alternativa merece esa confianza y el PP ha hecho méritos para obtener un castigo importante por parte de la ciudadanía. Más allá he escuchado a los responsables de IU decir que no van a permitir por activa ni por pasiva que gobierne el PP, que apoyarían la investidura de un presidente socialista, y yo no rechazaría esos votos", explicó.

Si bien se declaró "muy escéptico" con los resultados de las encuestas, aseguró que reflejan que ha habido un "punto de inflexión" beneficioso para el PSM a partir del alto el fuego permanente de ETA y de la aprobación en el Congreso del proyecto de Estatuto catalán. "El lapso de veinticuatro horas en el que coincidió el anuncio del alto el fuego permanente de ETA con la aprobación en el Congreso del proyecto de Estatuto para Cataluña generó una corriente de apoyo importante para el Partido Socialista, porque el PP, especialmente en Madrid, había confiado su estrategia al desgaste de la marca PSOE y quedó descolocado y con escasa credibilidad", argumentó.

Entre los compromisos que adoptará como candidato, destacó los de llegar en oferta de escolarización infantil al 40 por ciento de la población de 0 a 3 años, presentar en el primer mes de gobierno una Ley de Plazos Máximos de Espera en la Sanidad y aprobar en el primer año un Plan Regional de Estrategia Territorial, que encargará a los rectores de las universidades públicas madrileñas.

"Acabaré con todas las camas de pasillos en las Urgencias"

También se comprometió a "acabar con todas las camas de pasillos en las Urgencias hospitalarias" y a que los libros de texto sean "gratuitos" tanto en los centros públicos, como en los concertados. Abogó por "contar con la enseñanza concertada", por "dotarla de más recursos y ayudas, si colabora con la administración", y por efectuar nuevos conciertos "sólo donde no pueda llegar la enseñanza pública". También advirtió también de que la "principal amenaza al medio ambiente en la región es desarrollo urbanístico especulativo y desaforado" y de que "no va a haber agua para abastecer a todos los desarrollos urbanísticos que el PP está promoviendo en Madrid".