Cosa de políticos

SI no fuera porque Alfonso Guerra está decidido a mantenerse como diputado en el Congreso hasta su jubilación, sería cuestión de enaltecer su coherencia ideológica y política en esta coyuntura en la que abunda el travestismo y la carrera en pelo hacia la última moda, moda que en este caso es la obsesión por el centrifugado del Estado y la autoafirmación nacionalista. Iba a escribir "regionalista", pero es absurdo, porque nadie acepta hoy ser una región de España. A todos les parece poco. La duda está entre definirse como nación, nacionalidad histórica o realidad nacional.

A Alfonso estas querencias identitarias le parecen una mercancía trasnochada. Aún recuerdo cómo se indignó cuando Rafael Escuredo, presidente de la Junta de Andalucía, impuso en un congreso celebrado en Granada poco antes de las elecciones autonómicas de 1982 que el PSOE se hiciera andalucista, al menos en la definición. Si ya Maragall le habrá producido urticaria con su Estatut nacionalista, en el caso de su tierra la ortiga se le habrá vuelto úlcera, porque aquí, además, concurre otra circunstancia agravante: su enemistad manifiesta con Manuel Chaves, aquel viejo aliado que, converso al credo de la renovación, desalojó del poder a los guerristas a mediados de los noventa en otro congreso (curiosamente, también en Granada).

Por eso ahora, cuando lee que Chaves, en las negociaciones para la reforma del Estatuto de Autonomía, se saca de la manga que Andalucía es una realidad nacional –¡y para atraerse, dice, a los pequeños andalucistas!– salta como un resorte. El caso es que está absolutamente en lo cierto cuando afirma que el debate acerca de tan sesuda materia de identificación patria pertenece en exclusiva a los políticos, mientras que los andaluces, con su conocida vocación universalista, no se sienten concernidos. Su conclusión lógica se acerca peligrosamente a las acusaciones del PP: si no existiera lo que existe en el preámbulo del Estatuto catalán, Chaves hubiera mantenido lo que ha defendido hasta antier mismo, a saber, que Andalucía es una nacionalidad dentro de la nación española.

Pero el peligro es teórico. Cuando el texto estatutario aprobado por el Parlamento andaluz, con la bandera de la realidad nacional por delante, llegue al Congreso de los Diputados, Alfonso Guerra dirigirá los debates en su condición de presidente de la Comisión Constitucional, y allí votará lo que ya han pactado Zapatero y Chaves, lo que sugirió a su forma Escuredo en el congreso de Granada, es decir, que Andalucía es una realidad nacional como la copa de un pino, que esta definición será un avance progresista en la nueva definición del Estado de las Autonomías y que por eso el PP retrógrado se opondrá en solitario.

Uno de cada dos españoles, en desacuerdo con el Estatuto

Un 48,8% afirma estar disconforme con que el Congreso lo haya aprobado. Casi la mitad (el 45,3%) considera que el texto debilita la unidad territorial.

* REDACCIÓN (30/04/2006)

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La mayoría de los españoles encuestados (un 48,8%) están en desacuerdo con la aprobación del Estatuto de Cataluña por el Congreso de los Diputados. Un porcentaje sensiblemente inferior (el 36,8%), se muestra a favor. El sondeo registra un 6% de indiferentes y un 8,4% que no saben o no contestan.

Los porcentajes de desacuerdo son especialmente altos entre los hombres (el 51,8%), los encuestados de 60 o más años (el 56,8%), de estatus económico alto o medio-alto (el 49,8%), nivel de estudios alto (el 51,1%), castellanos y madrileños (el 62,5% y el 61,9%, respectivamente), los votantes del PP (el 85,9%) y quienes se sitúan en el centro y la derecha del espectro ideológico.

UNA CARTA CONSTITUCIONAL En cambio, una mayoría del 44,4% de los encuestados (5 puntos más que en el barómetro de febrero) creen que el texto aprobado está dentro de la Constitución, frente a un 33,9% que opinan que es inconstitucional.

En el ámbito territorial, sólo vascos y catalanes (el 73,6% y el 67,7%, respectivamente) arrojan mayorías absolutas a favor de que el Estatuto catalán está dentro de los límites de la Carta Magna española. En otras autonomías, los que se pronuncian por la constitucionalidad son relativas: Andalucía (el 42,4% de los preguntados creen que es constitucional, frente al 37,2% que dicen que no lo es) y Galicia (el 39,7% y el 32,4%).

En la Comunidad Valenciana empatan las dos opciones, con un 39,8% de respuestas cada una. Madrid, con el 33,6% y el 50% a favor y en contra, respectivamente, y las dos Castillas, con el 32,7% y 44,2%, de que el texto es acorde con la Constitución, son los territorios donde las respuestas reflejan una mayoría de opiniones críticas con el Estatuto. En el resto, a favor y en contra están, respectivamente, el 37% y el 36,2%.

Una mayoría relativa (el 45,3%, 9 puntos menos que en el barómetro publicado en febrero pasado) opina que el Estatuto debilita la unidad de España. Por contra, crece espectacularmente (del 11% al 33,4%) la opinión de que la normativa catalana, tras su paso por el Congreso, no afecta a la unidad de España. Pero, en cambio, baja (del 21,7% al 11,5%) el porcentaje de quienes creen que el Estatuto fortalece la unidad del Estado español.

ESPAÑA, UNA ÚNICA NACIÓN Algo más de la mitad de los españoles consultados (un 50,9%) consideran que España es una única nación, por un 43,6% que creen que es un Estado plurinacional. El Barómetro de Primavera arroja un cierto retroceso de la visión unitaria de España en comparación con el barómetro anterior, un reflejo quizá de que el debate sobre el Estatuto ya no es tan vivo como meses atrás.

La pregunta divide a los votantes del PSOE, aunque son más quienes ven a España como un Estado plurinacional: el 50%, frente al 44,1%. Entre el electorado del PP, en cambio, quienes la ven como una única nación son una amplia mayoría: el 78,7%, frente al 16,9%. De entre los electores de los partidos de ámbito estatal, los de IU son los que arrojan mayor porcentaje de quienes ven España como un Estado plurinacional (el 70,3%, frente al 21,6% que la contempla como una única nación).

Los españoles se muestran divididos a la hora de valorar la actuación de José Luis Rodríguez Zapatero en el asunto del Estatuto catalán. Un tercio la considera buena o muy buena (3 puntos más que en febrero), pero un 37,2% la califica de mala o muy mala. Más críticos se muestran los encuestados con la actitud de Mariano Rajoy y el PP: el 48,9% la considera mala o muy mala y el 21%, buena o muy buena.

La cota de aceptación más alta de la actuación del presidente del Gobierno en materia estatutaria la arrojan los electores de CiU, de los que el 83,3% confiesan que ha sido buena o muy buena. A los convergentes les siguen los votante de IU-ICV, con un 67,6% de satisfechos. En tercer lugar figuran los electores del PNV (el 55,6%), los del PSOE, quienes, con el 49,7% de respuestas positivas, no llegan a la mayoría absoluta, y los de Esquerra Republicana de Cataluña, con el 40%, el mismo porcentaje que los votantes republicanos que la tachan de ni buena ni mala.

Destaca el alto índice de votantes socialistas (el 20,3%) que califican de mala o muy mala la actitud de José Luis Rodríguez Zapatero, tres décima más que en el caso de los votantes de ERC. Los más refractarios son los electores del PP: el 73,1% de respuestas críticas, frente al 6,4% de laudatorias.

ESTADO AUTONÓMICO La visión unitarista de la mayoría de los encuestados no impide un apoyo notablemente elevado al Estado autonómico: dos de cada tres encuestados (el 66,9%) están de acuerdo en que las comunidades puedan incrementar sus competencias. Hay mayoría incluso entre los electores del PP (el 47,8%, frente al 43% que están en contra).

SANTANDER, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El historiador Fernando García de Cortázar y el filósofo Gustavo Bueno defendieron hoy la vigencia de la nación española frente al empeño del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por "diluirla" y por actuar de "campana de resonancia" de ideas "minoritarias" que no habrían alcanzado la fuerza que ahora tienen si no fuera por la "vitola" que les han dado el PSOE e Izquierda Unida.

Los dos pensadores, patronos de honor de la Fundación DENAES para la defensa de la nación española, plasmaron estas reflexiones y otras críticas ante el auge de los nacionalismos con motivo de la presentación en Cantabria de DENAES, una fundación cuya constitución se formalizó el mismo día en que ETA anunció su alto el fuego, pero que venía trabajando en favor de la unidad de España a través de la Plataforma para la Unidad y la Libertad, que fue su germen.

En su intervención, García de Cortázar alertó de que la nación se encuentra actualmente ante "la batalla cultural más importante" desde el año 1978, debido al "esfuerzo" que se está haciendo por "someter a desautorización permanente la palabra España".

A su juicio, se trata de un momento de "peligro", después de "mucho tiempo tragando la humillación y vejación política y verbal de silenciar España" para hablar en su lugar del 'estado español' y también tras el proceso iniciado en las reformas de los estatutos para definir a las comunidades como nacionalidades. "Pobre Andalucía" que ahora va a ser una 'realidad nacional', lamentó al respecto.

A ello se unen, según dijo, otras expresiones que se han "colado" en el léxico "sin pagar ningún tipo de aduanas", que llevan a hablar de 'proceso de paz', cuando no ha habido una guerra; así como la "exageración artificial de las diferencias", cuando en España las diferencias no van más allá "del folclore o la gastronomía".

Para García de Cortázar, el "problema" y "la gran tragedia de España" es que los nacionalismos "han atraído a una izquierda torpe". Por ello, abogó por enviar al presidente de la Generalitat, Pascual Maragall, y a otros socialistas "las obras completas de Pablo Iglesias", para que vean cómo se refería él a España.

Por su parte, Gustavo Bueno responsabilizó de la situación actual al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, al que se refirió como un "individuo" al que se le ha ocurrido "la empresa de diluir la nación española". También criticó al presidente andaluz, Manuel Chaves, por la propuesta de reforma del estatuto de Andalucía en la que se define a la comunidad como 'realidad nacional'.