“ La entrevista de Rajoy es tan impecable como sus intervenciones en las Cortes. No cede absolutamente en nada a los entrevistadores y les demuestra que está muy por encima de sus preguntas trampa. ”

Excepto un asunto, ajustada a razón, inteligente y sensata hallo la entrevista de Rajoy en El País. Es fino mostrando el golpismo que envuelve a este Gobierno. Pero, antes de nada, reconozcamos que mal, muy mal, tienen que ver la situación política los de El País para darle una entrevista a Mariano Rajoy, que ha sabido aprovecharla para dar una lección de democracia a quienes sólo quieren utilizarla para sus intereses. Lección primera, pues, para los palmeros de Zapatero, o sea, los entrevistadores de Rajoy, que le han hecho una entrevista a cara de perro de la que ha salido fortalecido a la hora de ofrecer criterios rigurosos sobre el 11-M, la imposición golpista de un modelo de Estado Confederal, el combate contra el terrorismo y, sobre todo, la defensa de la unidad nacional. El jefe de la oposición ha demostrado que es un hombre de principios, un demócrata, que se enfrenta a un golpista posmoderno, un jefe de Gobierno que está acabando con la nación por vías opacas, alguien que quiere cambiar las reglas del juego de la democracia bajo el pretexto de que sólo quiere hacer reformas parciales de los estatutos de autonomía.

Respecto al Estatuto de Cataluña, por ejemplo, Rajoy demuestra con brillantez que esa operación de Zapatero es una villanía en términos jurídicos, políticos y, por supuesto, de financiación. A partir del Estatuto de Cataluña se abre la vía para crear un Estado Confederal, casi un monstruo, difícil de llevar a cabo, inaplicable, porque es sencillamente imposible de coordinar, según Rajoy, el principio de inversión aplicado a Cataluña con el de territorialidad y población que se prepara para Andalucía. Los razonamientos, en fin, de Rajoy son magníficos a la hora de desmontar las argucias de nacionalistas y socialistas. Tan firmes son sus posiciones a la hora de defender la unidad nacional, y el principio de igualdad entre todos los españoles, como crítico se muestra con la aprobación del Estatuto de Cataluña.

La entrevista de Rajoy es tan impecable como sus intervenciones en las Cortes. No cede absolutamente en nada a los entrevistadores y les demuestra que está muy por encima de sus preguntas trampa. Sin embargo, hay una sola cuestión que no acabo de entender ni ahora ni hace un año. Me refiero al tipo de oposición que ha llevado a cabo Rajoy. Sí, lejos de la acusación de los entrevistadores sobre la dureza de su oposición, creo que el comportamiento del PP ha sido demasiado moderado, casi de actitud mojigata, pues cuando Rajoy, por vez primera, se percató de que Zapatero no tenía otro objetivo que desmontar la unidad de España, o sea, construir un régimen político dejando a la oposición al margen, debería haber convocado inmediatamente una gran manifestación o algo parecido que representase de verdad a los diez millones y medio de votos que lo respaldan.

Eso, sin duda alguna, hubiera sido más contundente, y quizá más fácil, para demostrar que Zapatero quería romper España que recoger cuatro millones de firmas para hacer un referéndum nacional, siempre complicado, que demuestre la ilegalidad de un referéndum autonómico sobre el Estatuto de Cataluña. Pues, aunque algunos les cueste reconocerlo, en el camino de esa complicada operación se han perdido, en efecto, más de seis millones de votos... ¡Cuidado que nadie nos acuse de nada, pues, antes, mucho antes, que la señor Fernández de la Vega, yo le dije en estas páginas!

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EL PROCESO de reforma de los Estatutos de autonomía se está desarrollando en una dinámica imparable. Habrá cola por entrar en pista en las Cortes Generales. Ha sido alentado desde el Gobierno como consecuencia de un compromiso electoral, que no figuraba en el programa del PP, reclamado por los socialistas catalanes. También era un compromiso la reforma de la Constitución en cuatro puntos. Uno de ellos relativo a incluir la denominación de las comunidades autónomas, para lo que se solicitó un informe del Consejo de Estado. Lo congruente, desde una visión general del Estado, hubiera sido esperar al informe antes de promover la reforma de ningún Estatuto. No ha sido así.

La petición de constitucionalizar a las comunidades autónomas podía atenderse con facilidad. Bastaba con incorporar a la Constitución una disposición adicional, dejando intacto el texto. No era una fórmula inocua. Quedaría fijada la organización territorial del Estado, con la inclusión de Ceuta y Melilla. El Gobierno preguntó, además, sobre las consecuencias jurídicas que produciría la constitucionalización de las autonomías, lo que proporcionó al Consejo la ocasión de realizar amplias reflexiones sobre el Estado autonómico. El informe no es vinculante para el Gobierno y, por supuesto, es discutible. Aunque va a ser objeto de estudio por quién lo pidió, se han adelantado opiniones de signo opuesto por los dos partidos mayoritarios.

Se ha propuesto reintroducir el recurso previo de inconstitucionalidad, que habría de interponerse contra el texto de reforma de Estatuto aprobado por las Cortes Generales y antes del referéndum, cuando se requiera, como sucede con el Estatuto catalán. El PP se ha apuntado a la sugerencia. El Gobierno la ha rechazado. No resulta exagerado presumir la dificultad de prosperar que tiene un recurso de inconstitucionalidad contra un Estatuto aprobado por el pueblo catalán. Su estimación provocaría un conflicto de profundo calado. Al no admitir aquella propuesta, se juega a la práctica de los hechos consumados.

La hoja de ruta que se sigue tiene un fin no visualizable, pero no indeterminado. De momento, por un efecto de simpatía, también estimulado por el partido en el Gobierno de la Nación, la realidad nacional se acoge en Andalucía, y es previsible que se extienda a Canarias, Aragón, ¿Galicia?¿ No parece que sea asumida por todas las comunidades, con lo que se tranquiliza sobre la ruptura de España. La conquista catalana se devalúa, como ha manifestado ERC, y con ello, de paso, se procura contrarrestar el sentimiento que afloró en la sociedad por la solución singular dada a Cataluña. Domina el cálculo electoral.

El informe del Consejo de Estado contiene también la posible derogación de la disposición cuarta de la Constitución relativa a Navarra. Su mantenimiento hace posible la hipótesis de que socialistas, aberzales y aliados, si tienen mayoría en las elecciones autonómicas, pongan en marcha el mecanismo de incorporación de Navarra a la Comunidad Autónoma vasca, con su voto en el Parlamento y en el correspondiente referéndum. Operación arriesgada, que puede utilizarse, al menos, como señuelo de negociación, envuelta en la ambigüedad.

Las consecuencias no serán virtuales
Juan Carlos Girauta

Está en el origen de esta involución el apego insensato de la izquierda y los nacionalismos a un error que la nación había pagado ya muy caro: el sometimiento moral y simbólico de la derecha, su premeditada expulsión del sistema. La revolución en marcha es de nuevo cuño, posmoderna y, en gran medida, virtual. Pero no lo serán sus consecuencias. Presenciaremos efectos bastante tradicionales: degradación política, creciente abuso de poder, violación flagrante e impune de las leyes, derrumbe de legitimidad, desprestigio institucional y un período de general incertidumbre (mortífero en lo económico, en el menor de los casos) donde la defensa de derechos y libertades en peligro de desaparecer por el desagüe de la fractura territorial se convertirá en cuestión urgente y capital. Esto no es extraño; la cuestión capital siempre es la libertad, las libertades individuales, aunque las sociedades acomodaticias no reparen en ello mientras no las vean muy seriamente amenazadas. Y algunas, ni siquiera con las amenazas consumadas.

Está en el origen de esta involución el apego insensato de la izquierda y los nacionalismos a un error que la nación había pagado ya muy caro: el sometimiento moral y simbólico de la derecha, su premeditada expulsión del sistema, amortiguada con prebendas a algunos de sus actores políticos, medios de referencia y eventuales financiadores. Lo sabido: la habitual administración de amenazas y promesas para consolidar una desigualdad estructural.

L D (Agencias) El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, afirmó este domingo que su partido no comparte las declaraciones de la parlamentaria del PSE-EE Gemma Zabaleta sobre futuros gobiernos de coalición, y subrayó que "no se puede hablar de pactos con Batasuna" porque "es una formación ilegal".

En declaraciones a Efe, Blanco respondió así a Zabaleta, quien, en una entrevista que publica "El Mundo", se muestra partidaria de que en el futuro haya en el País Vasco "un gobierno de coalición entre los socialistas vascos y Batasuna". "El PSOE no comparte su opinión. Nuestro partido quiere dejar claro que en ningún caso Gemma Zabaleta ha hablado en nombre del PSOE, porque este planteamiento no lo compartimos", aseveró el secretario de Organización de los socialistas.

También subrayó que "no se puede hablar de pactos con Basatuna, porque es una formación ilegal", y agregó que esta opinión "ya se le ha trasladado por parte de la dirección del partido a Gemma Zabaleta". "Insistimos en que en ningún caso el Partido Socialista se plantea ningún tipo de acuerdo, ni mucho menos coalición, con una formación ilegal como es Batasuna", agregó

Ares: "No es el momento de hablar de coaliciones electorales"

El secretario de Organización del PSE-EE, Rodolfo Ares, aseguró este domingo que las declaraciones de Gemma Zabaleta, no representan "ni la política ni las prioridades del PSE" y aclaró que, en todo caso, se trata de unas declaraciones "a nivel personal".

"Son unas declaraciones a nivel personal que, desde luego, no representan ni la política ni las prioridades del PSE. Son, en todo caso, unas declaraciones a nivel personal y lo que ha defendido, defiende y defenderá el PSE es lo que expresa la dirección del partido, el secretario general, que en reiteradas ocasiones ha manifestado cuál es la posición del PSE", afirmó Ares en declaraciones a Europa Press.