Categoría: Políticos
7 Mayo 2006
javier arenas bocanegra presidente del partido popular de andalucía
Una Andalucía de primera
EN Andalucía no hemos percibido como propio "el problema autonómico". Los andaluces en ningún momento hemos demandado la reforma de nuestro Estatuto. Nos sentimos orgullosos de ser andaluces y españoles y nuestra mejor apuesta ha sido el autogobierno constitucional. El proceso de reforma en el que estamos inmersos deriva de la obsesión asimétrica de los nacionalismos catalán y vasco.
Nuestro principal fracaso era y es el escaso cumplimiento de los fines del Estatuto de Carmona de 1981. La única responsabilidad es del PSOE, que lleva gobernando Andalucía desde 1982. Seguimos siendo Región Objetivo 1 en la Unión Europea. Somos, tras 24 años de gobiernos socialistas, los últimos de España y Europa en renta, oportunidades y niveles de bienestar. Por eso he dicho que para Andalucía era y es más urgente un cambio de gobierno, un cambio de políticas, que una reforma del Estatuto.
El Partido Popular ha votado en contra de la reforma del Estatuto que ha salido adelante sin consenso. Nosotros lo hemos intentado hasta el final. Ante las pretensiones insolidarias, rupturistas y asimétricas del nacionalismo –hoy el catalán, mañana el vasco–, el Partido Popular ha querido conseguir un Estatuto de todos los andaluces para que Andalucía siga siendo una Comunidad de primera en la España constitucional. Un Estatuto sin consenso nunca será un Estatuto de primera.
Defendemos un Estatuto de máximos para una Andalucía de primera, como lo fue el de Carmona. Es imprescindible un Estatuto de todos, no el Estatuto de dos partidos de izquierda, por importantes que sean. No creo que el señor Chaves considere un éxito haber logrado dividir en dos a los andaluces. Pasamos del consenso del Estatuto de Carmona a una reforma que deja fuera, al menos, a los partidos que representan más del 40% de los andaluces.
Pensamos que un Estatuto de máximos no es aquel que denomina a Andalucía "realidad nacional", expresión que confunde a la mayoría de los andaluces que creen que la única realidad nacional es España, sino en hacer de Andalucía una "realidad política, económica y social" de primera, que influya en la España de todos. El señor Chaves, incumpliendo la palabra que dio a los andaluces, y a mí personalmente, ha optado por amparar las estrategias de Maragall, Carod-Rovira, Ibarretxe y de Zapatero, que cede ante ellos.
Un Estatuto de máximos debe incluir garantías democráticas que hagan que, al menos, las elecciones autonómicas se celebren separadamente de cualesquiera otras, para que el debate político andaluz sea profundo y ocupe el protagonismo que merece. Es inimaginable que las elecciones vascas y catalanas coincidan con otras. 28 años de autonomías avalan esta afirmación.
Un Estatuto de máximos debe reflejar que, si los andaluces ven mermada su igualdad esencial de derechos y oportunidades en cualquier parte del territorio nacional, la Junta de Andalucía debe ampararlos y defenderlos. El PSOE e IU no lo han querido así.
Un Estatuto de máximos debe contemplar que tengamos todas las competencias, siempre dentro del marco constitucional. Los andaluces no debemos ser cómplices, ni por activa ni por pasiva, del objetivo de los nacionalismos insolidarios: menos España, como etapa intermedia hacia ninguna España. Una Andalucía de primera no será posible en una España de segunda donde se imponga la asimetría, la insolidaridad y la desigualdad. PSOE e IU no han aceptado nuestras enmiendas.
Un Estatuto de máximos debe dejar claro que, la financiación del Estado de las Autonomías corresponde al Estado con el conjunto de las autonomías, a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, como se ha hecho hasta ahora, no a relaciones bilaterales y privilegiadas de algunas Comunidades con el Gobierno de la nación. PSOE e IU apuestan por relaciones bilaterales que conducirán a que las regiones más ricas reciban más, y las más pobres menos.
Un Estatuto de máximos debe exigir el desarrollo de la autonomía local. El nuevo Estatuto no recoge la delegación competencial a los Ayuntamientos y su financiación efectiva, para acercar los servicios a los ciudadanos. PSOE e IU han marginado las Corporaciones Locales en la reforma.
Hemos intentado aprovechar una reforma no demandada por la mayoría de los andaluces para mejorar nuestra vida democrática, defendiendo con uñas y dientes la igualdad de derechos y la solidaridad garantizadas por el Estatuto de 1981 y por la Constitución.
Estamos perdiendo una gran oportunidad. Los políticos andaluces deberíamos ser la voz del sentir popular. Lo que ahora toca a Andalucía es ser el contrapeso frente a los que quieren romper, a los que quieren que seamos desiguales, a los que nos niegan el agua de los trasvases y desean recortarnos la financiación. ¡Qué error, señor Chaves!
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5 Mayo 2006
Como andaluz me siento utilizado por Progres S.A. Rodríguez y Chaves y todos los de su pesebre.
Votaré no al Estatuto andaluz. El disparate del Estatuto de Cataluña tratan de hacerlo menos disparate Rodríguez y Chaves con este esperpento de Estatuto andaluz. Seguiremos con el blog.
Estatutos para la ruptura
http://www.abc.es/opinion/index.asp?ff=20060503&idn=1421384436772
EL Parlamento andaluz aprobó ayer el proyecto de reforma estatutaria, con el voto favorable de PSOE e Izquierda Unida y la oposición del PP y del Partido Andalucista. Se consumó así, en primera instancia, el fracaso del método de consenso prometido por Rodríguez Zapatero para legitimar las reformas estatutarias con amplias mayorías o, al menos, tan amplias como las que respaldan a los actuales estatutos. La reforma catalana se aprobó en el Congreso con algo más de la mitad de los parlamentarios y cuenta ahora con más rechazo en Cataluña que cuando fue aprobada por la Cámara catalana el pasado 30 de septiembre. La degradación del consenso político se ha agravado en Andalucía, donde PSOE y PP habían llegado a un acuerdo de principios que los socialistas dinamitaron al incluir en el preámbulo del texto estatutario la definición de la comunidad andaluza como «realidad nacional» y suprimir la mención a la unidad de la Nación española. La situación, por tanto, es inequívoca, en el sentido de que los hechos desmienten los discursos del PSOE y demuestran que este partido se encuentra embarcado en una estrategia de ruptura política y social que no sólo contradice el designio constitucional de fijar con la oposición las cuestiones de Estado, sino también la voluntad mayoritaria de los ciudadanos españoles, que ni han dado su mandato para este proceso de fines constituyentes ni refrendan, según las encuestas, los proyectos estatutarios aprobados hasta el momento.
El caso andaluz implica un salto cualitativo en la estrategia socialista, porque transfiere a una comunidad sin nacionalismo un proyecto político generado por demandas nacionalistas. Es evidente que el PSOE sirve en Andalucía a sus intereses como partido y que, con este criterio, la colaboración institucional con la oposición popular resulta imposible. Por eso rondan la hipocresía política las anunciadas intenciones del PSOE de buscar en Madrid el consenso que rompió en Sevilla, pues uno de los objetivos finales de la reforma andaluza es encubrir el carácter agraviante de la catalana, extendiendo al mayor número posible de comunidades autónomas el modelo confederal que se votará en Cataluña -y sólo en Cataluña- el próximo 18 de junio. Pero el problema de este modelo no se soluciona aplicándolo a todas las autonomías, porque su vicio es de origen, al empujar al Estado a una revisión que se ejecutará al margen del procedimiento debido de reforma constitucional. Andalucía se suma a un guión ajeno a la voluntad de sus ciudadanos y a su auténtica realidad nacional, que es España, salvo que a falta de «derechos históricos» el PSOE andaluz base la condición nacional andaluza en un súbito prurito identitario.
El argumento de que España no se rompe, empleado ayer por el presidente andaluz, Manuel Chaves, es falaz y engañoso. Desde luego, España no se romperá porque son sus instituciones las que están bendiciendo un proceso de emancipación territorial que hace innecesaria la ruptura formal y la independencia. Basta el vaciamiento del Estado al que se llegará en cuanto entre en vigor el Estatuto catalán y le siga su clon andaluz. España corre el riesgo no de la ruptura, sino de su consunción, de su neutralización como proyecto político capaz de mantener compromisos colectivos y, llegado el caso, de exigir efectivamente su cumplimiento mediante políticas comunes de cohesión, fiscalidad, educación, infraestructuras o justicia. Si Andalucía también se define como «realidad nacional» y se blinda competencialmente frente al Estado -es decir, frente a la Administración central, pero también frente a las demás autonomías- no habrá razones para oponer a otras comunidades que aspiren a lo mismo y, dada su riqueza, con una incidencia sobre la solidaridad nacional más acusada aún.
El proyecto estatutario andaluz es, como el catalán, un proyecto ideológico y de partido. Ninguno aspira realmente a una mejora del respectivo autogobierno, pues en tal caso habría que haber auditado antes sus numerosos fracasos para ver si realmente el principio autonómico ha sido correctamente ejecutado en ambas comunidades y, en función del saldo, decidir colectivamente si está justificado o no que aumenten sus capacidades. Por el contrario, los consensos menguantes con los que se afronta esta etapa neoconstituyente demuestran que se está buscando la exclusión del centro-derecha y la imposición de un nuevo modelo de Estado que satisfaga el pacto de intereses entre la izquierda y los nacionalismos.
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3 Mayo 2006
Estatuto
¿Por qué no se ahorran el referéndum?
Juan Carlos Girauta
Ocurre que tienen un problema con la abstención: todavía no saben cómo apuntársela. Todo lo demás se lo van a atribuir, con un par, los que han cometido la pieza soberanista. Al tripartito catalán le atormenta un dilema: instalarse permanentemente al borde de la legalidad (por la parte de fuera) o plantar sin disimulo su tienda de campaña en el centro de las tierras oscuras, legalidad alternativa que es flagrante ilegalidad y que nace de los derechos históricos, de la voluntad de ser, de la nada. Ahora se trataba de desconocer, de nuevo, el ordenamiento jurídico español para alargar dos horas la consulta sobre el Estatuto. ¿Y por qué no dos días, o dos semanas? ¿Por qué no se ahorran el referéndum e interpretan la voluntad ciudadana a placer, que es lo que de todos modos vienen haciendo?
Ocurre que tienen un problema con la abstención: todavía no saben cómo apuntársela. Todo lo demás se lo van a atribuir, con un par, los que han cometido la pieza soberanista: el sí por razones obvias; el no, las papeletas nulas y las papeletas en blanco, porque los independentistas patrocinan las tres cosas. En esta etapa de la subasta de España, Carod quiere que le den por nulo, pero, remolón y caprichoso, no renuncia a otras opciones. Como es natural, al final se lo adjudicará absolutamente todo, también las papeletas afirmativas.
Contra la abstención se les había ocurrido lo de las dos horas, iniciativa envenenada como todas las que salen de Palau. Si hubiera colado, todo eso que habrían rebañado. La desmesura es tal, que actitudes demenciales nos parecen cosa secundaria. Y demencial es que el partido del primer ministro autonómico (o conseller primer) invite a los ciudadanos que escribir frasecitas en las papeletas, iniciativa antidemocrática y antisistema que, por sí sola, debería devolver a la Esquerra a la marginalidad.
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2 Mayo 2006
antonio castro
Ingeniería política
La necesidad que tiene Chaves de conseguir un consenso sólido para la aprobación del nuevo Estatuto andaluz le ha dado a IU y en ella a Diego Valderas un protagonismo inesperado para la propia coalición, que parece jugar bien sus cartas.
Que una fuerza política de ascendencia comunista se proclame defensora a ultranza del término nación en Andalucía, haga de ello bandera y se convierta en nacionalista choca con la quintaesencia del neocomunismo, como se sabe, pero de lo que se trata en este caso es de aprovechar la coyuntura para alargar la agonía de un movimiento político que camina hacia la desaparición. Es decir, la actual nomenclatura de IU trata de sobrevivir en política y el caso del Estatuto es una buena ocasión para alargar la vida pública de sus "líderes".Esta actitud, que en gran parte está representada por Valderas, aunque sean casi todos los "líderes" de IU en Andalucía los que quieran pasearse por el escenario aprovechando el foco de la ocasión, es la superación histórica de la 'pinza', en la que el propio Valderas desarrolló un papel principal, y puede tener como contrapartida el perdón formal de Chaves a esta coalición esquiva que en cierta ocasión se alió con Arenas para aprovechar la debilidad de un PSOE vulnerable.
Desde el punto de vista electoral, en IU hay quienes se entusiasman con la posibilidad de que esta "institucionalización" de la coalición, por su acuerdo con Chaves, les permita ganar terreno en las próximas elecciones municipales para las que, en Huelva, van a presentar a un candidato de la órbita de Diego Valderas.
Todo esto es en gran parte ingeniería política y en términos reales supone la última oportunidad de IU para darle algún sentido a su "función histórica": si el destino es morir por inanición, es decir, por falta de votos, al menos que la agonía transcurra a la sombra del poder.
http://www.huelvainformacion.es/huelvainformacion/articulo.asp?idart=2751572&idcat=24
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1 Mayo 2006
1 Mayo 2006
josé antonio mancheño
La noria de la realidad nacional
ESTO es que era Cataluña exportando el modelo, su fervorín soberanista, con el marchamo nacional de un copetín de cava y una rodajas de republicanismo al ast, cuando se dio de frente con el campo encharcado de verdolagas migas andalusíes.
Y aquí, claro, la leche in vitro acampó sobre el colchón de nuestras "realidades nacionales", porque el ramblista Maragall se pasó cuatro pueblos y una estación del ave y al Presidente Cháves, se le "mudó" el visaje de la empanada tripartita, él, que como voz suprema de la Comunidad-Partido, en los reinos mas simios del planeta andaluz, sordo, ciego y mudo, contempla, de la "semántica" en el fardo, como rizar el rizo en el marrón del Estatuto, que no es Nación, ni Nacionalidad, ni na de na, sino un recuenco de "marisabidillas", donde encontrar el cazo a nuestra identidad histórica, social, cultural y política, que nos llueven granizos desde que un Argantonio se tiró la machada de redactar en verso las tablas de la ley y Tharsis, aparece en la biblia cuando los catalanes iban a por tabaco en la niebla del tiempo.
Así que, ahora toca derrengarnos al Drae- Diccionario Real Academia Española- para arbitrar un formulismo que enmadre al Estatuto, tan lejos de la funambulista Nación como tan cerca de la "realidad nacional", y eso, canta por soleares y tarantas y también, por los remansos pestiñeros donde se amasan términos y de adoban conceptos, chichainabos,de gramática parda y longuerona, en la que hay que soltar amarras con quienes han votado- compañeros de armas y sustentos- al Estatuto, desde el bancal de diputados andaluces, con la nariz tapada y los dedos cruzados, y en estas que se ven cogidos en los tuétanos de su falsaria condición.
Allí, tras la mirada aciaga de los viejos leones jeromistas, se pliega la flanela socialista de la mejor Nación y aquí, se alforjan las mulillas de un "realismo nacional" que los parlamentarios "rosas" se sacan de la manga y muletean por bajo, ahuecando las alas del vuelo inquebrantable en la unidad de España y sorteando al toro Constitucional, mediante afeites en las puntas y puyazos en la cresta, que así se chalanean las letras y se entuertan dicciones donde encontrar la flauta mágica del malhayo Estatuto.
Dicho esto, habría que remontarse a Europa y hacer parada y fonda sobre su Carta Magna, donde no existe mas entorno casuístico que la Unión Europea, una vez superado aquel sarampión de las Regiones y Nacionalidades, para definitivamente instalarse, en la consistorial Europa de las Naciones.
Andalucía, disfraza su verdadero rostro bajo la verborrea de su Realidad Nacional con aceite y azúcar, en medio de un sarao, donde el aceite sabe a rancio y el azúcar, a triste sinsabor, por tanto listo tonto y tanto sambenito im-pre-sionante a fin al laberinto Cháves. Y esto es así, por ese "doble juego" que se nos traen del cerco Moncloa-San Telmo entre los toma y daca y los silencios compensados.
Cualquier parecido con nuestro "andalucismo universal" será, ha sido y es, pura coincidencia.
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30 Abril 2006
Estatuto de Cataluña
Drama y esperanza
Ignacio Cosidó
Recomiéndenos Volver
Es imposible destruir una nación con cinco siglos de historia en sólo dos años. Pero no es menos cierto que Rodriguez Zapatero, cegado por la avaricia de poder, nos ha colocado en una pendiente autodestructiva de la que cada vez será más difícil escapar. Esa pendiente, cuya rampa de salida es el nuevo Estatuto catalán, conduce inexorablemente a la desarticulación de España como Estado y a la disolución de España como nación.
Algunos podrán juzgar de interesadas y de desmesuradas estas afirmaciones. Es más, una vez aprobado el nuevo Estatuto en Cataluña nos dirán: "veis como no pasa nada, como España no se rompe". Nos acusarán, a los que sí pensamos y alertamos del riesgo de disgregación de España, de catastrofistas o, lo que es peor, de demagogos. Algunos se negarán a ver el riesgo para eludir su propia responsabilidad, pero la mayoría no querrá verlo porque vive felizmente instalada en la complacencia de un país que ha crecido en los últimos años como ninguno otro en Europa, que prefiere vivir el presente más que mirar al futuro y que ha sufrido demasiado en la historia como para prever nuevos desastres.
Pero la triste realidad es que el Estatuto de Cataluña no sólo acaba con cinco siglos de historia de la nación española, al reconocer a Cataluña como nación, sino que construye un Estado inviable. Ambas cosas en realidad están íntimamente relacionadas. La existencia de la nación, como comunidad política sustentada en una identidad común, es la que justifica principios como la igualdad de derechos entre todos sus miembros o la solidaridad entre sus diversos territorios. Si ese sentimiento de pertenencia a algo común se diluye, ya no existe entonces ninguna justificación moral ni política para que los ciudadanos de Cataluña deban ser más solidarios con los extremeños que con los africanos.
Es verdad que los efectos perversos de ese Estatuto no serán inmediatos. Pero no es menos cierto que el sistema de financiación que diseña, que podrá ser además revisado bilateralmente, socavará la sostenibilidad financiera del Estado en muy pocos años. El Estatuto otorga además un poder sobre la sociedad civil y unos mecanismos de exclusión social, comenzando por el idioma, que en manos de cualquier nacionalista deja expedito el camino hacia la independencia en mucho menos tiempo de lo que hoy podamos imaginar.
Pero el problema no es Cataluña. El problema es la dinámica que se ha de desatado en Cataluña, y en el País Vasco, y ahora en Galicia, y en Baleares, y en Canarias, y en Andalucía. El problema es que ninguna comunidad, esté gobernada por quien esté gobernada, va a querer ser menos que ninguna otra. Eso es muy compresible, pero el efecto final es que se genera una espiral en la que España se diluye como un azucarillo. Si todos pensamos únicamente en nuestros intereses particulares, ¿quién tendrá entonces la grandeza y la altura de miras de pensar en los intereses generales, en los intereses de todos, en España?
Que una comunidad autónoma como Andalucía se proclame ahora como realidad nacional es el colmo del absurdo. Probablemente lo hace porque no quieren ser menos que Cataluña, pero no se dan cuenta de que al debilitar a España como nación están poniendo en riesgo un principio de solidaridad que resulta vital para su desarrollo futuro.
Más sorprendente aún resulta que este proceso de disgregación de España se esté realizando en contra de la opinión de una gran mayoría de los españoles. Aquí hay dos problemas. Por un lado, unas elites políticas en determinadas comunidades autónomas que están jugando de forma absolutamente irresponsable con los sentimientos y con los intereses de sus sociedades. Su único objetivo es el poder, acaparar todo el poder y perpetuarse en el poder. Para lograrlo no tienen el menor escrúpulo en poner patas arriba toda la estructura del Estado, ni en poner en riesgo la convivencia entre todos los españoles, ni en amenazar la libertad dentro de sus comunidades.
Pero el problema principal es que quien debería velar para corregir esos desmanes en realidad los alimenta de forma aún más irresponsable. Al final el drama no es que haya unas minorías que aspiren desde hace décadas a acabar con España, sino que exista un Gobierno español que se ha aliado con esas minorías para desguazar conjuntamente el Estado y la Nación. Nuestra única esperanza para escapar de este drama es poner pronto a alguien en La Moncloa capaz de pensar más en España que en si mismo.
Ignacio Cosidó es senador del Partido Popular por Palencia.
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30 Abril 2006
El PSOE quiere un Estatut como el catalán o el andaluz...
Armengol confirma que si no hay consenso en el Parlament la reforma será modificada luego en el Congreso de los Diputados
PALMA.- La portavoz parlamentaria socialista Francina Armengol declaró ayer que «queda mucho por negociar» para aprobar un Estatut en Baleares tan «ambicioso» como el de Cataluña o Andalucía, que a su juicio que están dando «un paso de gigante en la profundización de su autogobierno». En este sentido, advirtió al PP que el nuevo Estatut deberá negociarse en el Congreso de los Diputados antes de su aprobación definitiva, si el texto que salga del Parlament no cuenta con un amplio consenso.
Armengol pronunció estas palabras durante la conferencia sobre la reforma del Estatut de autonomía organizada por la agrupación socialista de Palma-Llevant, que se celebró ayer en el Centro de Cultura Sa Nostra con la presencia de medio centenar de personas.
Durante su intervención, la portavoz socialista subrayó que el articulado deberá someterse a «dos votaciones», primero en el Parlament y después en las Cortes, donde deberá negociarse «si no hay acuerdo» en la Cámara balear. Al respecto, insistió al PP que deberá «escoger si quiere pactar» el Estatuto en Baleares o «en Madrid», donde dependerá del sentido del voto «de otros grupos».
Los socialistas, afirmó Armengol, «aspiramos a un Estatuto ambicioso que mejore las condiciones de vida de los ciudadanos de Baleares y que sitúe a las islas entre las comunidades de primera en cuanto a competencias y financiación», informó Europa Press. La portavoz del PSIB-PSOE en la Cámara pidió «la implicación» del presidente del Govern, Jaume Matas, para impulsar un consenso que haga posible la aprobación de la reforma estatutaria esta legislatura en Baleares.
La Comunidad Autónoma tiene «opción» de tener «un buen Estatuto» porque el Gobierno central «cree necesaria esta reforma», declaró la dirigente socialista, quien recalcó que el texto registrado en la Cámara autonómica presenta «muchos vacíos» que son «muy importantes», entre los que citó la inclusión de un título de derechos y deberes que «acerque a Baleares a las comunidades autónomas de primera» y de un apartado específico sobre las competencias y la financiación municipales.
La estructuración institucional de la Comunidad Autónoma en lo que hace referencia a los consells insulares es otro de los puntos en los que el PSIB discrepa, así como en materia de financiación y sobre las competencias que podría asumir Baleares, ámbito en el que el PP tiene una postura «muy a la baja», añadió.
Una posición «fundamentalista»
En la misma línea, el portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional del Congreso, Ramón Jáuregui, acusó ayer al PP en Madrid de «frenar las aspiraciones» de sus líderes regionales en el proceso de reformas estatutarias con el único argumento de justificar su posición «fundamentalista» de rechazo al Estatuto catalán. En este contexto, avisó a los 'populares' que esta actitud les puede hacer «prisioneros del antiautonomismo».
En una entrevista concedida a Europa Press, Jáuregui declaró que el PP no puede «quedarse al margen de las reformas estatutarias». «Lo que no podemos consentir es que el PP vete las reformas autonómicas en todas las comunidades autónomas».
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