ZP o la mediocridad en el poder
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Texto del mensaje:
Artículo de Pablo Sebastíán en ED.
La sonrisa del vampiro
Los espías infiltrados en el palacio de la Moncloa están levantando acta sobre los últimos acontecimientos ocurridos en palacio, donde por fin se confirma que el fantasma del poder ha invadido el cuerpo de Zapatero y ofuscado su alma hasta límites insospechados, para pasar del optimismo de la sonrisa a los cambios inesperados de carácter, malos modos, salidas de tono, maltrato a colaboradores y desprecio y mirada amenazante a ministros en el propio Consejo de Ministros, donde prácticamente se ha prohibido el debate político y cualquier pregunta sobre ETA, Cataluña o cualquier caso de interés y tensión nacional se convierte en intocable porque el presidente se enfada y concluye los debates pidiendo la fe ciega en él, que es el que lo sabe todo.
Naturalmente, este presidente hortera y gritón en el palco de la final del Barça —Zapatero el del bombo— también tiene aduladores devotos en palacio y en el PSOE que siguen en la idea de que el presidente es un genio y no un pelele al que le cayó el poder en las manos el 14M y que no sabe a dónde va. Le hacen la pelota algunos hasta límites insospechados. La tal Gimena dice que él y Sonsoles lloraron el día que ETA anunció la tregua de emoción, y que el presidente le dedica cuatro horas y media a este asunto. ¿Y al Gobierno? Pues muy poco, porque luego juega al mus, ve el fútbol y se ocupa de los medios de comunicación, que es su otro divertimento.
O sea, que ha convertido el Gobierno en un parvulario donde Solbes está tragando quina Santa Catalina y donde Rubalcaba, recién llegado, no sale de su asombro sobre lo que ve, oye y ocurre a su alrededor. Varios ministros no han despachado nunca directamente sus más notorios asuntos con el presidente y la mayoría empieza a tener miedo de la sonrisa más que letal del nuevo poseído, por el fantasma del poder, del palacio de la Moncloa. Caldera dicen que está en desgracia, como Sevilla o López Aguilar, que se ve montado en Cádiz en un cayuco camino de las elecciones autonómicas Canarias, por más que se resista y una vez que Pumpido por un lado y Rubalcaba por otro lo han echado de la negociación con ETA, en la que sobra el ministro de Justicia porque precisamente eso, la Justicia, es lo que hay que bordear.
Y de las ministras de turno, ni les cuento. La cuota femenina del Gobierno, con excepción de la vicepresidenta, que dice que “sí” a todo lo que propone el presidente, está tan ausente como la propia deliberación política del Consejo de Ministros, que ha sido reducida a cero. Sobre todo desde que se fue Pepe Bono, que algo decía para que quedara constancia para la Historia, y tras cuya marcha Zapatero vivió una jornada de euforia como diciendo para sí y para su corte de pelotas “¡de buena nos hemos librado!”.
No sabemos qué es lo que pensará Bono desde su exilio manchego, pero a lo mejor es lo mismo que piensa Zapatero, aunque al revés: ¡que de buena se ha librado él! escapándose de ese Gobierno que ha puesto a España en almoneda y que no sabe dónde va. En todo caso, el chico de la sonrisa empieza a enseñar los colmillos. Es la sonrisa del vampiro, la media sonrisa mezclada con el mal carácter con el que intenta disimular su insolvencia política y cultural. Lo malo de todo esto es que mientras el vampiro continúe en el poder seguirá con los destrozos imparables y de los que ya son conscientes ministros y dirigentes del PSOE, amén de poderes fácticos de su entorno. ¿Por qué no lo denuncian, controlan o lo echan? Sencillamente por no perder el poder.
En Cataluña consiguieron atraparle con una ristra de ajos y tenerlo encarcelado en la cripta de la Moncloa hasta que consiguieron cambiar el socio, CiU en el lugar de ERC. Pero el vampiro se ha escapado, sigue haciendo de las suyas y ahora anda chapoteando por las cloacas de la Moncloa, moviendo a Eguiguren en Bilbao y a Pujol en Suiza, a ver si Batasuna y Ternera le dicen a algo que sí. El vampiro está contento porque ha ganado el Barça y porque ha estado dando saltos en el palco de París. Allí se le vio la categoría, sus buenos y verdaderos modales, su savoir faire. Ése es Zapatero y no el chico de la sonrisa que anda suelto por ahí.
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Entrevista de Rajoy
El golpismo socialista
Agapito Maestre
“ La entrevista de Rajoy es tan impecable como sus intervenciones en las Cortes. No cede absolutamente en nada a los entrevistadores y les demuestra que está muy por encima de sus preguntas trampa. ”
Excepto un asunto, ajustada a razón, inteligente y sensata hallo la entrevista de Rajoy en El País. Es fino mostrando el golpismo que envuelve a este Gobierno. Pero, antes de nada, reconozcamos que mal, muy mal, tienen que ver la situación política los de El País para darle una entrevista a Mariano Rajoy, que ha sabido aprovecharla para dar una lección de democracia a quienes sólo quieren utilizarla para sus intereses. Lección primera, pues, para los palmeros de Zapatero, o sea, los entrevistadores de Rajoy, que le han hecho una entrevista a cara de perro de la que ha salido fortalecido a la hora de ofrecer criterios rigurosos sobre el 11-M, la imposición golpista de un modelo de Estado Confederal, el combate contra el terrorismo y, sobre todo, la defensa de la unidad nacional. El jefe de la oposición ha demostrado que es un hombre de principios, un demócrata, que se enfrenta a un golpista posmoderno, un jefe de Gobierno que está acabando con la nación por vías opacas, alguien que quiere cambiar las reglas del juego de la democracia bajo el pretexto de que sólo quiere hacer reformas parciales de los estatutos de autonomía.
Respecto al Estatuto de Cataluña, por ejemplo, Rajoy demuestra con brillantez que esa operación de Zapatero es una villanía en términos jurídicos, políticos y, por supuesto, de financiación. A partir del Estatuto de Cataluña se abre la vía para crear un Estado Confederal, casi un monstruo, difícil de llevar a cabo, inaplicable, porque es sencillamente imposible de coordinar, según Rajoy, el principio de inversión aplicado a Cataluña con el de territorialidad y población que se prepara para Andalucía. Los razonamientos, en fin, de Rajoy son magníficos a la hora de desmontar las argucias de nacionalistas y socialistas. Tan firmes son sus posiciones a la hora de defender la unidad nacional, y el principio de igualdad entre todos los españoles, como crítico se muestra con la aprobación del Estatuto de Cataluña.
La entrevista de Rajoy es tan impecable como sus intervenciones en las Cortes. No cede absolutamente en nada a los entrevistadores y les demuestra que está muy por encima de sus preguntas trampa. Sin embargo, hay una sola cuestión que no acabo de entender ni ahora ni hace un año. Me refiero al tipo de oposición que ha llevado a cabo Rajoy. Sí, lejos de la acusación de los entrevistadores sobre la dureza de su oposición, creo que el comportamiento del PP ha sido demasiado moderado, casi de actitud mojigata, pues cuando Rajoy, por vez primera, se percató de que Zapatero no tenía otro objetivo que desmontar la unidad de España, o sea, construir un régimen político dejando a la oposición al margen, debería haber convocado inmediatamente una gran manifestación o algo parecido que representase de verdad a los diez millones y medio de votos que lo respaldan.
Eso, sin duda alguna, hubiera sido más contundente, y quizá más fácil, para demostrar que Zapatero quería romper España que recoger cuatro millones de firmas para hacer un referéndum nacional, siempre complicado, que demuestre la ilegalidad de un referéndum autonómico sobre el Estatuto de Cataluña. Pues, aunque algunos les cueste reconocerlo, en el camino de esa complicada operación se han perdido, en efecto, más de seis millones de votos... ¡Cuidado que nadie nos acuse de nada, pues, antes, mucho antes, que la señor Fernández de la Vega, yo le dije en estas páginas!
Pero, de todos modos, habrá que hacer de la necesidad virtud. ¡Cuatro millones de votos son más que suficientes para convocar los referendos que hagan falta!
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reforma del modelo territorial un proceso que no cuenta con el consenso de los grupos del parlamento
Estatuto de máximos por la mínima
El Pleno del Parlamento aprobará el martes el texto autonómico, que eleva el nivel de autogobierno de la comunidad a través de una serie de novedades que sólo cuentan con el apoyo de 67 de los 109 diputados
a. pizarro
cumbre. Chaves y el resto de líderes políticos, el 6 de marzo.
INMA CARRETERO
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sevilla. El Pleno del Parlamento de Andalucía vivirá el próximo martes una jornada histórica en la que, si no hay inesperados cambios de guión, aprobará la reforma de la norma que sirve de colchón al autogobierno andaluz. El Estatuto –cuyo articulado triplica el del texto que está en vigor (más que reformado, reescrito por los ponentes andaluces)– contiene los que están llamados a ser los fundamentos del autonomía andaluza en las próximas décadas, que serán enviados al Congreso por la mínima: los votos de los parlamentarios autonómicos de PSOE e IU sólo superan en uno los tres quintos del Pleno requeridos para la reforma estatutaria.
A este debate llegan vivas muchas enmiendas, no sólo de PP y PA que votaron contra el texto en la Comisión de Desarrollo Estatutario, sino también de IU, que mantiene reservas pese a su apoyo al contenido global. En la práctica, sin embargo, ya es casi imposible la búsqueda del acuerdo en Andalucía porque cualquier modificación sobre el texto aprobado en la Comisión debe producirse por unanimidad. Los obstáculos que han impedido hasta la fecha el sí de PP y PA a la propuesta de reforma no han variado mucho desde el inicio de las negociaciones: identificación de Andalucía, alcance de los derechos sociales, nivel competencial, descentralización hacia los ayuntamientos y garantías democráticas son algunos de los asuntos que han impedido que el Estatuto ruede por la senda del consenso.
MUno de lo temas que han centrado el debate político y mediático en las últimas semanas ha sido la fórmula planteada para el Preámbulo por el ex ministro de UCD Manuel Clavero, en la que se hace mención a la "realidad nacional" de Andalucía. No es ésa, sin embargo, la manera de identificar a la comunidad: el párrafo de marras maneja tal concepto de forma indirecta y dice que "la Constitución reconoce la realidad nacional de Andalucía como nacionalidad".
El PSOE, que abrazó esta vía como camino para atraer al PA hacia el sí, ha terminado por ver en este Preámbulo un arma defensiva contra eventuales agravios. De solución de compromiso, la "realidad nacional" ha pasado a ser irrenunciable para un PSOE-A dolido con las reacciones en el resto del país a cuenta de las aspiraciones autonomistas de Andalucía.
Esa firmeza socialista aleja, sin embargo, las posibilidades de acuerdo con el PP, que también rechaza el artículo 1 y el hecho de que, aunque ahí se identifique a la comunidad como "nacionalidad histórica", no se haga una reproducción de lo que dice la Constitución sobre la unidad de España en su artículo 2. Las ofertas de última hora del PSOE para incluir coletillas en el Preámbulo una alusión a la "unidad de España" y en el artículo 1 hablar de la "nación española" tampoco fueron aceptadas por el PP. El no del PA, en cambio, se justifica por todo lo contrario: Andalucía, dice, tiene que ser nación.
MDebate político y jurídico han ido de la mano en la redacción de este Estatuto. Ha sido de gran interés el suscitado a cuenta del Título de Derechos Sociales. De fondo, ha habido una pregunta: ¿se generan desigualdades entre españoles si se reconocen a los andaluces unos derechos que no tienen otros ciudadanos? En ese razonamiento se ha basado gran parte de la reserva del PP a apoyar algunos puntos de este título, en los que se ha opuesto a otros artículos por cuestión ideológica (derecho a una muerte digna o laicidad de la educación). En el caso del PA, la crítica a los derechos sociales previstos en el Estatuto viene por defecto: consideran que no son equiparables a los previstos en el texto catalán.
MDonde mayores dudas de constitucionalidad han tenido los populares es en el Título de Competencias. El debate se ha centrado en cuál es el máximo techo de autogobierno que permite la Carta Magna: el PP considera que se ha superado con creces con algunas de las potestades señaladas en el Estatuto –teme que la legislación básica del Estado se quede en una mera enunciación de principios– y el PA, en cambio, cree que queda margen para llegar al techo fijado por el Estatut, que cuenta con los parabienes del Congreso. El PSOE contraataca con un argumento: las enmiendas populares ni siquiera llevan el texto andaluz al nivel del Estatuto valenciano, pactado por populares (con mayoría absoluta) y socialistas.
El texto aprobado con los votos de PSOE e IU está inspirado en el método catalán, buscando un blindaje de las competencias autonómicas a través del detalle de éstas. Cerrado ya el debate del Estatut, ambas formaciones han elevado la reforma andaluza al nivel de autogobierno que consideran que tiene el visto bueno del Congreso. Fruto de esta operación, por ejemplo, surge la apuesta socialista por asumir la gestión de los permisos de trabajo en materia de inmigración.
MTambién ha sido significativo el cambio de posiciones del PSOE respecto al papel de los ayuntamientos en el Estatuto. Sólo IU ha avalado, sin embargo, las cesiones socialistas, que pasan por detallar el núcleo competencial propio de los municipios –aunque sin citar potestades transferibles, como piden PP y PA– y abrir la puerta a la participación de las arcas locales en los tributos de la Junta. Queda pendiente la reclamación de que puedan optar al pastel total de ingresos de la comunidad autónoma. Ayer mismo, alcaldes populares firmaron un manifiesto contra la reforma debido a las carencias de este punto.
MLos socialistas se han movido menos en el Título de Administración Institucional, en el que el PP echa en falta garantías democráticas irrenunciables (limitación de mandatos o elecciones separadas). IU no ha cedido en este punto: se abstuvo en su votación.
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ENTREVISTA: Mariano Rajoy Presidente del Partido Popular
"La única solución es que el Estatuto de Cataluña no se aplique"
El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha hecho del rechazo a la reforma del Estatuto de Cataluña la punta de lanza de su estrategia de oposición a la política del Gobierno. "Ahora o dentro de 10 años, cuando nos demos cuenta del disparate que estamos haciendo, tendremos que fijar con claridad las competencias que el Estado no puede ceder de ninguna manera", afirma. Con este objetivo, en septiembre planteará una reforma de la Constitución para impedir organizar el Estado "desde una parte del Estado" y garantizar la "defensa de la nación española", hoy amenazada, a su juicio, por un estatuto "anticonstitucional, ininteligible e inaplicable". Firme en esta posición, Rajoy culpa sin embargo al Gobierno del "intento perfectamente dirigido de marginar al Partido Popular de las grandes decisiones nacionales". Asume que el presidente del Gobierno pueda acordar con los partidos nacionalistas desde la ley educativa a cualquier otra política, pero reivindica para el primer partido de la oposición el derecho a pactar las reglas de juego. "Se ha echado al PP del Pacto Antiterrorista, aunque ahora se nos ha intentado recuperar. Y se ha expulsado al PP de los grandes acuerdos territoriales", acusa. La única coincidencia aparente con la actuación del presidente Rodríguez Zapatero la concita el proceso abierto para el fin de la violencia terrorista. "Voy a apoyar al Gobierno para acabar con ETA", asegura Rajoy, que exige que no se conceda a cambio ninguna contrapartida. Y subraya que "ninguna es ninguna: ni Navarra, ni autodeterminación, ni mesas. Nada. Si no, convertiríamos al terrorismo en un instrumento para hacer política". Tampoco, insiste, Batasuna puede legalizarse "si ETA existe, porque Batasuna es una organización terrorista". El respaldo del Partido Popular se limita por el momento a que el Gobierno, como en 1999 hizo el Ejecutivo que presidía José María Aznar, pueda constatar que la decisión de la banda terrorista de dejar las armas es irreversible. Sólo a partir de entonces se podría estudiar si conviene tomar alguna medida. El líder del PP advierte contra algunos gestos, comportamientos y declaraciones de miembros del Gobierno, porque "el Estado de derecho no debería estar en tregua, no debería estarlo ni el ministerio fiscal ni la policía ni la Guardia Civil. Llevamos seis meses casi sin detenciones. Lo apunto: seis meses. ¿O es que le debe algo la sociedad española a ETA?".
JESÚS CEBERIO / FÉLIX MONTEIRA
EL PAÍS - España - 30-04-2006
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Mariano Rajoy, en la sede del PP, en la calle Génova de Madrid.
Mariano Rajoy, en la sede del PP, en la calle Génova de Madrid. (RICARDO GUTIÉRREZ)
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Mariano Rajoy.
Mariano Rajoy. (RICARDO GUTIÉRREZ)
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"Voy a apoyar al Gobierno para acabar con ETA, y a partir de ahí, ninguna contrapartida política"
"Con el Estatuto se trata de liquidar por la puerta de atrás el modelo constitucional aprobado en 1978"
"El presidente ha intentado excluir al Partido Popular de los grandes acuerdos nacionales y yo tengo la obligación de reprochárselo"
"Se están haciendo leyes que son ininteligibles, anticonstitucionales, incumplibles. Se está engañando a la gente"
"Ya es la cuarta tregua. Hasta que no tengamos claro que ETA deja definitivamente las armas, no soy partidario de tomar ninguna medida"
"Tengo un equipo mucho mejor que el Gobierno desde el punto de vista de su capacidad profesional y para ejercer una actividad de gobierno"
"Los actuales dirigentes políticos catalanes son lo peor que ha habido desde 1977. La irresponsabilidad con la que han actuado pasará a la historia"
"Nunca he puesto en tela de juicio la legitimidad del triunfo de nadie, ni lo haré. En mi partido, tampoco. Yo soy el presidente de mi partido"
"Estoy trabajando para ganar y puedo ganar", afirma Mariano Rajoy, de 51 años, Santiago de Compostela (A Coruña), en la sede de su partido en Madrid cuando se le pregunta cómo encara las próximas elecciones generales. El líder del PP descarta que la cita electoral de dentro de dos años sea la última oportunidad de su carrera política y confiesa su voluntad de seguir al frente de su partido aun en caso de derrota. "Si mi partido me apoyara, por supuesto", asegura.
Pregunta. Esta semana ha presentado cuatro millones de firmas en el Congreso para promover un referéndum sobre las competencias del Estado. ¿Y ahora, qué?
Respuesta. Defenderé la proposición de ley en las Cortes. La proposición tiene todo el sentido del mundo: igual que se llamó a los españoles a opinar sobre la Constitución europea, me parece que debe llamárseles a pronunciarse sobre si estamos de acuerdo con lo que acordamos en el año 1978: que España sea una nación y los españoles sean iguales en derechos y deberes. Y al mismo tiempo plantearé la necesidad de que el Tribunal Constitucional se pronuncie antes de la celebración del referéndum catalán. Ya nos han anunciado que no nos van a votar, pero a mí cuatro millones de personas me han dado su apoyo y voy a ir a las Cortes a defender algo en lo que creo. Es el mayor error del partido socialista en estos dos años de legislatura.
P. ¿Qué tiene que decir a lo que declaró la vicepresidenta de que en el camino de las firmas se han dejado seis millones de votos?
R. Pues que revela una curiosa forma de entender la democracia. Eso es democracia a tope.
P. El Gobierno ha dicho que esta iniciativa es inconstitucional.
R. No lo es y el Gobierno lo sabe.
P. Pero la convocatoria de referéndum exige que el Gobierno haga suya la iniciativa.
R. Es una decisión que corresponde al presidente del Gobierno y puede negarse a convocarlo, pero nosotros no hemos pedido que se someta a votación el Estatuto catalán. Eso sí que no se podría someter a votación en toda España, pero sí la opinión sobre un tema concreto. Es algo absolutamente democrático que sólo debe usarse en circunstancias muy especiales, y ésta lo es, porque se está tratando de liquidar por la puerta de atrás el modelo constitucional que nos dimos en 1978.
P. Ha anunciado que en septiembre planteará una reforma constitucional para delimitar las competencias del Estado que sean intransferibles. ¿No es aventurado proponer reformas constitucionales desde la oposición, cuando se está en minoría y sin aliados en el Parlamento?
R. Lo que es España, las competencias del Estado y en qué se gasta su dinero el Estado son decisiones que corresponden al conjunto de los españoles. Y lo que estamos haciendo ahora es fijar las competencias del Estado desde los estatutos de autonomía. Por ejemplo, el Estatuto catalán, y lo quiere copiar el andaluz, establece sus propias competencias, las blinda, define lo que es la legislación básica del Estado y además decide que participa en las grandes decisiones que todavía le quedan al Estado. Es disparatado. Estamos haciendo una reforma constitucional encubierta desde las comunidades autónomas. El Gobierno nos plantea cuatro reformas constitucionales: sobre la sucesión a la corona, sobre el Senado y sobre otros dos temas menores. Pero la reforma constitucional necesaria de verdad es establecer que las reformas de estatutos de autonomía se hacen por mayoría de dos tercios. Segundo, la supresión de la disposición adicional de Navarra 25 años después de la aprobación de la Constitución. Y tercero, fijar con claridad las competencias del Estado, que es lo que se está haciendo por ejemplo en Alemania. Mi posición política es que ahora o dentro de 10 años, cuando nos demos cuenta del disparate que estamos haciendo, tendremos que fijar con claridad lo que el Estado no puede ceder de ninguna manera.
P. ¿Pero no sería lógico que la gestión de las competencias se hiciera en un Senado reformado?
R. No. Es mucho más importante fijar las competencias del Estado. En este momento se habla mucho de reforma del Senado, el Consejo de Estado ha dado hasta siete alternativas y nadie ha dicho en qué tiene que consistir la reforma del Senado, ni para qué ni cuál es el objetivo, ni cuáles son las funciones. Lo que hay que potenciar es la soberanía nacional, representada en las Cortes generales. Eso es lo prioritario. La única propuesta clara de reforma del Senado la intentaron los nacionalistas. Y lo que se atribuían era un derecho de veto sobre aquellas leyes que afectasen a su territorio, que son exactamente todas. No lo consiguieron porque no lo aceptamos algunos, y ese derecho de veto lo logran ahora con el Estatuto de autonomía de Cataluña que se va a aplicar.
P. El Gobierno de Aznar, al que usted pertenecía, cedió soberanía fiscal a las autonomías, y ahora, cuando las comunidades autónomas plantean nuevas demandas, recurre a un discurso catastrofista.
R. No, no. Yo me creo el modelo autonómico y lo he defendido. He sido vicepresidente de la Xunta de Galicia, he presidido la comisión de transferencias y participado en debates de financiación como responsable en este partido durante seis años de estos temas y como ministro de Administraciones Públicas. Ahora bien, una cosa es hacer un modelo descentralizado y otra es dejar al Estado sin competencias y sin recursos financieros, que es a lo que vamos. Nosotros cedimos, efectivamente, una parte del impuesto de la renta de las personas físicas, pero eso no tiene nada que ver con lo que se ha aprobado para Cataluña. Ahora, en el Estatuto de Cataluña se establece que las inversiones del Estado se financien en función del producto interior bruto de las comunidades, pero a la vez los mismos que aprueban ese estatuto están aprobando en Andalucía que las inversiones del Estado se decidirán en función de la población. Y tendremos estatutos que nos digan que las inversiones del Estado se decidirán en función de las islas o de otras cosas. Eso nunca lo aceptaré: la decisión básica de en qué invierte sus recursos el Estado la tienen que tomar las Cortes Generales, porque el origen de los Parlamentos está precisamente para discutir y para decidir qué se hace con el dinero de los contribuyentes.
P. ¿Si recupera el poder va a proponer una vuelta atrás en el Estatuto de Cataluña?
R. Muchas de las cosas que están aprobadas en el Estatuto de autonomía no se van a poder aplicar. El drama es que hemos hecho un estatuto que no solamente es anticonstitucional, sino que es ininteligible en buena parte de sus aspectos, inaplicable, y además es pésimo para el conjunto de los ciudadanos. ¿Y quiere que le diga en qué va a terminar toda esta historia? Pues que la única solución es que el estatuto no se aplique.
P. Sucedió con el PSOE y después con el PP. Cada vez que un Gobierno acuerda traspasar ingresos a las comunidades autónomas, el partido que está en la oposición lo considera poco menos que un riesgo para el Estado, y cuando llega al Gobierno vuelve a ahondar en esa dirección.
R. Pero aquí estamos hablando de que se crea una nueva nación y se establece un modelo de relación bilateral que es el clásico de un modelo confederal. Además, es una relación bilateral donde no hay reciprocidad, porque las Cortes no pueden intervenir en las competencias de la Generalitat. Se blindan las competencias de la Generalitat y se le quitan competencias al Estado. Se aumenta la participación de Cataluña en el impuesto de la renta, en el IVA y en los impuestos especiales, pero eso se fija en un estatuto cuando esas decisiones se deben tomar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La principal crítica que hay que hacerle a este estatuto es que se nos está organizando el Estado desde una parte del Estado. Se están haciendo leyes ininteligibles, anticonstitucionales, incumplibles. Se está engañando a la gente.
P. La estrategia que defienden les ha llevado a quedarse solos, sin enclave en otros partidos pequeños. Eso les condena a ganar por mayoría absoluta para poder gobernar. ¿No le preocupa?
R. Si yo hubiera aprobado el plan Ibarretxe, se hubiera quedado solo el PSOE. Cuando se nos argumentó que "el 90% del Parlamento catalán ha aprobado esto", podría haber dicho "yo también lo apruebo y, además, no admito enmiendas". ¿El Partido Popular habría hecho un servicio a nuestro país? Es muy fácil decir que nos hemos quedado solos.
P. En el momento más complicado de la negociación del Estatuto de Cataluña, el PP igualó al PSOE en las encuestas y ahora la distancia vuelve a ser de ocho puntos. ¿Cómo explica este cambio de la opinión pública?
R. Hace tiempo que he decidido que no soy un comentarista ni un analista de encuestas. He visto que perdíamos las elecciones europeas por 11 puntos y las perdimos por dos; ganábamos las elecciones generales por mayoría absoluta según el CIS y vimos el resultado. Tengo que defender posiciones en las que cree mucha gente. Y en la defensa de la nación española, de la igualdad de los españoles y del modelo constitucional de 1978 cree una inmensa mayoría. Yo, desde luego, creo. Los actuales dirigentes políticos catalanes son lo peor que ha habido en España desde el año 1977. La irresponsabilidad con la que han actuado ellos y el señor Rodríguez Zapatero, que les ha apoyado, pasará a la historia.
P. ¿Cuál es su posición en el nuevo momento político que se ha abierto tras el alto el fuego de ETA y después también de los atentados vividos el pasado fin de semana?
R. Mi posición es la siguiente: primero, voy a apoyar al Gobierno para acabar con ETA; segundo, se han producido algunos acontecimientos en los últimos días que son muy negativos. Lo ocurrido en Barañáin, lo ocurrido en Getxo y las cartas a empresarios navarros y vascos son datos negativos, pero son peores algunas declaraciones de representantes del Gobierno, empezando por su presidente. He echado en falta unas palabras de cariño y de ánimo al concejal de Barañáin o a la Unión del Pueblo Navarro. No me gusta que se diga que el señor Otegi trabaja mucho por la paz. El señor Otegi es un delincuente. No nos engañemos, no está en la cárcel porque ha habido una fianza y no está ahora porque el fiscal no lo ha pedido. No me gusta que se hable de proceso de paz. Habrá que hablar de fin de una organización terrorista y de que mucha gente honrada recupere la libertad.
P. Si el alto el fuego permanente se confirma...
R. Lo más importante es constatar la decisión irreversible de ETA de dejar las armas, porque ETA no tiene el beneficio de la duda. Los demás, sí; ETA, no. Ya es la cuarta tregua de la que hablamos y hasta que no tengamos claro que ETA deja definitivamente las armas, no soy partidario de tomar ninguna medida. No tiene por qué moverse el Estado de derecho; el que tiene que moverse es el que mata y el que incumple la ley. Esta situación requiere mucha prudencia, mucho realismo, y algunos miembros del Gobierno deberían hablar un poquito menos, y cuando hablen, intentar transmitir un poco de firmeza y convicción.
P. ¿Se siente suficientemente informado por el presidente del Gobierno?
R. Me siento informado de lo que me quiere informar el presidente del Gobierno. Lo importante es que me informe de lo sustancial. La pregunta más relevante que le hice en la reunión que mantuvimos fue: "¿Usted tiene algún compromiso con ETA?". Me dijo que no. Pero mi posición está muy clara. La fijé el primer día. Me ha llamado un par de veces después de la última reunión que tuvimos y lo único que me ha dicho es que las cosas iban bien y que no se detectaba nada raro. También me telefoneó para explicarme lo de Barañáin.
P. En el último debate del estado de la nación, su partido decidió no apoyar la declaración del Congreso sobre la eventual apertura de un proceso de negociaciones en el caso del fin de la violencia. ¿Cuál será la posición del PP si se plantea un paso más hacia la negociación?
R. Hoy lo único que hay que hacer es verificar si hay una decisión irreversible de ETA de dejar las armas. Y a partir de ahí, ninguna contrapartida política. Ninguna es ninguna: ni Navarra, ni autodeterminación, ni mesas. Nada. Si no, convertiríamos al terrorismo en un instrumento para hacer política. El Estado de derecho no debería estar en tregua, no debería estarlo ni el ministerio fiscal, ni la policía ni la guardia civil. Llevamos seis meses casi sin detenciones. Lo apunto: seis meses. ¿O es que le debe algo la sociedad española a ETA? Y, por supuesto, Batasuna no puede legalizarse si ETA existe, porque Batasuna es una organización terrorista. Y recuerdo una cosa: el mayor golpe que se ha dado en España al terrorismo ha sido la ley de partidos y la ilegalización de Batasuna. Lo que tenemos enfrente es una organización terrorista que lleva más de 30 años matando, no un señor que en palabras del presidente del Gobierno está haciendo mucho por el proceso de paz, como es el señor Otegi. Eso no se puede decir.
P. ¿Piensa que fue un error que en 1999 el Gobierno del PP acudiera a un encuentro con la cúpula de ETA sin que hubiera suspendido la extorsión a los empresarios y la lucha callejera?
R. No creo que fuera un error. ETA declaró una tregua en el año 1998 porque, según supimos luego, había llegado a un acuerdo con el PNV y la rompió porque el PNV no lo había cumplido. El Gobierno no había tenido ningún contacto con ETA. El presidente del Gobierno habló entonces con los dirigentes políticos y le dijo a la opinión pública: "Quiero tener un encuentro con ETA para constatar la voluntad de ETA de dejar de matar". No para negociar; de hecho, no se negoció nada. A mí me parece bien que ahora el Gobierno constate que ETA tiene la voluntad definitiva de dejar las armas. Y no debe hacer nada hasta que no lo constate. Y eso es lo que le dije yo al presidente del Gobierno: "Te apoyo para esto, hazlo como veas. Nosotros lo hicimos en su día". Pero hasta que eso no se produzca... Es que aquí vemos a los señores de Batasuna diciendo que lo que hay que constatar es que el Estado español y el francés aceptan las decisiones que tomen los vascos en la mesa de partidos. Hay que decir con meridiana claridad que eso no es posible.
P. ¿Qué espera de la reunión del Pacto Antiterrorista a celebrar antes de que el presidente informe al Congreso?
R. El Pacto Antiterrorista tiene ante todo un valor simbólico y político. Cuando fui ministro de Interior y vicepresidente primero del Gobierno, los dirigentes del partido socialista estaban todo el día en Interior. El señor Zarzalejos y el señor Rubalcaba establecieron un procedimiento para hablar, para pactar. Es que la Ley de Partidos fueron muchas horas trabajando juntos. Es que en 2002, cuando el señor Zapatero veraneaba en Galicia y yo también, decidimos poner en marcha la Ley de Partidos para promover la ilegalización. Pero en estos dos años se nos ha excluido de la política antiterrorista. Ni se nos informó ni se quiso compartir objetivos ni seguimientos. Lo fácil es decir que el PP se aísla; se nos expulsó. Estoy diciendo lisa y llanamente la verdad. Se hizo lo contrario de lo que hizo el PP y de lo que hice yo.
P. Si Rubalcaba fue un interlocutor aceptado, ¿por qué declara que no le merece confianza como ministro de Interior?
R. Voy a decir por qué: me parece que éste no es momento de habilidades ni de listos, sino de principios y convicciones. Creo que su nombramiento es un error, pero si tengo que hacerlo, trataré con él.
P. Dice que no puede haber contrapartidas políticas, pero ¿caben medidas penitenciarias? El Gobierno de Aznar lo hizo.
R. Hubo algunos acercamientos de presos; casi todos fueron decisiones judiciales, no gubernamentales. Pero en este momento, el único mensaje que podemos mandar el Gobierno y los dirigentes que queremos colaborar en este proceso es que tienen que dejar las armas irreversiblemente, y punto.
P. Una de las herencias positivas de los Gobiernos de Aznar ha sido su firmeza en la lucha antiterrorista. ¿Cómo se compagina esto con la insistencia en tratar de ver la huella de ETA detrás del mayor atentado que ha tenido la historia de nuestro país?
R. Ése es un asunto ya superado. En fin, se va a abrir el juicio... Yo nunca he hecho esa afirmación. Lo único que digo en relación con el 11-M, probablemente uno de los acontecimientos más dramáticos que se han producido en España, es que nadie sabe en este momento quién fue el autor intelectual, por qué se hizo esto, cómo se ha organizado esto. No lo sé yo, ni nadie lo sabe, ni el propio auto judicial lo deja claro. Lo único que digo es que en un tema de estas características, el Estado de derecho no puede bajar la guardia, debe trabajar para saber la verdad.
P. ¿Mantiene dudas sobre manipulación de pruebas mientras el PP aún estaba en el Gobierno?
R. Hay cosas que se siguen publicando estos días en los medios de comunicación que es bueno que se aclaren. No digo más.
P. ¿Le beneficia a su futuro político tener un segundo nivel en el partido que, al menos en términos de imaginario popular, está tan vinculado a los acontecimientos de los días siguientes al 11-M?
R. Tengo un equipo mucho mejor que el Gobierno de España desde el punto de vista de su capacidad profesional y para ejercer una actividad de gobierno. Sinceramente, lo creo. Yo me he puesto a mirar hacia el futuro desde el día siguiente a las elecciones generales. Es en lo que estoy. Yo había planteado un objetivo político, que era seguir trabajando para mejorar el bienestar de los españoles, seguir acercándonos a la convergencia real con Europa, ver el mundo en el que estamos como uno de los gigantes económicos, mejorar la competitividad. Había puesto en la competitividad y la economía el principio inspirador de nuestra acción de gobierno. Ése era mi objetivo y esto es exactamente lo que no ha hecho este Gobierno.
P. ¿Acebes y Zaplana no fueron una herencia de Aznar?
R. El comité ejecutivo de este partido lo hice yo en el congreso de octubre de 2004. He nombrado a quien me ha parecido oportuno. El partido, no hace falta que lo diga, lo dirijo yo.
P. A usted se le veía más en el centro político antes que ahora que dirige el partido.
R. Siempre he sido una persona moderada, de centro, amigo de los pactos y los acuerdos. Presumo de haber participado en los dos grandes pactos autonómicos que se hicieron en España: en 1992, cuando estábamos en la oposición, y en 1996, ya en el Gobierno. Provocamos la reforma de estatutos de autonomía, desarrollamos el Estado de las autonomías, uno de los acuerdos entre el PSOE y el PP. Ofrecí en el debate de investidura pactos en materia de terrorismo, de política territorial, de política exterior, y para los temas de pensiones y dependencia. La reflexión que también es bueno hacer es qué ha pasado estos dos últimos años: lo que ha habido es un intento perfectamente dirigido de marginar al PP de las grandes decisiones nacionales. La decisión de hacer acuerdos con los nacionalistas no la discuto. Salvo en el tema de las reglas de juego. Acepto que se pacte hasta la política educativa, otro de los terroríficos errores de este Gobierno, que aprueba una ley y al día siguiente cesa a la ministra. Las reglas de juego hay que pactarlas con el gran partido de la oposición. Y se ha hecho un esfuerzo para echar al PP de esos grandes acuerdos, que comenzó con aquel famoso Pacto del Tinell y está por escrito. Y se ha echado al PP del Pacto Antiterrorista, aunque ahora se nos ha intentado recuperar. Y se ha expulsado al PP de los grandes acuerdos territoriales. He tenido que hacer intervenciones duras en el Congreso. ¿Cómo no voy a hacerlo cuando se presenta el plan Ibarretxe en el cual un señor anuncia que tiene el derecho a irse de España? ¿Cómo no voy a hacer una intervención dura en el caso del debate del Estatuto catalán? Lo que se ha hecho con la OPA contra Endesa...
P. ¿Volvería a repetir la acusación de que Zapatero ha traicionado a las víctimas?
R. Uno de los grandes errores del Gobierno de Rodríguez Zapatero ha sido provocar el mayor conflicto con las víctimas del terrorismo que nunca Gobierno alguno ha tenido. Es que el nombramiento de Peces-Barba, y lo terrible es que se lo dije, fue un enorme error. ¿Por qué no fue el señor Rodríguez Zapatero al congreso de las víctimas?
P. El Gobierno ve detrás de eso la mano del PP.
R. Nosotros no hemos convocado las manifestaciones, las han convocado las víctimas del terrorismo. Por ejemplo, en la última convocatoria estaba toda la dirección del Partido Popular en Galicia, en un reconocimiento que le hacíamos a Fraga, y tuvimos que alquilar un avión para poder estar en la manifestación a las cinco de la tarde de un sábado.
P. ¿Afronta las elecciones generales de dentro de dos años como si fuera la última oportunidad de su carrera política?
R. No.
P. ¿Y cómo las encara entonces?
R. Estoy trabajando para ganar y puedo ganar. Para que alguien gane las elecciones se necesitan dos cosas: primero, que el Gobierno no lo haga bien, y segundo, que el que esté en la oposición y pueda ser la alternativa genere confianza y tenga credibilidad. Estoy trabajando, lógicamente, en la segunda. Y creo que el Gobierno está haciendo cosas absolutamente disparatadas.
P. Pese a que una vez anunció que iba a moderar su discurso, su estrategia se caracteriza por la oposición dura. ¿Tiene previsto un giro más centrista según se acerquen las elecciones?
R. Yo no tengo una posición dura. Defiendo la existencia de la España constitucional, que haya un Estado fuerte, con competencias, con recursos, le digo a la gente que vamos por un camino contrario al de la Unión Europea, los gigantes asiáticos y Estados Unidos. Vamos en dirección contraria a la de todos los países del mundo. Advierto, porque es mi obligación y además la inmensa mayoría de la gente lo cree así, que España va hacia una confederación y una liquidación del modelo constitucional. Se ha querido aislar a un partido y cambiar el modelo de España porque se le ha ocurrido a un señor.
P. Habla de exclusión, y desde su partido, dos años después, aún se sigue cuestionando la legitimidad del triunfo socialista.
R. Jamás he dicho eso. El día que perdí las elecciones llamé al presidente del Gobierno y le felicité. Y la primera vez que me llamó a La Moncloa fui, y luego acudí yo a pedirle un pacto en el tema de España. Se lo di por escrito. Me dijo que sí y luego que no. Pongamos las cosas en su sitio: el presidente del Gobierno ha intentado excluir al PP de los grandes acuerdos nacionales. Tengo la obligación de reprochárselo porque hay muchísimos españoles que no están de acuerdo con esto. Nunca he puesto en tela de juicio la legitimidad del triunfo de nadie, ni lo haré. En mi partido, tampoco.
P. Asegura que trabaja para ganar, pero, si no lo consigue, ¿se ha planteado seguir?
R. Si mi partido me apoyara, por supuesto. Estamos en un momento muy relevante de la historia de España y estamos perdiendo una gran oportunidad. Nos habíamos acercado 11 puntos a la convergencia real con Europa y los últimos datos de 2004 indican que estamos retrocediendo. Tenemos una política económica propia de un don Tancredo y, en lugar de hacer lo que deberíamos, nos estamos dedicando a preguntarnos de dónde venimos y quiénes somos.
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La deriva autonómica
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EL PROCESO de reforma de los Estatutos de autonomía se está desarrollando en una dinámica imparable. Habrá cola por entrar en pista en las Cortes Generales. Ha sido alentado desde el Gobierno como consecuencia de un compromiso electoral, que no figuraba en el programa del PP, reclamado por los socialistas catalanes. También era un compromiso la reforma de la Constitución en cuatro puntos. Uno de ellos relativo a incluir la denominación de las comunidades autónomas, para lo que se solicitó un informe del Consejo de Estado. Lo congruente, desde una visión general del Estado, hubiera sido esperar al informe antes de promover la reforma de ningún Estatuto. No ha sido así.
La petición de constitucionalizar a las comunidades autónomas podía atenderse con facilidad. Bastaba con incorporar a la Constitución una disposición adicional, dejando intacto el texto. No era una fórmula inocua. Quedaría fijada la organización territorial del Estado, con la inclusión de Ceuta y Melilla. El Gobierno preguntó, además, sobre las consecuencias jurídicas que produciría la constitucionalización de las autonomías, lo que proporcionó al Consejo la ocasión de realizar amplias reflexiones sobre el Estado autonómico. El informe no es vinculante para el Gobierno y, por supuesto, es discutible. Aunque va a ser objeto de estudio por quién lo pidió, se han adelantado opiniones de signo opuesto por los dos partidos mayoritarios.
Se ha propuesto reintroducir el recurso previo de inconstitucionalidad, que habría de interponerse contra el texto de reforma de Estatuto aprobado por las Cortes Generales y antes del referéndum, cuando se requiera, como sucede con el Estatuto catalán. El PP se ha apuntado a la sugerencia. El Gobierno la ha rechazado. No resulta exagerado presumir la dificultad de prosperar que tiene un recurso de inconstitucionalidad contra un Estatuto aprobado por el pueblo catalán. Su estimación provocaría un conflicto de profundo calado. Al no admitir aquella propuesta, se juega a la práctica de los hechos consumados.
La hoja de ruta que se sigue tiene un fin no visualizable, pero no indeterminado. De momento, por un efecto de simpatía, también estimulado por el partido en el Gobierno de la Nación, la realidad nacional se acoge en Andalucía, y es previsible que se extienda a Canarias, Aragón, ¿Galicia?¿ No parece que sea asumida por todas las comunidades, con lo que se tranquiliza sobre la ruptura de España. La conquista catalana se devalúa, como ha manifestado ERC, y con ello, de paso, se procura contrarrestar el sentimiento que afloró en la sociedad por la solución singular dada a Cataluña. Domina el cálculo electoral.
El informe del Consejo de Estado contiene también la posible derogación de la disposición cuarta de la Constitución relativa a Navarra. Su mantenimiento hace posible la hipótesis de que socialistas, aberzales y aliados, si tienen mayoría en las elecciones autonómicas, pongan en marcha el mecanismo de incorporación de Navarra a la Comunidad Autónoma vasca, con su voto en el Parlamento y en el correspondiente referéndum. Operación arriesgada, que puede utilizarse, al menos, como señuelo de negociación, envuelta en la ambigüedad.
No se ha ido de lo general a lo particular. Se ha elegido la vía de las soluciones singulares, de Estatuto en Estatuto. No se ha reformado la Constitución, pero se presionará sobre el artículo segundo, que habla de Nación española y de nacionalidades y regiones. Puede quedar alterado de hecho por una interpretación que se entiende es conforme a una realidad distinta de la que se contempló en el momento constituyente de 1978.
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