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La Coctelera

Blog Estatuto Andaluz y los coidadanos ¿Que piensas?

El Estatuto de Andalucía vulnera derechos básicos de los andaluces y es insolidario con el resto de las comunidade, imitación de catalán, hecho para salvar la cara a Rodríguez Zapatero o hecho para que las oligarquías progres -nuevos señores feudal

Categoría: Secesionismo

7 Mayo 2006

Una Andalucía de primera no será posible en una España de segunda donde se ... bilaterales y privilegiadas de algunas Comunidades con el Gobierno de la nación.

javier arenas bocanegra presidente del partido popular de andalucía

Una Andalucía de primera

EN Andalucía no hemos percibido como propio "el problema autonómico". Los andaluces en ningún momento hemos demandado la reforma de nuestro Estatuto. Nos sentimos orgullosos de ser andaluces y españoles y nuestra mejor apuesta ha sido el autogobierno constitucional. El proceso de reforma en el que estamos inmersos deriva de la obsesión asimétrica de los nacionalismos catalán y vasco.

Nuestro principal fracaso era y es el escaso cumplimiento de los fines del Estatuto de Carmona de 1981. La única responsabilidad es del PSOE, que lleva gobernando Andalucía desde 1982. Seguimos siendo Región Objetivo 1 en la Unión Europea. Somos, tras 24 años de gobiernos socialistas, los últimos de España y Europa en renta, oportunidades y niveles de bienestar. Por eso he dicho que para Andalucía era y es más urgente un cambio de gobierno, un cambio de políticas, que una reforma del Estatuto.

El Partido Popular ha votado en contra de la reforma del Estatuto que ha salido adelante sin consenso. Nosotros lo hemos intentado hasta el final. Ante las pretensiones insolidarias, rupturistas y asimétricas del nacionalismo –hoy el catalán, mañana el vasco–, el Partido Popular ha querido conseguir un Estatuto de todos los andaluces para que Andalucía siga siendo una Comunidad de primera en la España constitucional. Un Estatuto sin consenso nunca será un Estatuto de primera.

Defendemos un Estatuto de máximos para una Andalucía de primera, como lo fue el de Carmona. Es imprescindible un Estatuto de todos, no el Estatuto de dos partidos de izquierda, por importantes que sean. No creo que el señor Chaves considere un éxito haber logrado dividir en dos a los andaluces. Pasamos del consenso del Estatuto de Carmona a una reforma que deja fuera, al menos, a los partidos que representan más del 40% de los andaluces.

Pensamos que un Estatuto de máximos no es aquel que denomina a Andalucía "realidad nacional", expresión que confunde a la mayoría de los andaluces que creen que la única realidad nacional es España, sino en hacer de Andalucía una "realidad política, económica y social" de primera, que influya en la España de todos. El señor Chaves, incumpliendo la palabra que dio a los andaluces, y a mí personalmente, ha optado por amparar las estrategias de Maragall, Carod-Rovira, Ibarretxe y de Zapatero, que cede ante ellos.

Un Estatuto de máximos debe incluir garantías democráticas que hagan que, al menos, las elecciones autonómicas se celebren separadamente de cualesquiera otras, para que el debate político andaluz sea profundo y ocupe el protagonismo que merece. Es inimaginable que las elecciones vascas y catalanas coincidan con otras. 28 años de autonomías avalan esta afirmación.

Un Estatuto de máximos debe reflejar que, si los andaluces ven mermada su igualdad esencial de derechos y oportunidades en cualquier parte del territorio nacional, la Junta de Andalucía debe ampararlos y defenderlos. El PSOE e IU no lo han querido así.

Un Estatuto de máximos debe contemplar que tengamos todas las competencias, siempre dentro del marco constitucional. Los andaluces no debemos ser cómplices, ni por activa ni por pasiva, del objetivo de los nacionalismos insolidarios: menos España, como etapa intermedia hacia ninguna España. Una Andalucía de primera no será posible en una España de segunda donde se imponga la asimetría, la insolidaridad y la desigualdad. PSOE e IU no han aceptado nuestras enmiendas.

Un Estatuto de máximos debe dejar claro que, la financiación del Estado de las Autonomías corresponde al Estado con el conjunto de las autonomías, a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, como se ha hecho hasta ahora, no a relaciones bilaterales y privilegiadas de algunas Comunidades con el Gobierno de la nación. PSOE e IU apuestan por relaciones bilaterales que conducirán a que las regiones más ricas reciban más, y las más pobres menos.

Un Estatuto de máximos debe exigir el desarrollo de la autonomía local. El nuevo Estatuto no recoge la delegación competencial a los Ayuntamientos y su financiación efectiva, para acercar los servicios a los ciudadanos. PSOE e IU han marginado las Corporaciones Locales en la reforma.

Hemos intentado aprovechar una reforma no demandada por la mayoría de los andaluces para mejorar nuestra vida democrática, defendiendo con uñas y dientes la igualdad de derechos y la solidaridad garantizadas por el Estatuto de 1981 y por la Constitución.

Estamos perdiendo una gran oportunidad. Los políticos andaluces deberíamos ser la voz del sentir popular. Lo que ahora toca a Andalucía es ser el contrapeso frente a los que quieren romper, a los que quieren que seamos desiguales, a los que nos niegan el agua de los trasvases y desean recortarnos la financiación. ¡Qué error, señor Chaves!

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5 Mayo 2006

ERC quiere prohibir la venta de `toritos´ y bailarinas flamencas en Cataluña

Estos mediocres del tripartito han convertido a Cataluña en un circo para que el mundo se divierta gratis.

¿No tienen otra cosa que hacer los engordados burócratas del secesionismo? O que son muy listos:
Mientras ellos se suben los sueldos, colocan a los hermanísimos y le dan por informes a sus allegados más de 80.000 euros, nos quieren distraer con bobadas.
Y lo del 3% y lo del Carmelo, etc


ERC quiere prohibir la venta de `toritos´ y bailarinas flamencas en Cataluña
04.05.06 @ 12:30:25. Archivado en España
(Agencias / PD).- El Gobierno de la patria chica de Peret o Carmen Amaya está a punto de iniciar una verdadera cruzada contra la iconografía e imaginería “typical spanish”. El consejero de Turismo de la Generalitat no quiere que las calles céntricas de la Ciudad Condal ofrezcan a los viandantes artículos de regalo que conecten de algún modo a Cataluña con España. Imaginería taurina o las muñecas flamencas, de éxito indudable entre los extranjeros, serán perseguidas hasta su erradicación.

Los comerciantes se suben por las paredes porque las autoridades políticas les prohibirán exhibir y comerciar con artículos básicos del turismo en nuestro país. Sólo podrán ofrecer los puramente catalanes. De este modo, los toros y las muñequitas flamencas que tanto éxito tienen entre los “guiris” serán censuradas y perseguidas.

Esta es la enésima campaña del tripartito catalán por eliminar todo lo que huela a España de las calles de Cataluña. El mencionado consejero de Comercio, Turismo y Consumo de la Generalidad catalana, Josep Huguet, abandera esta erradicación de los símbolos y objetos que relacionen Cataluña con España de las tiendas de las Ramblas de Barcelona y alrededores de la Sagrada Familia.

Lo que se quiere eliminar de los comercios, según informa la cadena COPE, son aquellos artículos que no son estrictamente catalanes, como las muñecas vestidas de flamenca o los toros, para poder así "impulsar la artesanía catalana".

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30 Abril 2006

"La única solución es que el Estatuto de Cataluña no se aplique"

ENTREVISTA: Mariano Rajoy Presidente del Partido Popular
"La única solución es que el Estatuto de Cataluña no se aplique"
El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha hecho del rechazo a la reforma del Estatuto de Cataluña la punta de lanza de su estrategia de oposición a la política del Gobierno. "Ahora o dentro de 10 años, cuando nos demos cuenta del disparate que estamos haciendo, tendremos que fijar con claridad las competencias que el Estado no puede ceder de ninguna manera", afirma. Con este objetivo, en septiembre planteará una reforma de la Constitución para impedir organizar el Estado "desde una parte del Estado" y garantizar la "defensa de la nación española", hoy amenazada, a su juicio, por un estatuto "anticonstitucional, ininteligible e inaplicable". Firme en esta posición, Rajoy culpa sin embargo al Gobierno del "intento perfectamente dirigido de marginar al Partido Popular de las grandes decisiones nacionales". Asume que el presidente del Gobierno pueda acordar con los partidos nacionalistas desde la ley educativa a cualquier otra política, pero reivindica para el primer partido de la oposición el derecho a pactar las reglas de juego. "Se ha echado al PP del Pacto Antiterrorista, aunque ahora se nos ha intentado recuperar. Y se ha expulsado al PP de los grandes acuerdos territoriales", acusa. La única coincidencia aparente con la actuación del presidente Rodríguez Zapatero la concita el proceso abierto para el fin de la violencia terrorista. "Voy a apoyar al Gobierno para acabar con ETA", asegura Rajoy, que exige que no se conceda a cambio ninguna contrapartida. Y subraya que "ninguna es ninguna: ni Navarra, ni autodeterminación, ni mesas. Nada. Si no, convertiríamos al terrorismo en un instrumento para hacer política". Tampoco, insiste, Batasuna puede legalizarse "si ETA existe, porque Batasuna es una organización terrorista". El respaldo del Partido Popular se limita por el momento a que el Gobierno, como en 1999 hizo el Ejecutivo que presidía José María Aznar, pueda constatar que la decisión de la banda terrorista de dejar las armas es irreversible. Sólo a partir de entonces se podría estudiar si conviene tomar alguna medida. El líder del PP advierte contra algunos gestos, comportamientos y declaraciones de miembros del Gobierno, porque "el Estado de derecho no debería estar en tregua, no debería estarlo ni el ministerio fiscal ni la policía ni la Guardia Civil. Llevamos seis meses casi sin detenciones. Lo apunto: seis meses. ¿O es que le debe algo la sociedad española a ETA?".
JESÚS CEBERIO / FÉLIX MONTEIRA
EL PAÍS - España - 30-04-2006
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Mariano Rajoy, en la sede del PP, en la calle Génova de Madrid.
Mariano Rajoy, en la sede del PP, en la calle Génova de Madrid. (RICARDO GUTIÉRREZ)
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Mariano Rajoy.
Mariano Rajoy. (RICARDO GUTIÉRREZ)
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"Voy a apoyar al Gobierno para acabar con ETA, y a partir de ahí, ninguna contrapartida política"
"Con el Estatuto se trata de liquidar por la puerta de atrás el modelo constitucional aprobado en 1978"
"El presidente ha intentado excluir al Partido Popular de los grandes acuerdos nacionales y yo tengo la obligación de reprochárselo"
"Se están haciendo leyes que son ininteligibles, anticonstitucionales, incumplibles. Se está engañando a la gente"
"Ya es la cuarta tregua. Hasta que no tengamos claro que ETA deja definitivamente las armas, no soy partidario de tomar ninguna medida"
"Tengo un equipo mucho mejor que el Gobierno desde el punto de vista de su capacidad profesional y para ejercer una actividad de gobierno"
"Los actuales dirigentes políticos catalanes son lo peor que ha habido desde 1977. La irresponsabilidad con la que han actuado pasará a la historia"
"Nunca he puesto en tela de juicio la legitimidad del triunfo de nadie, ni lo haré. En mi partido, tampoco. Yo soy el presidente de mi partido"

"Estoy trabajando para ganar y puedo ganar", afirma Mariano Rajoy, de 51 años, Santiago de Compostela (A Coruña), en la sede de su partido en Madrid cuando se le pregunta cómo encara las próximas elecciones generales. El líder del PP descarta que la cita electoral de dentro de dos años sea la última oportunidad de su carrera política y confiesa su voluntad de seguir al frente de su partido aun en caso de derrota. "Si mi partido me apoyara, por supuesto", asegura.

Pregunta. Esta semana ha presentado cuatro millones de firmas en el Congreso para promover un referéndum sobre las competencias del Estado. ¿Y ahora, qué?

Respuesta. Defenderé la proposición de ley en las Cortes. La proposición tiene todo el sentido del mundo: igual que se llamó a los españoles a opinar sobre la Constitución europea, me parece que debe llamárseles a pronunciarse sobre si estamos de acuerdo con lo que acordamos en el año 1978: que España sea una nación y los españoles sean iguales en derechos y deberes. Y al mismo tiempo plantearé la necesidad de que el Tribunal Constitucional se pronuncie antes de la celebración del referéndum catalán. Ya nos han anunciado que no nos van a votar, pero a mí cuatro millones de personas me han dado su apoyo y voy a ir a las Cortes a defender algo en lo que creo. Es el mayor error del partido socialista en estos dos años de legislatura.

P. ¿Qué tiene que decir a lo que declaró la vicepresidenta de que en el camino de las firmas se han dejado seis millones de votos?

R. Pues que revela una curiosa forma de entender la democracia. Eso es democracia a tope.

P. El Gobierno ha dicho que esta iniciativa es inconstitucional.

R. No lo es y el Gobierno lo sabe.

P. Pero la convocatoria de referéndum exige que el Gobierno haga suya la iniciativa.

R. Es una decisión que corresponde al presidente del Gobierno y puede negarse a convocarlo, pero nosotros no hemos pedido que se someta a votación el Estatuto catalán. Eso sí que no se podría someter a votación en toda España, pero sí la opinión sobre un tema concreto. Es algo absolutamente democrático que sólo debe usarse en circunstancias muy especiales, y ésta lo es, porque se está tratando de liquidar por la puerta de atrás el modelo constitucional que nos dimos en 1978.

P. Ha anunciado que en septiembre planteará una reforma constitucional para delimitar las competencias del Estado que sean intransferibles. ¿No es aventurado proponer reformas constitucionales desde la oposición, cuando se está en minoría y sin aliados en el Parlamento?

R. Lo que es España, las competencias del Estado y en qué se gasta su dinero el Estado son decisiones que corresponden al conjunto de los españoles. Y lo que estamos haciendo ahora es fijar las competencias del Estado desde los estatutos de autonomía. Por ejemplo, el Estatuto catalán, y lo quiere copiar el andaluz, establece sus propias competencias, las blinda, define lo que es la legislación básica del Estado y además decide que participa en las grandes decisiones que todavía le quedan al Estado. Es disparatado. Estamos haciendo una reforma constitucional encubierta desde las comunidades autónomas. El Gobierno nos plantea cuatro reformas constitucionales: sobre la sucesión a la corona, sobre el Senado y sobre otros dos temas menores. Pero la reforma constitucional necesaria de verdad es establecer que las reformas de estatutos de autonomía se hacen por mayoría de dos tercios. Segundo, la supresión de la disposición adicional de Navarra 25 años después de la aprobación de la Constitución. Y tercero, fijar con claridad las competencias del Estado, que es lo que se está haciendo por ejemplo en Alemania. Mi posición política es que ahora o dentro de 10 años, cuando nos demos cuenta del disparate que estamos haciendo, tendremos que fijar con claridad lo que el Estado no puede ceder de ninguna manera.

P. ¿Pero no sería lógico que la gestión de las competencias se hiciera en un Senado reformado?

R. No. Es mucho más importante fijar las competencias del Estado. En este momento se habla mucho de reforma del Senado, el Consejo de Estado ha dado hasta siete alternativas y nadie ha dicho en qué tiene que consistir la reforma del Senado, ni para qué ni cuál es el objetivo, ni cuáles son las funciones. Lo que hay que potenciar es la soberanía nacional, representada en las Cortes generales. Eso es lo prioritario. La única propuesta clara de reforma del Senado la intentaron los nacionalistas. Y lo que se atribuían era un derecho de veto sobre aquellas leyes que afectasen a su territorio, que son exactamente todas. No lo consiguieron porque no lo aceptamos algunos, y ese derecho de veto lo logran ahora con el Estatuto de autonomía de Cataluña que se va a aplicar.

P. El Gobierno de Aznar, al que usted pertenecía, cedió soberanía fiscal a las autonomías, y ahora, cuando las comunidades autónomas plantean nuevas demandas, recurre a un discurso catastrofista.

R. No, no. Yo me creo el modelo autonómico y lo he defendido. He sido vicepresidente de la Xunta de Galicia, he presidido la comisión de transferencias y participado en debates de financiación como responsable en este partido durante seis años de estos temas y como ministro de Administraciones Públicas. Ahora bien, una cosa es hacer un modelo descentralizado y otra es dejar al Estado sin competencias y sin recursos financieros, que es a lo que vamos. Nosotros cedimos, efectivamente, una parte del impuesto de la renta de las personas físicas, pero eso no tiene nada que ver con lo que se ha aprobado para Cataluña. Ahora, en el Estatuto de Cataluña se establece que las inversiones del Estado se financien en función del producto interior bruto de las comunidades, pero a la vez los mismos que aprueban ese estatuto están aprobando en Andalucía que las inversiones del Estado se decidirán en función de la población. Y tendremos estatutos que nos digan que las inversiones del Estado se decidirán en función de las islas o de otras cosas. Eso nunca lo aceptaré: la decisión básica de en qué invierte sus recursos el Estado la tienen que tomar las Cortes Generales, porque el origen de los Parlamentos está precisamente para discutir y para decidir qué se hace con el dinero de los contribuyentes.

P. ¿Si recupera el poder va a proponer una vuelta atrás en el Estatuto de Cataluña?

R. Muchas de las cosas que están aprobadas en el Estatuto de autonomía no se van a poder aplicar. El drama es que hemos hecho un estatuto que no solamente es anticonstitucional, sino que es ininteligible en buena parte de sus aspectos, inaplicable, y además es pésimo para el conjunto de los ciudadanos. ¿Y quiere que le diga en qué va a terminar toda esta historia? Pues que la única solución es que el estatuto no se aplique.

P. Sucedió con el PSOE y después con el PP. Cada vez que un Gobierno acuerda traspasar ingresos a las comunidades autónomas, el partido que está en la oposición lo considera poco menos que un riesgo para el Estado, y cuando llega al Gobierno vuelve a ahondar en esa dirección.

R. Pero aquí estamos hablando de que se crea una nueva nación y se establece un modelo de relación bilateral que es el clásico de un modelo confederal. Además, es una relación bilateral donde no hay reciprocidad, porque las Cortes no pueden intervenir en las competencias de la Generalitat. Se blindan las competencias de la Generalitat y se le quitan competencias al Estado. Se aumenta la participación de Cataluña en el impuesto de la renta, en el IVA y en los impuestos especiales, pero eso se fija en un estatuto cuando esas decisiones se deben tomar en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La principal crítica que hay que hacerle a este estatuto es que se nos está organizando el Estado desde una parte del Estado. Se están haciendo leyes ininteligibles, anticonstitucionales, incumplibles. Se está engañando a la gente.

P. La estrategia que defienden les ha llevado a quedarse solos, sin enclave en otros partidos pequeños. Eso les condena a ganar por mayoría absoluta para poder gobernar. ¿No le preocupa?

R. Si yo hubiera aprobado el plan Ibarretxe, se hubiera quedado solo el PSOE. Cuando se nos argumentó que "el 90% del Parlamento catalán ha aprobado esto", podría haber dicho "yo también lo apruebo y, además, no admito enmiendas". ¿El Partido Popular habría hecho un servicio a nuestro país? Es muy fácil decir que nos hemos quedado solos.

P. En el momento más complicado de la negociación del Estatuto de Cataluña, el PP igualó al PSOE en las encuestas y ahora la distancia vuelve a ser de ocho puntos. ¿Cómo explica este cambio de la opinión pública?

R. Hace tiempo que he decidido que no soy un comentarista ni un analista de encuestas. He visto que perdíamos las elecciones europeas por 11 puntos y las perdimos por dos; ganábamos las elecciones generales por mayoría absoluta según el CIS y vimos el resultado. Tengo que defender posiciones en las que cree mucha gente. Y en la defensa de la nación española, de la igualdad de los españoles y del modelo constitucional de 1978 cree una inmensa mayoría. Yo, desde luego, creo. Los actuales dirigentes políticos catalanes son lo peor que ha habido en España desde el año 1977. La irresponsabilidad con la que han actuado ellos y el señor Rodríguez Zapatero, que les ha apoyado, pasará a la historia.

P. ¿Cuál es su posición en el nuevo momento político que se ha abierto tras el alto el fuego de ETA y después también de los atentados vividos el pasado fin de semana?

R. Mi posición es la siguiente: primero, voy a apoyar al Gobierno para acabar con ETA; segundo, se han producido algunos acontecimientos en los últimos días que son muy negativos. Lo ocurrido en Barañáin, lo ocurrido en Getxo y las cartas a empresarios navarros y vascos son datos negativos, pero son peores algunas declaraciones de representantes del Gobierno, empezando por su presidente. He echado en falta unas palabras de cariño y de ánimo al concejal de Barañáin o a la Unión del Pueblo Navarro. No me gusta que se diga que el señor Otegi trabaja mucho por la paz. El señor Otegi es un delincuente. No nos engañemos, no está en la cárcel porque ha habido una fianza y no está ahora porque el fiscal no lo ha pedido. No me gusta que se hable de proceso de paz. Habrá que hablar de fin de una organización terrorista y de que mucha gente honrada recupere la libertad.

P. Si el alto el fuego permanente se confirma...

R. Lo más importante es constatar la decisión irreversible de ETA de dejar las armas, porque ETA no tiene el beneficio de la duda. Los demás, sí; ETA, no. Ya es la cuarta tregua de la que hablamos y hasta que no tengamos claro que ETA deja definitivamente las armas, no soy partidario de tomar ninguna medida. No tiene por qué moverse el Estado de derecho; el que tiene que moverse es el que mata y el que incumple la ley. Esta situación requiere mucha prudencia, mucho realismo, y algunos miembros del Gobierno deberían hablar un poquito menos, y cuando hablen, intentar transmitir un poco de firmeza y convicción.

P. ¿Se siente suficientemente informado por el presidente del Gobierno?

R. Me siento informado de lo que me quiere informar el presidente del Gobierno. Lo importante es que me informe de lo sustancial. La pregunta más relevante que le hice en la reunión que mantuvimos fue: "¿Usted tiene algún compromiso con ETA?". Me dijo que no. Pero mi posición está muy clara. La fijé el primer día. Me ha llamado un par de veces después de la última reunión que tuvimos y lo único que me ha dicho es que las cosas iban bien y que no se detectaba nada raro. También me telefoneó para explicarme lo de Barañáin.

P. En el último debate del estado de la nación, su partido decidió no apoyar la declaración del Congreso sobre la eventual apertura de un proceso de negociaciones en el caso del fin de la violencia. ¿Cuál será la posición del PP si se plantea un paso más hacia la negociación?

R. Hoy lo único que hay que hacer es verificar si hay una decisión irreversible de ETA de dejar las armas. Y a partir de ahí, ninguna contrapartida política. Ninguna es ninguna: ni Navarra, ni autodeterminación, ni mesas. Nada. Si no, convertiríamos al terrorismo en un instrumento para hacer política. El Estado de derecho no debería estar en tregua, no debería estarlo ni el ministerio fiscal, ni la policía ni la guardia civil. Llevamos seis meses casi sin detenciones. Lo apunto: seis meses. ¿O es que le debe algo la sociedad española a ETA? Y, por supuesto, Batasuna no puede legalizarse si ETA existe, porque Batasuna es una organización terrorista. Y recuerdo una cosa: el mayor golpe que se ha dado en España al terrorismo ha sido la ley de partidos y la ilegalización de Batasuna. Lo que tenemos enfrente es una organización terrorista que lleva más de 30 años matando, no un señor que en palabras del presidente del Gobierno está haciendo mucho por el proceso de paz, como es el señor Otegi. Eso no se puede decir.

P. ¿Piensa que fue un error que en 1999 el Gobierno del PP acudiera a un encuentro con la cúpula de ETA sin que hubiera suspendido la extorsión a los empresarios y la lucha callejera?

R. No creo que fuera un error. ETA declaró una tregua en el año 1998 porque, según supimos luego, había llegado a un acuerdo con el PNV y la rompió porque el PNV no lo había cumplido. El Gobierno no había tenido ningún contacto con ETA. El presidente del Gobierno habló entonces con los dirigentes políticos y le dijo a la opinión pública: "Quiero tener un encuentro con ETA para constatar la voluntad de ETA de dejar de matar". No para negociar; de hecho, no se negoció nada. A mí me parece bien que ahora el Gobierno constate que ETA tiene la voluntad definitiva de dejar las armas. Y no debe hacer nada hasta que no lo constate. Y eso es lo que le dije yo al presidente del Gobierno: "Te apoyo para esto, hazlo como veas. Nosotros lo hicimos en su día". Pero hasta que eso no se produzca... Es que aquí vemos a los señores de Batasuna diciendo que lo que hay que constatar es que el Estado español y el francés aceptan las decisiones que tomen los vascos en la mesa de partidos. Hay que decir con meridiana claridad que eso no es posible.

P. ¿Qué espera de la reunión del Pacto Antiterrorista a celebrar antes de que el presidente informe al Congreso?

R. El Pacto Antiterrorista tiene ante todo un valor simbólico y político. Cuando fui ministro de Interior y vicepresidente primero del Gobierno, los dirigentes del partido socialista estaban todo el día en Interior. El señor Zarzalejos y el señor Rubalcaba establecieron un procedimiento para hablar, para pactar. Es que la Ley de Partidos fueron muchas horas trabajando juntos. Es que en 2002, cuando el señor Zapatero veraneaba en Galicia y yo también, decidimos poner en marcha la Ley de Partidos para promover la ilegalización. Pero en estos dos años se nos ha excluido de la política antiterrorista. Ni se nos informó ni se quiso compartir objetivos ni seguimientos. Lo fácil es decir que el PP se aísla; se nos expulsó. Estoy diciendo lisa y llanamente la verdad. Se hizo lo contrario de lo que hizo el PP y de lo que hice yo.

P. Si Rubalcaba fue un interlocutor aceptado, ¿por qué declara que no le merece confianza como ministro de Interior?

R. Voy a decir por qué: me parece que éste no es momento de habilidades ni de listos, sino de principios y convicciones. Creo que su nombramiento es un error, pero si tengo que hacerlo, trataré con él.

P. Dice que no puede haber contrapartidas políticas, pero ¿caben medidas penitenciarias? El Gobierno de Aznar lo hizo.

R. Hubo algunos acercamientos de presos; casi todos fueron decisiones judiciales, no gubernamentales. Pero en este momento, el único mensaje que podemos mandar el Gobierno y los dirigentes que queremos colaborar en este proceso es que tienen que dejar las armas irreversiblemente, y punto.

P. Una de las herencias positivas de los Gobiernos de Aznar ha sido su firmeza en la lucha antiterrorista. ¿Cómo se compagina esto con la insistencia en tratar de ver la huella de ETA detrás del mayor atentado que ha tenido la historia de nuestro país?

R. Ése es un asunto ya superado. En fin, se va a abrir el juicio... Yo nunca he hecho esa afirmación. Lo único que digo en relación con el 11-M, probablemente uno de los acontecimientos más dramáticos que se han producido en España, es que nadie sabe en este momento quién fue el autor intelectual, por qué se hizo esto, cómo se ha organizado esto. No lo sé yo, ni nadie lo sabe, ni el propio auto judicial lo deja claro. Lo único que digo es que en un tema de estas características, el Estado de derecho no puede bajar la guardia, debe trabajar para saber la verdad.

P. ¿Mantiene dudas sobre manipulación de pruebas mientras el PP aún estaba en el Gobierno?

R. Hay cosas que se siguen publicando estos días en los medios de comunicación que es bueno que se aclaren. No digo más.

P. ¿Le beneficia a su futuro político tener un segundo nivel en el partido que, al menos en términos de imaginario popular, está tan vinculado a los acontecimientos de los días siguientes al 11-M?

R. Tengo un equipo mucho mejor que el Gobierno de España desde el punto de vista de su capacidad profesional y para ejercer una actividad de gobierno. Sinceramente, lo creo. Yo me he puesto a mirar hacia el futuro desde el día siguiente a las elecciones generales. Es en lo que estoy. Yo había planteado un objetivo político, que era seguir trabajando para mejorar el bienestar de los españoles, seguir acercándonos a la convergencia real con Europa, ver el mundo en el que estamos como uno de los gigantes económicos, mejorar la competitividad. Había puesto en la competitividad y la economía el principio inspirador de nuestra acción de gobierno. Ése era mi objetivo y esto es exactamente lo que no ha hecho este Gobierno.

P. ¿Acebes y Zaplana no fueron una herencia de Aznar?

R. El comité ejecutivo de este partido lo hice yo en el congreso de octubre de 2004. He nombrado a quien me ha parecido oportuno. El partido, no hace falta que lo diga, lo dirijo yo.

P. A usted se le veía más en el centro político antes que ahora que dirige el partido.

R. Siempre he sido una persona moderada, de centro, amigo de los pactos y los acuerdos. Presumo de haber participado en los dos grandes pactos autonómicos que se hicieron en España: en 1992, cuando estábamos en la oposición, y en 1996, ya en el Gobierno. Provocamos la reforma de estatutos de autonomía, desarrollamos el Estado de las autonomías, uno de los acuerdos entre el PSOE y el PP. Ofrecí en el debate de investidura pactos en materia de terrorismo, de política territorial, de política exterior, y para los temas de pensiones y dependencia. La reflexión que también es bueno hacer es qué ha pasado estos dos últimos años: lo que ha habido es un intento perfectamente dirigido de marginar al PP de las grandes decisiones nacionales. La decisión de hacer acuerdos con los nacionalistas no la discuto. Salvo en el tema de las reglas de juego. Acepto que se pacte hasta la política educativa, otro de los terroríficos errores de este Gobierno, que aprueba una ley y al día siguiente cesa a la ministra. Las reglas de juego hay que pactarlas con el gran partido de la oposición. Y se ha hecho un esfuerzo para echar al PP de esos grandes acuerdos, que comenzó con aquel famoso Pacto del Tinell y está por escrito. Y se ha echado al PP del Pacto Antiterrorista, aunque ahora se nos ha intentado recuperar. Y se ha expulsado al PP de los grandes acuerdos territoriales. He tenido que hacer intervenciones duras en el Congreso. ¿Cómo no voy a hacerlo cuando se presenta el plan Ibarretxe en el cual un señor anuncia que tiene el derecho a irse de España? ¿Cómo no voy a hacer una intervención dura en el caso del debate del Estatuto catalán? Lo que se ha hecho con la OPA contra Endesa...

P. ¿Volvería a repetir la acusación de que Zapatero ha traicionado a las víctimas?

R. Uno de los grandes errores del Gobierno de Rodríguez Zapatero ha sido provocar el mayor conflicto con las víctimas del terrorismo que nunca Gobierno alguno ha tenido. Es que el nombramiento de Peces-Barba, y lo terrible es que se lo dije, fue un enorme error. ¿Por qué no fue el señor Rodríguez Zapatero al congreso de las víctimas?

P. El Gobierno ve detrás de eso la mano del PP.

R. Nosotros no hemos convocado las manifestaciones, las han convocado las víctimas del terrorismo. Por ejemplo, en la última convocatoria estaba toda la dirección del Partido Popular en Galicia, en un reconocimiento que le hacíamos a Fraga, y tuvimos que alquilar un avión para poder estar en la manifestación a las cinco de la tarde de un sábado.

P. ¿Afronta las elecciones generales de dentro de dos años como si fuera la última oportunidad de su carrera política?

R. No.

P. ¿Y cómo las encara entonces?

R. Estoy trabajando para ganar y puedo ganar. Para que alguien gane las elecciones se necesitan dos cosas: primero, que el Gobierno no lo haga bien, y segundo, que el que esté en la oposición y pueda ser la alternativa genere confianza y tenga credibilidad. Estoy trabajando, lógicamente, en la segunda. Y creo que el Gobierno está haciendo cosas absolutamente disparatadas.

P. Pese a que una vez anunció que iba a moderar su discurso, su estrategia se caracteriza por la oposición dura. ¿Tiene previsto un giro más centrista según se acerquen las elecciones?

R. Yo no tengo una posición dura. Defiendo la existencia de la España constitucional, que haya un Estado fuerte, con competencias, con recursos, le digo a la gente que vamos por un camino contrario al de la Unión Europea, los gigantes asiáticos y Estados Unidos. Vamos en dirección contraria a la de todos los países del mundo. Advierto, porque es mi obligación y además la inmensa mayoría de la gente lo cree así, que España va hacia una confederación y una liquidación del modelo constitucional. Se ha querido aislar a un partido y cambiar el modelo de España porque se le ha ocurrido a un señor.

P. Habla de exclusión, y desde su partido, dos años después, aún se sigue cuestionando la legitimidad del triunfo socialista.

R. Jamás he dicho eso. El día que perdí las elecciones llamé al presidente del Gobierno y le felicité. Y la primera vez que me llamó a La Moncloa fui, y luego acudí yo a pedirle un pacto en el tema de España. Se lo di por escrito. Me dijo que sí y luego que no. Pongamos las cosas en su sitio: el presidente del Gobierno ha intentado excluir al PP de los grandes acuerdos nacionales. Tengo la obligación de reprochárselo porque hay muchísimos españoles que no están de acuerdo con esto. Nunca he puesto en tela de juicio la legitimidad del triunfo de nadie, ni lo haré. En mi partido, tampoco.

P. Asegura que trabaja para ganar, pero, si no lo consigue, ¿se ha planteado seguir?

R. Si mi partido me apoyara, por supuesto. Estamos en un momento muy relevante de la historia de España y estamos perdiendo una gran oportunidad. Nos habíamos acercado 11 puntos a la convergencia real con Europa y los últimos datos de 2004 indican que estamos retrocediendo. Tenemos una política económica propia de un don Tancredo y, en lugar de hacer lo que deberíamos, nos estamos dedicando a preguntarnos de dónde venimos y quiénes somos.

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30 Abril 2006

La deriva autonómica

La deriva autonómica

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EL PROCESO de reforma de los Estatutos de autonomía se está desarrollando en una dinámica imparable. Habrá cola por entrar en pista en las Cortes Generales. Ha sido alentado desde el Gobierno como consecuencia de un compromiso electoral, que no figuraba en el programa del PP, reclamado por los socialistas catalanes. También era un compromiso la reforma de la Constitución en cuatro puntos. Uno de ellos relativo a incluir la denominación de las comunidades autónomas, para lo que se solicitó un informe del Consejo de Estado. Lo congruente, desde una visión general del Estado, hubiera sido esperar al informe antes de promover la reforma de ningún Estatuto. No ha sido así.

La petición de constitucionalizar a las comunidades autónomas podía atenderse con facilidad. Bastaba con incorporar a la Constitución una disposición adicional, dejando intacto el texto. No era una fórmula inocua. Quedaría fijada la organización territorial del Estado, con la inclusión de Ceuta y Melilla. El Gobierno preguntó, además, sobre las consecuencias jurídicas que produciría la constitucionalización de las autonomías, lo que proporcionó al Consejo la ocasión de realizar amplias reflexiones sobre el Estado autonómico. El informe no es vinculante para el Gobierno y, por supuesto, es discutible. Aunque va a ser objeto de estudio por quién lo pidió, se han adelantado opiniones de signo opuesto por los dos partidos mayoritarios.

Se ha propuesto reintroducir el recurso previo de inconstitucionalidad, que habría de interponerse contra el texto de reforma de Estatuto aprobado por las Cortes Generales y antes del referéndum, cuando se requiera, como sucede con el Estatuto catalán. El PP se ha apuntado a la sugerencia. El Gobierno la ha rechazado. No resulta exagerado presumir la dificultad de prosperar que tiene un recurso de inconstitucionalidad contra un Estatuto aprobado por el pueblo catalán. Su estimación provocaría un conflicto de profundo calado. Al no admitir aquella propuesta, se juega a la práctica de los hechos consumados.

La hoja de ruta que se sigue tiene un fin no visualizable, pero no indeterminado. De momento, por un efecto de simpatía, también estimulado por el partido en el Gobierno de la Nación, la realidad nacional se acoge en Andalucía, y es previsible que se extienda a Canarias, Aragón, ¿Galicia?¿ No parece que sea asumida por todas las comunidades, con lo que se tranquiliza sobre la ruptura de España. La conquista catalana se devalúa, como ha manifestado ERC, y con ello, de paso, se procura contrarrestar el sentimiento que afloró en la sociedad por la solución singular dada a Cataluña. Domina el cálculo electoral.

El informe del Consejo de Estado contiene también la posible derogación de la disposición cuarta de la Constitución relativa a Navarra. Su mantenimiento hace posible la hipótesis de que socialistas, aberzales y aliados, si tienen mayoría en las elecciones autonómicas, pongan en marcha el mecanismo de incorporación de Navarra a la Comunidad Autónoma vasca, con su voto en el Parlamento y en el correspondiente referéndum. Operación arriesgada, que puede utilizarse, al menos, como señuelo de negociación, envuelta en la ambigüedad.

No se ha ido de lo general a lo particular. Se ha elegido la vía de las soluciones singulares, de Estatuto en Estatuto. No se ha reformado la Constitución, pero se presionará sobre el artículo segundo, que habla de Nación española y de nacionalidades y regiones. Puede quedar alterado de hecho por una interpretación que se entiende es conforme a una realidad distinta de la que se contempló en el momento constituyente de 1978.

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30 Abril 2006

Barómetro de Primavera Las posiciones ante la reforma catalana

Barómetro de Primavera Las posiciones ante la reforma catalana

Uno de cada dos españoles, en desacuerdo con el Estatuto

Un 48,8% afirma estar disconforme con que el Congreso lo haya aprobado. Casi la mitad (el 45,3%) considera que el texto debilita la unidad territorial.

* REDACCIÓN (30/04/2006)

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La mayoría de los españoles encuestados (un 48,8%) están en desacuerdo con la aprobación del Estatuto de Cataluña por el Congreso de los Diputados. Un porcentaje sensiblemente inferior (el 36,8%), se muestra a favor. El sondeo registra un 6% de indiferentes y un 8,4% que no saben o no contestan.

Los porcentajes de desacuerdo son especialmente altos entre los hombres (el 51,8%), los encuestados de 60 o más años (el 56,8%), de estatus económico alto o medio-alto (el 49,8%), nivel de estudios alto (el 51,1%), castellanos y madrileños (el 62,5% y el 61,9%, respectivamente), los votantes del PP (el 85,9%) y quienes se sitúan en el centro y la derecha del espectro ideológico.

UNA CARTA CONSTITUCIONAL En cambio, una mayoría del 44,4% de los encuestados (5 puntos más que en el barómetro de febrero) creen que el texto aprobado está dentro de la Constitución, frente a un 33,9% que opinan que es inconstitucional.

En el ámbito territorial, sólo vascos y catalanes (el 73,6% y el 67,7%, respectivamente) arrojan mayorías absolutas a favor de que el Estatuto catalán está dentro de los límites de la Carta Magna española. En otras autonomías, los que se pronuncian por la constitucionalidad son relativas: Andalucía (el 42,4% de los preguntados creen que es constitucional, frente al 37,2% que dicen que no lo es) y Galicia (el 39,7% y el 32,4%).

En la Comunidad Valenciana empatan las dos opciones, con un 39,8% de respuestas cada una. Madrid, con el 33,6% y el 50% a favor y en contra, respectivamente, y las dos Castillas, con el 32,7% y 44,2%, de que el texto es acorde con la Constitución, son los territorios donde las respuestas reflejan una mayoría de opiniones críticas con el Estatuto. En el resto, a favor y en contra están, respectivamente, el 37% y el 36,2%.

Una mayoría relativa (el 45,3%, 9 puntos menos que en el barómetro publicado en febrero pasado) opina que el Estatuto debilita la unidad de España. Por contra, crece espectacularmente (del 11% al 33,4%) la opinión de que la normativa catalana, tras su paso por el Congreso, no afecta a la unidad de España. Pero, en cambio, baja (del 21,7% al 11,5%) el porcentaje de quienes creen que el Estatuto fortalece la unidad del Estado español.

ESPAÑA, UNA ÚNICA NACIÓN Algo más de la mitad de los españoles consultados (un 50,9%) consideran que España es una única nación, por un 43,6% que creen que es un Estado plurinacional. El Barómetro de Primavera arroja un cierto retroceso de la visión unitaria de España en comparación con el barómetro anterior, un reflejo quizá de que el debate sobre el Estatuto ya no es tan vivo como meses atrás.

La pregunta divide a los votantes del PSOE, aunque son más quienes ven a España como un Estado plurinacional: el 50%, frente al 44,1%. Entre el electorado del PP, en cambio, quienes la ven como una única nación son una amplia mayoría: el 78,7%, frente al 16,9%. De entre los electores de los partidos de ámbito estatal, los de IU son los que arrojan mayor porcentaje de quienes ven España como un Estado plurinacional (el 70,3%, frente al 21,6% que la contempla como una única nación).

Los españoles se muestran divididos a la hora de valorar la actuación de José Luis Rodríguez Zapatero en el asunto del Estatuto catalán. Un tercio la considera buena o muy buena (3 puntos más que en febrero), pero un 37,2% la califica de mala o muy mala. Más críticos se muestran los encuestados con la actitud de Mariano Rajoy y el PP: el 48,9% la considera mala o muy mala y el 21%, buena o muy buena.

La cota de aceptación más alta de la actuación del presidente del Gobierno en materia estatutaria la arrojan los electores de CiU, de los que el 83,3% confiesan que ha sido buena o muy buena. A los convergentes les siguen los votante de IU-ICV, con un 67,6% de satisfechos. En tercer lugar figuran los electores del PNV (el 55,6%), los del PSOE, quienes, con el 49,7% de respuestas positivas, no llegan a la mayoría absoluta, y los de Esquerra Republicana de Cataluña, con el 40%, el mismo porcentaje que los votantes republicanos que la tachan de ni buena ni mala.

Destaca el alto índice de votantes socialistas (el 20,3%) que califican de mala o muy mala la actitud de José Luis Rodríguez Zapatero, tres décima más que en el caso de los votantes de ERC. Los más refractarios son los electores del PP: el 73,1% de respuestas críticas, frente al 6,4% de laudatorias.

ESTADO AUTONÓMICO La visión unitarista de la mayoría de los encuestados no impide un apoyo notablemente elevado al Estado autonómico: dos de cada tres encuestados (el 66,9%) están de acuerdo en que las comunidades puedan incrementar sus competencias. Hay mayoría incluso entre los electores del PP (el 47,8%, frente al 43% que están en contra).

Según el recuerdo de voto, quienes más apoyan el incremento de competencias son los que votaron a los partidos nacionalistas en el 2004: el 100% de los de CiU y ERC y el 94,4% de los del PNV. Los electores de IU también registran un índice muy alto (el 83,8%), así como los del PSOE, con un 75,4%.

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30 Abril 2006

HAN PACTADO LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL

HAN PACTADO LA CAMPAÑA INSTITUCIONAL
El PPC pide a Maragall y Mas que no actúen al margen de la ley en el referéndum
El portavoz del PP catalán sabe que tanto el presidente de la Generalidad y del PSC como el líder de CiU "se juegan mucho en el referéndum" estatutario que les puede costar el puesto. Precisamente por esto, Daniel Sirera les ha tenido que recordar que "no pueden ni deben actuar al margen de la ley", que "es muy clara". Reaccionaba así al trascender que Maragall y Mas han pactado la campaña institucional del referéndum cuando la ley del CAC establece que las administraciones no pueden sugerir opciones de voto.

L D (Agencias) En su blog de Internet, Sirera ha puntualizado que la ley del Consejo Audiovisual de Cataluña, el CAC, establece que en período electoral las administraciones "únicamente" pueden hacer campañas institucionales para "informar" de la fecha de convocatoria, los requisitos y los trámites de voto por correo, pero "estas campañas en ningún caso pueden sugerir, directa o indirectamente, opciones de voto".

Además, matizaba que recordaba estos términos de la ley expresamente al presidente de la Generalidad y al líder de la oposición "para que no malversen recursos públicos de los catalanes en campañas ilegales que, en todo caso, deberían pagar sus respectivos partidos y no el Gobierno" catalán.

El portavoz popular ha recordado que el CAC se reúne esta próxima semana para evaluar la campaña, y ha insistido en que "con independencia de lo que decida el CAC y al margen de cualquier pacto al que hayan podido llegar Maragall y Mas, la ley es la ley. Y también ellos deben cumplirla".

Pacto para promover el sí

Es la primera reacción del PP catalán después de que el presidente de CiU confirmara que ha llegado a un acuerdo con Maragall para la campaña informativa del Gobierno sobre el Estatuto. Se divulgará a partir del próximo 6 de mayo.

Según explicó Artur Mas, el presidente autonómico le llamó por teléfono este jueves para ofrecerle pactar la campaña informativa en la que se comparará el nuevo Estatuto con el de 1979.

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30 Abril 2006

EL SOCIALISTA ES "MÁS CERCANO" A OTEGI QUE AL PP O UPN

EL SOCIALISTA ES "MÁS CERCANO" A OTEGI QUE AL PP O UPN
Aguirre: "Zapatero es el primer presidente de la historia de España que no condena un atentado"
Aludiendo al atentado de ETA contra un edil de UPN en Barañáin, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha reprochado al presidente Zapatero que se haya convertido en "el primer presidente de la historia de España que no condena un atentado ni transmite solidaridad y calor a la víctima". Sin embargo, ha dicho Aguirre, el dirigente socialista hace "gestos" al portavoz de Batasuna-ETA, Arnaldo Otegi. La presidenta madrileña tiene "la impresión" de que el Gobierno socialista prefiere mostrarse "más cercano" a Otegi que a UPN o el PP.

L D (Europa Press) Aguirre aludía así al ataque que sufrió hace unos días un inmueble de la localidad navarra de Barañain, perteneciente a un edil de Unión del Pueblo Navarro (UPN). "Dijimos que lo que hacía falta era verificar que este alto el fuego era real. Nosotros opinamos que ha sido roto, con toda claridad, en estos atentados (Barañain y Getxo) y que no está maduro para que se cumpla el acuerdo del Congreso. El atentado está a la vista de todos. El ministro Rubalcaba salió diciendo que este atentado era incompatible con el proceso de paz. Otra cosa es que Zapatero, por primera vez en la historia de España, no haya transmitido solidaridad y calor a una víctima".

Así, Aguirre aseguró tener "la impresión" de que el Ejecutivo socialista prefería mostrarse "más cercano" al portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, que a UPN o el PP. Además, sobre la decisión de la Fiscalía de no pedir el encarcelamiento de Otegi tras su última condena, apuntó que se han cumplido las instrucciones del Fiscal General del Estado, "que depende del Gobierno".

"El presidente Zapatero tiene la obligación de condenar los atentados terroristas y de mandar mensajes de solidaridad a las víctimas, no de mostrarse y hacer gestos o llamar pacificador a Otegi --resaltó-- o de decir a la madre de Irene Villa que comprende muy bien lo que son los atentados terroristas porque a su abuelo lo mataron en la Guerra Civil". Dicho esto, señaló que los últimos "atentados" de Navarra y Euskadi y las cartas de extorsión que han recibido varios empresarios después de decretarse el 'alto el fuego permanente' evidencia que "ETA no va a dejar las armas tan fácilmente si no se le paga un precio político".

"La inmensa mayoría no estamos dispuestos a rendirnos ante los asesinos"

"Desde luego, la inmensa mayoría de los españoles no estamos dispuestos a rendirnos ante una banda de asesinos. Si ellos dejan las armas, claro que cuando lo hagan sabremos ser generosos, pero no nos vamos a rendir porque nos sometan a la extorsión, a la amenaza, al chantaje y el tiro en la nuca", enfatizó. En este contexto, demandó que no se hable de "proceso de paz" cuando, en su opinión, se debe hace referencia a "un proceso de recuperación de la libertad secuestrada".

"No es ninguna pacificación, en todo caso es la recuperación de una libertad que está secuestrada por unos terroristas. No se puede hablar de paz porque esto no es Irlanda del Norte: Aquí sólo hay un bando de asesinos que extorsionan, que matan y que tienen secuestrada la libertad de muchos vascos que no se sienten separatistas ni nacionalistas y unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que aplican la Ley. No se puede hablar de pacificación porque unos asesinos dejen de matar", determinó.

Preguntada por si el PP se sentaría en una mesa política con Batasuna en caso de que condenase la violencia, la presidenta de Madrid respondió que cuando acabe ETA y deje de existir y ya no haya violencia, "todos los partidos políticos" serán legales y podrán defender sus ideas, incluido el separatismo. "Si las defienden con la palabra, con el deseo de convencer y el debate político". "Lo que no puede ser es que alguien quiera defender sus ideas políticas y detrás tengan las pistolas", concluyó.

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30 Abril 2006

El acoso a los dirigentes del PP y la ruptura de España

El acoso a los dirigentes del PP y la ruptura de España
Alberto Recarte

I) LOS POLÍTICOS DIALOGANTES DEL PP

Si los votantes, los militantes y los directivos del PP tuvieran un cauce para manifestar su opinión, sin desestabilizar a Mariano Rajoy y sin poner en riesgo la unidad del partido al que votan o pertenecen, personas como Piqué y Ruiz Gallardón habrían desaparecido hace mucho tiempo de los órganos de dirección de ese partido.

En un arrebato de confusión, un Ruiz Gallardón, descentrado por las alabanzas de Prisa, creyó, hace tres años, que su personalidad era tal que podía enfrentarse con éxito a Esperanza Aguirre –que sí representa a los militantes del PP– para conseguir el liderazgo del PP de Madrid. Fue laminado. No le apoyaron ni sus hombres de confianza. Pero Mariano Rajoy lo rescató, como representante no se sabe muy bien de qué ni por consejo de quién.

Piqué, por su parte, sabe que no cuenta con ningún apoyo en el PP, ni en el nacional ni, por supuesto, en el catalán pero, con su mayor experiencia política, nunca se enfrentará en una votación abierta a quien sí represente al PP. Sea quien sea. Sabe que perdería siempre.

Ambos, junto con otros menos significados, aunque no menos importantes, son parte de la materia blanda del PP. Su ideología es el diálogo. Diálogo, con todos, menos con los votantes, los militantes y los directivos de su partido. Tienen aliados importantes. Les acompañan –por contraponerlos a los firmes del PP– el PSOE de Rodríguez Zapatero y los nacionalistas autodenominados moderados, tipo Durán i Lleida. Reciben elogios y ánimo de los medios de comunicación de Prisa, de las televisiones públicas y de los asimilados y, ahora, con más intensidad que antes, de Vocento, a través del periódico ABC. Y, naturalmente también les apoyan un grupo de empresarios, siempre cercanos al poder del momento.

II) EL DERROTISMO COMO ESTRATEGIA

Singularmente llamativa es la toma de posición del nuevo ABC de Vocento, que ha pasado de ser un periódico conservador y monárquico a defender posturas de enorme ambigüedad. Ahora atacan el liderazgo de Mariano Rajoy, tanto directamente como mediante la crítica a la supuesta radicalidad de los principales dirigentes del PP, Acebes, Zaplana y la propia Esperanza Aguirre, así como a todos los que defienden posturas de firmeza antes temas como los atentados del 11M. Sus ataques a la COPE y a Federico Jiménez Losantos son una cortina de humo. Por supuesto que saben que si la COPE y Jiménez Losantos desparecieran todo sería mucho más fácil para sus candidatos a dirigir el PP. Pretenden ese cambio de liderazgo no a través de una confrontación de ideas, sino mediante un golpe palaciego, que situaría en puestos de la máxima responsabilidad a personajes como Piqué y Ruiz Gallardón.

La estrategia de la parte blanda del PP y sus aliados pasa por convencer al PP y a sus posibles votantes de que las próximas elecciones generales están perdidas. Pasa por convencer a oyentes y lectores de todo tipo de medios de comunicación de que no debería plantearse la próxima confrontación electoral por parte del PP sobre la defensa de la Constitución del 1978, o sobre la propuesta de un nuevo texto constitucional que, al tiempo que recupere las competencias imprescindibles para que el gobierno central, pueda proponer políticas nacionales, y asegure la libertad y la igualdad entre todos los españoles. La estrategia pasa por mantener que los atentados políticos del 11 de marzo de 2004 ya están esclarecidos. La estrategia pasa por convencer a los votantes moderados de que el engendro confederal en que se está convirtiendo la nación española es constitucional.

La decisión de intentar romper España, de expulsar de la vida pública al PP y a la mitad de la población española, se tomó por Prisa y el PSOE hace mucho tiempo. Y ha tenido éxito en lo que se refiere a la unidad política de España, pues la Constitución de 1978 es papel mojado; pero ha fallado estrepitosamente en su intento de expulsar a todo lo que representa el PP de la vida pública. Los votantes del PP no han dejado de apoyar el partido al que votaron en las elecciones de 2004. Incluso ha aumentado, según las encuestas de estos dos últimos años, su intención de voto, hasta igualar o superar a la del PSOE. Una mayoría de votantes siguen unidos sólidamente –para desesperación del PSOE– en defensa de la libertad y la igualdad entre todos los españoles. El aumento de la intención de voto al PSOE, tras la rendición del gobierno a ETA-Batasuna, vendido como alto el fuego permanente por parte de una banda terrorista que ya había sido derrotada policial y políticamente por los gobiernos del PP, es un fenómeno puntual, que refleja el deseo de paz de los españoles y que desaparecerá una vez que se asimile que esa tregua es sólo un paso más para la ruptura del orden constitucional, tras la aprobación del Estatuto de Cataluña.

III) LAS NUEVAS SEÑAS DE IDENTIDAD MONÁRQUICA

Esa estrategia de romper el PP ha recibido otro apoyo adicional por parte del ABC de Vocento. En su caso, pasaría por convencer a sus lectores de que, por más que la unidad de España se haya roto, no ha ocurrido nada irreparable y que los que presentan la actual situación política española con la gravedad que tiene, son radicales extremistas que alimentan el enfrentamiento entre españoles. Y quieren transmitir la impresión de que la Corona estaría dispuesta a adaptarse a ese magma en el que confluyen aspectos confederales y otros que supone la independencia de parte de las actuales autonomías españolas. En esa nueva confederación de países hispánicos, los Borbones pasarían a ser los Austrias, aunque sin ninguna responsabilidad ni capacidad de representación. Y España, en lugar de ser una nación pasaría a ser un conjunto de diferentes naciones, a las que uniría, en teoría, una monarquía aceptada, básicamente, y ante todo, por la izquierda y los nacionalistas. A cambio, la Corona debería permanecer en silencio mientras se consuma la ruptura del consenso constitucional y de la propia Constitución de 1978.

Una posición de ese tipo acerca al ABC a los medios de Prisa, que no son, por supuesto, monárquicos. Para Prisa y para el PSOE, el de siempre y el de Rodríguez Zapatero, la monarquía es una institución aceptable sólo en la medida en que legitime el supuesto derecho perpetuo de la izquierda a gobernar en España. Si la monarquía acepta ese papel será respetada. Si no lo hace, será atacada sin piedad. Para la izquierda, la monarquía tiene asignado el papel de recordar a los españoles que la única legitimidad, digan lo que digan las urnas, es la que ellos encarnan.

Un triste final para un periódico que quizá está adaptándose ya a la nueva realidad política española, pues podría estar ocurriendo que sea ahora preponderante el papel de los consejeros vascos con inclinaciones nacionalistas sobre los españolistas. Lo que tiene lógica, económica y empresarial pues, para un medio de comunicación con domicilio social en el País Vasco, si España desaparece como unidad política y ese País Vasco consigue que le otorguen la independencia , lo más práctico sería tener las mejores relaciones posibles con cualquier gobierno vasco, que será, a imagen y semejanza de lo que se deriva del Estatuto de Cataluña, un gobierno intervencionista y capaz de una infinita corrupción; un gobierno con el que habría que pactar para sobrevivir.

IV) EL OBJETIVO DE LOS PRÓXIMOS MESES: QUEBRAR LA UNIDAD DEL PP

En cualquier caso, el objetivo básico de los medios de comunicación cercanos al PSOE es convencer al PP de que las próximas elecciones generales ya las ha perdido y de que Mariano Rajoy tiene que rodearse de gente blanda. De que ese nuevo PP tiene que aceptar ser la oposición parlamentaria de forma indefinida, mientras el gobierno se lo reparten socialistas y nacionalistas. El papel del PP sería el que ya tuvo AP, con Fraga a la cabeza, durante los gobiernos de Felipe González.

Esos objetivos, junto con la afirmación de que el Estatuto de Cataluña y otros similares que se aprobarán próximamente, empezando por uno para el País Vasco y siguiendo, si hay tiempo parlamentario, con Galicia, Canarias y Andalucía, son y serían, en su caso, constitucionales, es el centro de la estrategia del gobierno. Y de que no pasa nada. Que España seguirá funcionando igual, con Constitución o sin ella. Y, desgraciadamente, en el corto plazo eso es así. Aunque sea radicalmente falso en otros plazos algo más extensos.

Esa estrategia pasa por la eliminación de personas como Acebes y Zaplana y, si pudieran, por la de Esperanza Aguirre y otros líderes constitucionalistas del PP. La teoría, repetida machaconamente, a todas horas y en todos lo medios, es que Acebes, por ejemplo, no puede seguir, por haber sido el portador de las malas noticias de los atentados y porque como ministro del Interior no controló a los terroristas. Una tremenda tergiversación, porque durante el ministerio de Acebes ETA fue derrotada y un atentado político como el que se produjo, por lo que vamos conociendo, no era prevenible, tal y como están demostrando los artículos, entre otros, de Luis del Pino en Libertad Digital. Y a Zaplana no se le perdona que haya sido el portavoz del PP en la comisión de investigación del 11M. La campaña está destinada a los militantes y directivos del PP más que a los votantes, que nunca decidirán su voto por la personalidad de un dirigente determinado, sino por principios éticos o por intereses personales. Los organizadores de la campaña saben que el PP se mantiene unido por la fidelidad y firmeza de personas como Acebes, Zaplana y Esperanza Aguirre. Y saben, también, que un equipo directivo blando resultaría en la división del partido y el nacimiento de partidos conservadores regionalistas, que se corromperían con facilidad. Los que critican a los supuestamente duros y aparentemente quemados directivos del PP tienen por objetivo último romper el PP. Son enemigos de un partido conservador y liberal unido con ejemplar solidez. Son los enemigos de la Constitución de 1978.

Pero no sería bueno olvidar, en esta tesitura, una realidad política, constatable una y otra vez: las elecciones rara vez se ganan por la oposición. En la mayoría de las ocasiones no tiene la menor importancia incluso quien sea el líder de la oposición. Y quienes sean sus segundos o terceros es absolutamente irrelevante en el momento de decidir a quién votar; o mejor, a quién negar el voto. Las elecciones las suelen perder los gobiernos, como hemos tenido ocasión de comprobar en España en 2004, aunque haya sido necesario asesinar a 192 personas.

Y la insistencia en criticar a los líderes fuertes del PP no tiene por objetivo mejorar las opciones electorales de ese partido. Ocurre que la insistencia de todos ellos en querer aclarar quién organizó los atentados del 11M, es una amenaza para el gobierno del PSOE. Y querer saber por qué el gobierno de Rodríguez Zapatero se ha rendido a una ETA-Batasuna derrotada, es un riesgo para ese gobierno. Y querer saber por qué se ha promovido desde La Moncloa un Estatuto inconstitucional para Cataluña, es un riesgo para el gobierno del PSOE. Y querer saber por qué se pactó con los nacionalistas catalanes y La Caixa la entrega a bajo precio de Endesa, es un riesgo para el gobierno del PSOE. Todos los que preguntan públicamente el porqué de esas decisiones son un riesgo para el gobierno del PSOE. Y por eso los medios de comunicación propios y afines les intentan descorazonar y desprestigiar. Son, efectivamente, un tremendo riesgo: pueden hacer perder las próximas elecciones generales al PSOE, con un programa que proponga una nueva Constitución, que garantice la libertad y la igualdad entre todos los españoles, pero, sobre todo, porque ponen de manifiesto la traición del gobierno del PSOE a la Constitución de 1978, que se evidencia en el Estatuto de Cataluña y en el proyecto del de Andalucía, y que dará, todavía, otros frutos aún más amargos.

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