NÚMEROS CANTAN
NÚMEROS CANTAN
EL asunto cansa, lo sé, pero cuán diferentes son las cosas según sea la horma en la que han sido dispuestas. Es decir, qué distinto es el abrumador consenso y la aparente placidez en las formas con la que ha salido adelante el nuevo Estatuto de la Comunidad Valenciana si lo comparamos con el incendio inextinguido que aún abrasa los márgenes del texto catalán, que ya camina entre llamaradas hacia su convalidación en referéndum, o con esos primeros vagidos nacionalistoides del que prepara Manuel Chaves (el gran timonel del barco de retaguardia) en Andalucía.
La diferencia está en las cifras, en los números que sustentan una y otras reformas. La ciencia política ha venido advirtiendo que cuando se tejen leyes fundamentales es preciso que el patrón sobre el que se dibujen cuente con un reconocimiento que supere el juego simplista «de la mitad más uno» para aproximarse al confort de una mayoría muy cualificada. Y así tiene que ser por tratarse de normas-marco, leyes de orden mayor que deben contar con el cromosoma de la vocación de perdurabilidad. Si fuera por los nacionalistas -o por los neonaciorealistas de soto Despeñaperros- cada reforma estatutaria habría de tener una caducidad similar a la de un yogur, pues se trata de la manera más sencilla de ir haciendo añicos al Estado, mientras se agiganta el poder y las competencias de las autonomías. Y con un solo objetivo: que España deje de ser nación para que surjan otras, tantas como níscalos en octubre. Hace unos días lo dejaban claro Maragall: «El Estatut es el pacto entre dos soberanías» (se supone que la española y la catalana). Ni el más zopenco de los estudiantes de un curso por correspondencia de Ciencias Políticas formularía un contradios semejante, mientras el artículo 1.2 del Título Preliminar de la Constitución establezca que «La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado». Aunque Pasqual I se empeñe el texto no se refiere al pueblo catalán, ni al Poble Sec, ni a la Puebla del Río ni a mi tía (un saludo Marta, Joaquina y Paula) la del pueblo. Y aunque el paso que llevamos no invite a descartar ninguna hipótesis, hasta el momento el «pueblo catalán» no es soberano y por lo tanto no puede pactar con la soberanía española, que sí existe negro sobre blanco y papeleta a papeleta, como expresión de la voluntad hipermayoritaria de los españoles, según reflejó el referéndum de hace veintiocho años.
Y otra vez nos topamos, por tanto, con los números, tozudos como un invierno (que siempre vuelve) pero luminosos como un candil. La Constitución de 1978 fue aprobada por el 87,9 por ciento de los españoles; el Estatuto de Cataluña de 1979 por el 88,14 por ciento de los catalanes; el Estatuto de Andalucía de 1981 por el 89,38 por ciento de los andaluces y el nuevo Estatuto de la Comunidad Valenciana -el primero de la segunda hornada- con el apoyo de más del noventa por ciento de los diputados de las Cortes. Qué tenemos del otro lado, del nacionalista: que el nuevo Estatuto catalán ha vuelto del Congreso para Cataluña con un ramplón 54,8 por ciento del apoyo de la soberanía popular y que el de Andalucía sale de la ponencia con un 56 por ciento del parlamento. Es decir, hasta el momento sólo la reforma impulsada por Francisco Camps sigue moviéndose por los terrenos propios de la leyes mayores. Y ahí está la diferencia, Maragall y Chaves han optado por revolcar la Constitución, por crear una para-realidad, lo que no existe. Camps no. Aquéllos están en los cincuenta y éste en los noventa. Números cantan.
