Estatuto de máximos por la mínima
El Pleno del Parlamento aprobará el martes el texto autonómico, que eleva el nivel de autogobierno de la comunidad a través de una serie de novedades que sólo cuentan con el apoyo de 67 de los 109 diputados

a. pizarro
cumbre. Chaves y el resto de líderes políticos, el 6 de marzo.
INMA CARRETERO
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sevilla. El Pleno del Parlamento de Andalucía vivirá el próximo martes una jornada histórica en la que, si no hay inesperados cambios de guión, aprobará la reforma de la norma que sirve de colchón al autogobierno andaluz. El Estatuto –cuyo articulado triplica el del texto que está en vigor (más que reformado, reescrito por los ponentes andaluces)– contiene los que están llamados a ser los fundamentos del autonomía andaluza en las próximas décadas, que serán enviados al Congreso por la mínima: los votos de los parlamentarios autonómicos de PSOE e IU sólo superan en uno los tres quintos del Pleno requeridos para la reforma estatutaria.

A este debate llegan vivas muchas enmiendas, no sólo de PP y PA que votaron contra el texto en la Comisión de Desarrollo Estatutario, sino también de IU, que mantiene reservas pese a su apoyo al contenido global. En la práctica, sin embargo, ya es casi imposible la búsqueda del acuerdo en Andalucía porque cualquier modificación sobre el texto aprobado en la Comisión debe producirse por unanimidad. Los obstáculos que han impedido hasta la fecha el sí de PP y PA a la propuesta de reforma no han variado mucho desde el inicio de las negociaciones: identificación de Andalucía, alcance de los derechos sociales, nivel competencial, descentralización hacia los ayuntamientos y garantías democráticas son algunos de los asuntos que han impedido que el Estatuto ruede por la senda del consenso.

MUno de lo temas que han centrado el debate político y mediático en las últimas semanas ha sido la fórmula planteada para el Preámbulo por el ex ministro de UCD Manuel Clavero, en la que se hace mención a la "realidad nacional" de Andalucía. No es ésa, sin embargo, la manera de identificar a la comunidad: el párrafo de marras maneja tal concepto de forma indirecta y dice que "la Constitución reconoce la realidad nacional de Andalucía como nacionalidad".

El PSOE, que abrazó esta vía como camino para atraer al PA hacia el sí, ha terminado por ver en este Preámbulo un arma defensiva contra eventuales agravios. De solución de compromiso, la "realidad nacional" ha pasado a ser irrenunciable para un PSOE-A dolido con las reacciones en el resto del país a cuenta de las aspiraciones autonomistas de Andalucía.

Esa firmeza socialista aleja, sin embargo, las posibilidades de acuerdo con el PP, que también rechaza el artículo 1 y el hecho de que, aunque ahí se identifique a la comunidad como "nacionalidad histórica", no se haga una reproducción de lo que dice la Constitución sobre la unidad de España en su artículo 2. Las ofertas de última hora del PSOE para incluir coletillas en el Preámbulo una alusión a la "unidad de España" y en el artículo 1 hablar de la "nación española" tampoco fueron aceptadas por el PP. El no del PA, en cambio, se justifica por todo lo contrario: Andalucía, dice, tiene que ser nación.

MDebate político y jurídico han ido de la mano en la redacción de este Estatuto. Ha sido de gran interés el suscitado a cuenta del Título de Derechos Sociales. De fondo, ha habido una pregunta: ¿se generan desigualdades entre españoles si se reconocen a los andaluces unos derechos que no tienen otros ciudadanos? En ese razonamiento se ha basado gran parte de la reserva del PP a apoyar algunos puntos de este título, en los que se ha opuesto a otros artículos por cuestión ideológica (derecho a una muerte digna o laicidad de la educación). En el caso del PA, la crítica a los derechos sociales previstos en el Estatuto viene por defecto: consideran que no son equiparables a los previstos en el texto catalán.

MDonde mayores dudas de constitucionalidad han tenido los populares es en el Título de Competencias. El debate se ha centrado en cuál es el máximo techo de autogobierno que permite la Carta Magna: el PP considera que se ha superado con creces con algunas de las potestades señaladas en el Estatuto –teme que la legislación básica del Estado se quede en una mera enunciación de principios– y el PA, en cambio, cree que queda margen para llegar al techo fijado por el Estatut, que cuenta con los parabienes del Congreso. El PSOE contraataca con un argumento: las enmiendas populares ni siquiera llevan el texto andaluz al nivel del Estatuto valenciano, pactado por populares (con mayoría absoluta) y socialistas.

El texto aprobado con los votos de PSOE e IU está inspirado en el método catalán, buscando un blindaje de las competencias autonómicas a través del detalle de éstas. Cerrado ya el debate del Estatut, ambas formaciones han elevado la reforma andaluza al nivel de autogobierno que consideran que tiene el visto bueno del Congreso. Fruto de esta operación, por ejemplo, surge la apuesta socialista por asumir la gestión de los permisos de trabajo en materia de inmigración.

MTambién ha sido significativo el cambio de posiciones del PSOE respecto al papel de los ayuntamientos en el Estatuto. Sólo IU ha avalado, sin embargo, las cesiones socialistas, que pasan por detallar el núcleo competencial propio de los municipios –aunque sin citar potestades transferibles, como piden PP y PA– y abrir la puerta a la participación de las arcas locales en los tributos de la Junta. Queda pendiente la reclamación de que puedan optar al pastel total de ingresos de la comunidad autónoma. Ayer mismo, alcaldes populares firmaron un manifiesto contra la reforma debido a las carencias de este punto.