El caso andaluz implica un salto cualitativo en la estrategia socialista, porque transfiere a una comunidad sin nacionalismo un proyecto político generado por demandas nacionalistas. Es evidente que el PSOE sirve en Andalucía a sus intereses como partido y que, con este criterio, la colaboración institucional con la oposición popular resulta imposible. Por eso rondan la hipocresía política las anunciadas intenciones del PSOE de buscar en Madrid el consenso que rompió en Sevilla, pues uno de los objetivos finales de la reforma andaluza es encubrir el carácter agraviante de la catalana, extendiendo al mayor número posible de comunidades autónomas el modelo confederal que se votará en Cataluña -y sólo en Cataluña- el próximo 18 de junio. Pero el problema de este modelo no se soluciona aplicándolo a todas las autonomías, porque su vicio es de origen, al empujar al Estado a una revisión que se ejecutará al margen del procedimiento debido de reforma constitucional. Andalucía se suma a un guión ajeno a la voluntad de sus ciudadanos y a su auténtica realidad nacional, que es España, salvo que a falta de «derechos históricos» el PSOE andaluz base la condición nacional andaluza en un súbito prurito identitario.

El argumento de que España no se rompe, empleado ayer por el presidente andaluz, Manuel Chaves, es falaz y engañoso. Desde luego, España no se romperá porque son sus instituciones las que están bendiciendo un proceso de emancipación territorial que hace innecesaria la ruptura formal y la independencia. Basta el vaciamiento del Estado al que se llegará en cuanto entre en vigor el Estatuto catalán y le siga su clon andaluz. España corre el riesgo no de la ruptura, sino de su consunción, de su neutralización como proyecto político capaz de mantener compromisos colectivos y, llegado el caso, de exigir efectivamente su cumplimiento mediante políticas comunes de cohesión, fiscalidad, educación, infraestructuras o justicia. Si Andalucía también se define como «realidad nacional» y se blinda competencialmente frente al Estado -es decir, frente a la Administración central, pero también frente a las demás autonomías- no habrá razones para oponer a otras comunidades que aspiren a lo mismo y, dada su riqueza, con una incidencia sobre la solidaridad nacional más acusada aún.