Una Andalucía de primera

EN Andalucía no hemos percibido como propio "el problema autonómico". Los andaluces en ningún momento hemos demandado la reforma de nuestro Estatuto. Nos sentimos orgullosos de ser andaluces y españoles y nuestra mejor apuesta ha sido el autogobierno constitucional. El proceso de reforma en el que estamos inmersos deriva de la obsesión asimétrica de los nacionalismos catalán y vasco.

Nuestro principal fracaso era y es el escaso cumplimiento de los fines del Estatuto de Carmona de 1981. La única responsabilidad es del PSOE, que lleva gobernando Andalucía desde 1982. Seguimos siendo Región Objetivo 1 en la Unión Europea. Somos, tras 24 años de gobiernos socialistas, los últimos de España y Europa en renta, oportunidades y niveles de bienestar. Por eso he dicho que para Andalucía era y es más urgente un cambio de gobierno, un cambio de políticas, que una reforma del Estatuto.

El Partido Popular ha votado en contra de la reforma del Estatuto que ha salido adelante sin consenso. Nosotros lo hemos intentado hasta el final. Ante las pretensiones insolidarias, rupturistas y asimétricas del nacionalismo –hoy el catalán, mañana el vasco–, el Partido Popular ha querido conseguir un Estatuto de todos los andaluces para que Andalucía siga siendo una Comunidad de primera en la España constitucional. Un Estatuto sin consenso nunca será un Estatuto de primera.

Defendemos un Estatuto de máximos para una Andalucía de primera, como lo fue el de Carmona. Es imprescindible un Estatuto de todos, no el Estatuto de dos partidos de izquierda, por importantes que sean. No creo que el señor Chaves considere un éxito haber logrado dividir en dos a los andaluces. Pasamos del consenso del Estatuto de Carmona a una reforma que deja fuera, al menos, a los partidos que representan más del 40% de los andaluces.

Pensamos que un Estatuto de máximos no es aquel que denomina a Andalucía "realidad nacional", expresión que confunde a la mayoría de los andaluces que creen que la única realidad nacional es España, sino en hacer de Andalucía una "realidad política, económica y social" de primera, que influya en la España de todos. El señor Chaves, incumpliendo la palabra que dio a los andaluces, y a mí personalmente, ha optado por amparar las estrategias de Maragall, Carod-Rovira, Ibarretxe y de Zapatero, que cede ante ellos.

Un Estatuto de máximos debe incluir garantías democráticas que hagan que, al menos, las elecciones autonómicas se celebren separadamente de cualesquiera otras, para que el debate político andaluz sea profundo y ocupe el protagonismo que merece. Es inimaginable que las elecciones vascas y catalanas coincidan con otras. 28 años de autonomías avalan esta afirmación.

Un Estatuto de máximos debe reflejar que, si los andaluces ven mermada su igualdad esencial de derechos y oportunidades en cualquier parte del territorio nacional, la Junta de Andalucía debe ampararlos y defenderlos. El PSOE e IU no lo han querido así.

Un Estatuto de máximos debe contemplar que tengamos todas las competencias, siempre dentro del marco constitucional. Los andaluces no debemos ser cómplices, ni por activa ni por pasiva, del objetivo de los nacionalismos insolidarios: menos España, como etapa intermedia hacia ninguna España. Una Andalucía de primera no será posible en una España de segunda donde se imponga la asimetría, la insolidaridad y la desigualdad. PSOE e IU no han aceptado nuestras enmiendas.

Un Estatuto de máximos debe dejar claro que, la financiación del Estado de las Autonomías corresponde al Estado con el conjunto de las autonomías, a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, como se ha hecho hasta ahora, no a relaciones bilaterales y privilegiadas de algunas Comunidades con el Gobierno de la nación. PSOE e IU apuestan por relaciones bilaterales que conducirán a que las regiones más ricas reciban más, y las más pobres menos.

Un Estatuto de máximos debe exigir el desarrollo de la autonomía local. El nuevo Estatuto no recoge la delegación competencial a los Ayuntamientos y su financiación efectiva, para acercar los servicios a los ciudadanos. PSOE e IU han marginado las Corporaciones Locales en la reforma.

Hemos intentado aprovechar una reforma no demandada por la mayoría de los andaluces para mejorar nuestra vida democrática, defendiendo con uñas y dientes la igualdad de derechos y la solidaridad garantizadas por el Estatuto de 1981 y por la Constitución.